En el aluvión de estadísticas laborales que publica cada mes el Gobierno hay una que destaca especialmente por ser sistemáticamente malinterpretada por periodistas, políticos y no pocos analistas: la duración de los contratos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Una referencia que, tras la última reforma laboral, queda más lejos que nunca de reflejar la estabilidad real del empleo. Y aunque aporta algunos datos a tener en cuenta, no compensan la opacidad interesada de los ministerios de Trabajo y de Inclusión y Seguridad Social, que siguen ocultando la información clave para entender el impacto del cambio legal.

Los asesores de empresas de toda España, un colectivo que engloba a más de 70.000 graduados sociales, abogados, economistas, contables y gestores administrativos que ayudan a las empresas a desarrollar todos sus trámites fiscales y laborales, se preparan para arrancar este jueves 14 de marzo sus movilizaciónes contra los 'abusos' de la administración electrónica. Lo harán con una protesta histórica que podría suponer un serio quebradero de cabeza para la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el SEPE.

La Ley de Empleo impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a finales de la pasada Legislatura prometía un profundo cambio en la forma de buscar empleo, con un "acompañamiento y atención personalizada" a través del impulso definitivo de la figura de los orientadores laborales, una suerte de 'sherpas' encargados de acompañar a los parados en este camino. Un año después, esta revolución sigue sin arrancar lastrada por las malas condiciones laborales de sus protagonistas: un sector disperso y mal reconocido, cuyo desarrollo se ve lastrado por una financiación a través de subvenciones que contribuye a manener atrapados a estos profesionales en una rueda continua de precariedad.

Las empresas de trabajo temporal han encontrado la vía para moderar el golpe de la reforma laboral en una de las modalidades contractuales impulsadas por la propia norma: los fijos discontinuos. Pese a la ofensiva de la Inspección de Trabajo, su utilización no ha dejado de crecer, hasta el punto de que el 94% de los contratos de este tipo firmados en diciembre de 2023 lo realizó una ETT.

Incluso desde antes de su aprobación, las principales críticas a la reforma laboral se centraron en el impulso que daba a la figura de los contratos fijos discontinuos como alternativa a los temporales. Mientras la oposición y varios economistas lo consideraban solo un maquillaje estadístico para 'inflar' las ratios de empleo indefinido, para el Gobierno permitía el travase desde los puestos más precarios hacia trabajos de mayor calidad. Pero dos años después, esta modalidad ha convertido en una 'oveja negra' de la que el Ejecutivo reniega como un fracaso que mantiene a muchos trabajadores en la temporalidad.