Tras conseguir una prórroga de dos meses de Bruselas, el Gobierno cuenta con un margen más holgado para cerrar un acuerdo con los interlocutores sociales que le permita a volver a presentar su reforma de los subsidios. Pero la negociación ha encontrado una complicación adicional con el anuncio de que los Presupuestos de 2024 se prorrogarán. Una decisión que implica la congelación del IPREM, el índice que se utiliza como referencia para calcular el importe de estas ayudas a los parados de larga duración. Algo a lo que se niegan los sindicatos, que exigen una subida del 17,5% "lo antes posible", para que pase de los 600 a los 705 euros.
Esta cuestión salta en un momento en el que la Comisión Europea espera un acuerdo no solo social, sino político para que la reforma de los subsidios pueda entrar en vigor. De ello depende la entrega de 10.000 millones del nuevo tramo de ayudas europeas. El Ejecutivo confía en que un gran pacto en el diálogo social evitará que la norma se vea de nuevo tumbada en el Congreso, pero esto abre también la puerta a nuevas demandas de los negociadores.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice que se tiene en cuenta para el cálculo del nivel de renta que hay que disponer para tener acceso a ayudas públicas, becas, subvenciones, acceso a la vivienda pública protegida, el bono al alquiler joven, acogerse al código de buenas prácticas bancarias, a la asistencia jurídica gratuita, el acceso al bono social eléctrico, y también para a para determinar los mínimos y máximos de las prestaciones contributivas por desempleo, así como las cuantías de los subsidios por desempleo.
A pesar de la prórroga presupuestaria, el Gobierno tiene margen para 'descongelarlo' y aprobar una subida que entre en vigor este mismo año (aunque sea de manera retroactiva) tal y como hizo con el SMI. El vehículo podría ser el mismo decreto ley que recoja la reforma de los subsidios, aunque el vehículo peude ser una norma con rango inferior que no exija votación parlamentaria. Pero el problema de fondo es que esta negociación abre la puerta a un debate sobre la desigual evolución entre el IPREM y el Salario Mínimo Inteprofesional (SMI) en los últimos 20 años.
Hasta 2004, la referencia para las políticas y ayudas sociales era el SMI, pero con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y su promesa de elevarlo, creó un índice 'alternativo' para desligar estos incrementos de las ayudas públicas y, con ello, de su impacto en las arcas públicas. Pero con los años, la brecha entre SMI e IPREM no ha hecho si no ampliarse. Ha pasado de ser un 6,5% en 2004 a un 89% este año, con los presupuestos prorrogados.
En estas dos décadas el SMI ha crecido un 134%, pasando de los 461 euros iniciales a 1134 en 2024. El SMI, por lo contarios, lo ha llegado a 600 euros, un 30%. La situación es más grave si tenemos en cuenta que la cuantía del subsidio por desempleo (al menos hasta que entre en vigor la reforma) se sitúa en el 80% del IPREM, esto es 480 euros.
La razón de este desacople es que el IPREM ha permanecido congelado mucho más tiempo que el SMI, aunque su influencia directa en las ayudas sociales es mayor. Los gobiernos de Zapatero, del PP con Mariano Rajoy y del PSOE con Pedro Sánchez lo han mantenido sin variación en algún ejercicio con el argumento del control presupuestario, aunque en los últimos años ya con los gobiernos de coalición con Unidas Podemos y Sumar, ha retomado la senda alcista.
Precisamente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido una de las grandes valedoras de subir el IPREM. Esta fue una de las cuestiones que puso sobre la mesa cuando el presidente socialista anunció la prórroga presupuestaria por la inestabilidad del gobierno de ERC en Cataluña, que les ha forzado a convocar elecciones en mayo. La cuestión es cuánto debe subir el IPREM y cómo afectará a los subsidios.
Subsidios de entre 634 y 564 euros
La truncada reforma de los subsidios plateaba que el subsidio ordinario subir hasta el 90% del IPREM (540 euros al mes a los niveles actuales) para bajar progresivamente a los 480 euros, la misma cantidad que recibirían los perceptores del subsidio especial para mayores de 52 años. Esta es una de las cuestiones del decreto que más consenso recaba –a diferencia de la supresión de la 'sobrecotización' en los subsidios de los parados de mayor edad–, pero en esta negociación influye la referencia del IPREM con la que se calcula las cuantías.
Si el IPREM hubiera evolucionado al mismo ritmo que el SMI, el subsidio medio (80% del IPREM) superaría los 800 euros. Tanto Trabajo como los interlocutores sociales son conscientes de que esta cifra es inasumible. En primer lugar, por su coste para las arcas públicas y en segundo por su impacto en el desempleo: el ala socialista del Gobierno considera que subir demasiado los subsidios es un claro desincentivo a la búsqueda de empleo, una cuestión que provocó un choque entre PSOE y Sumardurante el diseño inicial de la medida. Pero los sindicatos también remarcan que unas ayudas de 540 o 480 euros son cantidades que no garantizan la subsistencia. Por eso exigen modificar la referencia al IPREM, o al menos subirlo sustancialmente.
Comisiones Obreras se ha atrevido a proponer una cifra: 705 euros, un 17,5% más que los 600 euros actuales. Con ello, la brecha con el SMI se reduciría en 29 puntos porcentuales, del 89% actual al 60%. Aplicado a los subsidios, estos aumentarían de 480 a 564 euros en el caso de las cuantías actuales y medias, y de 540 a 634,5 euros en el caso de las nuevas cuantías iniciales que prevé el cambio legal que ultima (de nuevo) el Gobierno.
Se trata, por tanto, de subidas mucho mayores de las que planteaba la norma presentada por Yolanda Díaz, aunque los sindicatos no plantean que tengan que hacerse de manera inmediata. Lo que proponen es establecer una "compromiso de convergencia" que se asemeje a la diseñada en 2004, aunque esto tampoco es exacto. En las dos legislaturas de Zapatero, el IPREM nunca bajó del 80% del SMI. Hoy se sitúa en el 52%. Con la propuesta de CCOO, solo llegaría al 60%, teniendo en cuenta, eso sí, que no se produzcan subidas adicionales del salario mínimo antes de que este compromiso se ponga en marcha.
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