Periodista. Escribo sobre el presente y el futuro del empleo.

La reforma laboral ha supuesto una revolución en la calidad de los puestos de trabajo, con una caída de casi 15 puntos en la temporalidad de los asalariados. Pero no se puede decir lo mismo si lo analizamos desde la perspectiva de la brecha de género: aunque las mujeres acumulan el 52% de todos los empleos creados desde la entrada en vigor de la norma, solo suman un tercio de los nuevos empleos indefinidos mientras suman la mayoría de los que se firman a tiempo parcial y fijos discontinuos. Lo más sorprendente es que su peso relativo en la temporalidad del empleo ha aumentado 7 puntos porcentuales.

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha formular una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre cómo interpretar la sentencia del órgano europeo que instaba a España a hacer indefinidos 'de pleno derecho' a los interinos considerados como "personal indefinido no fijo". El quid de la cuestión son las dudas acerca de cómo casar la doctrina acuñada por dicha resolución con las normas europeas y nacionales relativas al acceso al empleo público, que señalan que debe regirse por los "principios de igualdad, mérito y capacidad".

Cuatro años después del estallido de la pandemia, más de 70.000 profesionales de asesorías y gestorías siguen inmersos en una pesadilla burocrática de continuos cambios regulatorios, rectificaciones, errores informáticos y notificaciones continuas que se producen en cualquier momento, sin respetar no solo el derecho a la desconexión digital, sino a disponer de fines de semana ni vacaciones. Denuncian que la causa es la "chapuza" de la administración electrónica española que ha llevado a organismos públicos, como la Seguridad Social y Hacienda, a 'endosarles' una ingente cantidad de tareas que sus propios funcionarios no son capaces de asumir.

Más de la mitad (52%) de las ofertas de empleo publicadas en Estados Unidos no piden una titulación mínima para acceder al puesto. De hecho, solo un 17,8% exigen tener al menos un título universitario, su mínimo histórico. Este descenso responde a una apuesta por la contratación basada en competencias y no en diplomas académicos para reducir la sobrecualificación. La pregunta es: ¿funcionaría una estrategia similar en España?

Una de las consecuencias más sorprendentes de la reforma laboral ha sido el récord de dimisiones de trabajadores, que en 2023 alcanzó la cota de 2,7 millones. De ellas, 2,07 tenían un contrato indefinido. La mayoría de los analistas lo explican porque los asalariados tienen hoy más posibilidades de cambiar su empleo actual por uno más estable y mejor pagado. Pero un nuevo estudio de Fedea cuestiona esta tesis con unos datos demoledores: solo el 42% de los trabajadores que renuncian empiezan en otro empleo en los dos meses siguientes y un 36% de los que lo consiguen ve empeorar sus salarios con el cambio.

El número de trabajadores que sufrió un despido colectivo se disparó un 50,8% en 2023, un repunte que contrasta con la caída del 46,5% de los afectados por suspensiones y reducciones de jornada. La cifra de ceses supera las de todos los años entre 2014 y 2019 y deja claro que el nuevo diseño de los ERTEs introducido en la reforma laboral ha fracaso en su objetivo de frenar los antiguos EREs. Pero tampoco los despidos individuales.

A lo largo de los dos últimos años, muchos trabajadores eventuales se han visto sorprendidos porque sus empresas no les renuevan en su empleo reconociendo que la razón es evitar que se supere el límite de encadenamientos de contratos que obligaría a convertirles en fijos. Se trata de una práctica legal, pero que revela el que sigue siendo uno de los puntos débiles de la reforma laboral. Una cuestión que impide, además, que la tasa de temporalidad sea mucho menor de lo que pretendía el Gobierno.

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo es una de las grandes incógnitas para los próximos años, pero las empresas ya empiezan a echar cuentas. Incluyendo las españolas. Ante el desafío para la competitividad que supone esta nueva fase de la digitalización, la vía de los ajustes de plantilla vuelve a estar sobre la mesa. En este escenario, los sindicatos se han resignado a que la mejor opción para estos trabajadores pasa por pactar prejubilaciones similares a las de Telefónica.

Nueva victoria en Bruselas para los miles de interinos del sector público que llevan años encadenando contratos eventuales sin posibilidad de pasar a fijos, como sí ocurre con los temporales del sector privado. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha publicado una nueva sentencia que insta a cambiar la ley para corregir estos abusos con su conversión en indefinidos.

El número de personas que anticipan su retiro del mercado laboral se situaba a cierre de 2023 en 455.500, el mínimo de la serie histórica que se remonta a 2002. Reformas como el aumento de la edad de jubilación o el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas han sido clave en esta evolución, pero el Gobierno sigue trabajando en nuevas medidas específicamente destinadas a frenar las conocidas como 'prejubilaciones' que afectan a los desempleados afectados por despidos colectivos de grandes empresas, con cargo las prestaciones y subsidios públicos por desempleo.