Unos 70.000 asesores, llamados a movilizarse este jueves por el caos de la administración electrónica

Más de 70.000 asesores de empresas de toda España están llamados a movilizarse este jueves para denunciar públicamente la sobrecarga de trabajo que sufren desde hace cuatro años por culpa de la "chapucera" implantación de la administración electrónica, que les somete a un incesante vaivén de trámites, rectificaciones, errores informáticos y amenazas de sanciones que no entiende de fines de semana, festivos, vacaciones ni el mínimo derecho a la desconexión digital.

La plataforma 'Asesores Unidos' que ha organizado esta protesta por redes sociales al margen de colegios profesionales y organizaciones empresariales o sindicales, ha elegido la fecha del 14 de marzo por coincidir con el cuarto aniversario de la declaración del primer Estado de Alarma por la pandemia, punto de partida de una "pesadilla burocrática" que aún persiste hoy en día.

Buscan dar visibilidad a los problemas que sufre un variado colectivo de gestores administrativos, asesores fiscales, contables, abogados y graduados sociales que tiene en común la consideración de "colaboradores" con las administraciones a través de los medios telemáticos. Esto significa que pueden gestionar en nombre de sus clientes, en su mayoría pymes y autónomos, los trámites telemáticos con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Pero con el estallido de la pandemia, este escenario salta por los aires. La avalancha de medidas aprobadas por el Ejecutivo para proteger el empleo y a las empresas, obliga a realizar innumerables gestiones en remoto que desbordaron a las propias administraciones y sus funcionarios. Y la opción fue recurrir a estos 'colaboradores', que se vieron obligados a tener que atender ERTEs, incentivos fiscales y bonificaciones de todo tipo, por no hablar de resolver la ingente cantidad de correcciones de errores que el BOE reflejó aquellos meses y que obligaron a tener que resolver de un día para otro, y de forma retroactiva, para miles de trabajadores de pymes y autónomos.

El verdadero problema llega cuando ven que la pandemia y las medidas extraordinarias empiezan a remitir; sin embargo, su carga de trabajo se mantiene. Las medidas tributarias y laborales aprobadas a partir de 2021, desde la creación de nuevos impuestos a las empresas a las reformas laborales y de pensiones, junto a sus desarrollos legislativos, han situado a estos asesores en un escenario en la que consideran que "trabajan más para las administraciones que para sus propios clientes".

"No somos funcionarios" es el lema elegido para esta protesta, inédita tanto por ser la primera que protagoniza el colectivo al completo –hace un año, los graduados sociales ya se enfrentaron a la Seguridad Social por este motivo, aunque con poco éxito– como por la forma en la que se plantea.

Miedo a represalias

El método elegido resulta también inédito y revela un profundo conocimiento de los trámites y límites de la administración electrónica, que muchos de ellos no dudan en calificar de "chapuza". La idea es que entre las 8.00 y las 11.00 horas los asesores de toda España realicen un envío "masivo e individual" de un escrito de personación y memorando con sus denuncias al canal de atención del Sistema RED que utiliza la Seguridad Social para sus trámites electrónicos, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a la Agencia Tributaria y al SEPE.

En dicho escrito, que exigirá un "acuse de recibo" por parte de cada uno de estos organismos, se solicita que se "emplace presencialmente" al remitente "al objeto de poder dirimir los extremos necesarios" para resolver sus "peticiones, solicitudes y reclamaciones", según los borradores a los que ha tenido acceso elEconomista.es. De tener un eco suficiente entre todos los 'colaboradores' digitales de las administraciones, hablaríamos de decenas miles de escritos en apenas tres horas que las administraciones tendrán que atender en persona y uno por uno.

Estos 'memorandos' se presentarán también a los diferentes colegios profesionales a los que pertenezcan cada uno de los profesionales, a organizaciones empresariales de expertos en relaciones laborales, contables, gestores tributarios y otros, así como a la patronal CEOE. El objetivo es lograr el máximo eco para a sus demandas.

Del éxito de esta 'demostración de fuerza' dependerá la estrategia que se seguirá a continuación. Aunque por ahora descartan convocar paros convencionales porque perjudicarían a sus clientes, una de las demandas que quieren transmitir es que se permita su "derecho a huelga", para que los organismos con los que 'colaboran' no puedan sancionarles si incumplen los plazos decretados por motivo de estas movilizaciones. Que exista el temor a estas represalias refleja bien la situación de un colectivo expuesta a la presión de una supuesta modernización de administración que ha demostrado tener los pies de barro.

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