El 'bulo' de la duración de los contratos y lo que nos dice (o no) de la calidad real del empleo

En el aluvión de estadísticas laborales que publica cada mes el Gobierno hay una que destaca especialmente por ser sistemáticamente malinterpretada por periodistas, políticos y no pocos analistas: la duración de los contratos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Una referencia que, tras la última reforma laboral, queda más lejos que nunca de reflejar la estabilidad real del empleo. Y aunque aporta algunos datos a tener en cuenta, no compensan la opacidad interesada de los ministerios de Trabajo y de Inclusión y Seguridad Social, que siguen ocultando la información clave para entender el impacto del cambio legal.

Los contratos registrados por el SEPE el pasado mes de febrero tuvieron una duración media de 48,49 días. Son 3,5 días menos que los 51,59 registrados un año antes y quedan también por debajo de los 53,43 días anotados en el mismo mes de 2019 (la comparación 'prerreforma' más válida, ya que los datos no vienen afectados por la pandemia los de 2021). Expresado así, el indicador parece apuntar a un desplome de la estabilidad real de los empleos. Pero se trata de una conclusión errónea.

El caso es que esta cifra se refiere únicamente a los contratos temporales de "duración determinada" en los que los días de trabajo se estipulan en el momento de la firma del contrato. No recoge aquellos en los que esta estimación no se puede realizar, como ocurre con los de sustitución. Estos son clasificados como de duración "indeterminados", que supusieron el 8,7% de los 1.137.407 contratos firmados el pasado mes. Tampoco, incluye a los indefinidos, que alcanzan el 46% del total y el porcentaje más alto de la serie histórica en el segundo mes del año (incluyendo, eso sí, contratos fijos discontinuos).

Antes de la reforma laboral, el dato era todavía más engañoso. En febrero de 2019 se registraron 1.517.017 contratos, de los que el 10,7% eran indefinidos. Pero el 34% eran temporales de duración indeterminada, la gran mayoría de obra y servicio, una modalidad suprimida por la nueva legislación, y que, según muchos analistas, escondía los contratos más precarios.

Lo cierto es que, como hemos contado en elEconomista.es, el dato lleva encadenando una sucesión de mínimos históricos desde la reforma laboral, pero su fiabilidad es cuestionable, ya que solo se refieren a la duración inicial de estos contratos, sin contemplar los casos en los que este termina antes (por un despido o una renuncia) pero tampoco las prórrogas o conversiones en indefinidos.

Más peso de los contratos de menos de 7 días

Entonces, ¿para qué sirve esta información? ¿Debe ser ignorada? En absoluto. Esta estadística revela datos interesantes sobre la composición de los contratos temporales. Por ejemplo, que el 20% de ellos duran menos de siete días y el 30% menos de un mes. Unos porcentajes inferiores al 25% y el 35%, respectivamente, anotados en 2019, pero que resultan algo chocantes teniendo en cuenta la penalización que la reforma introdujo para las extinciones de empleos que se producen en menos de 30 días.

Se trata de una 'sobre cotización' a la Seguridad Social que en 2024 se sitúa en 31,22% y cada año aumenta en consonancia con la base mínima de cotización y el SMI. Este recargo puede explicar que los contratos de menos de un mes hayan caído un 98% respecto a 2019, mientras los temporales en general han caído un 56%. Sin embargo, esto no ha impedido que los contratos firmados por una semana o menos (que solo han retrocedido un 40%), sean los más numerosos entre los eventuales tras la desaparición de los de obra y servicio. De hecho, su peso ha crecido: hoy suponen el 38% de los temporales, cuando en 2019 solo llegaban al 28%.

En cualquier caso, estos datos no dejan de ser una estimación que no profundiza en la realidad de lo ocurrido tras la reforma laboral, empezando por los cambios en la calidad efectiva de los empleos. Las estadísticas públicas clasifican los contratos entre temporales e indefinidos, pero esto no permite apreciar su duración real de los empleos ni su rotación. España sigue siendo el país de la Unión Europea con la mayor ratio de entradas y salidas al empleo de la Unión Europea, por encima incluso de Países Bajos y Portugal, que nos superan en porcentaje de trabajadores con contratos temporales, según los últimos datos de Eurostat.

Una opacidad interesada

Por otro lado, el aumento en las cifras de bajas de afiliación por dimisiones, despidos o no superar el periodo de prueba inducen a los expertos a sospechar que se ha producido un trasvase de la precariedad real que antes protagonizaban los temporales a los indefinidos. Por no hablar del pase a la inactividad de los fijos discontinuos (que no suspende un cese, ya que el contrato sigue vigente y el trabajador espera un nuevo llamamiento), que se ha convertido en la segunda razón por la que los asalariados españoles interrumpen su afiliación, solo superado por el fin de un contrato temporal.

Al igual que con la polémica de los fijos discontinuos, el Ministerio de Trabajo y Economía Social parece sentirse cómodo en esta confusión y se remite al argumento de que las estadísticas se cuentan igual desde 1985, una verdad relativa. Las estadísticas de paro, empleo y contratación han sufrido importantes revisiones desde entonces, la principal en 2005, cuando nació el antiguo INEM se convirtió en el actual SEPE.

Incluso en 2020 se produjeron cambios menores en la presentación que, sin embargo, no afectan a la contabilidad de los datos.Así que no se puede acusar al equipo de Yolanda Díaz de haber alterado las estadísticas, aunque sí se le puede reprochar que no haya adaptado siquiera la presentación de los datos a los cambios del mercado laboral desde 2021. Sobre todo, cuando en este tiempo Trabajo ha publicado nuevas estadísticas 'ad hoc' sobre el coste del despido o la tasa de cobertura de la negociación colectiva.

Pero si hablamos de duración real del empleo, resulta más sangrante todavía el caso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El anterior titular de este departamento y actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, no ha dudado en esgrimir datos de duración de los empleos en España (medida como el tiempo transcurrido entre el alta y la baja de afiliación de un trabajador) para defender la mejora de la calidad del empleo. Una práctica en la que su sucesora, Elma Saiz, y su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, siguen incurriendo cada vez que salen los datos de afiliación mensual.

Pero en todo este tiempo, Seguridad Social se ha negado a elaborar una serie comparable de la duración de los empleos, cuando sí lo ha hecho con otras estadísticas nada demandadas, como la de las horas trabajadas (un dato, además, que ya publica el INE en los datos de la EPA y del PIB). Una opacidad difícil de entender, ya que que contribuye alimenta el ruido alrededor de la eficacia real de la reforma laboral, pero sobre todo hurta a los economistas, analistas e incluso evaluadores de la UE la totalidad de las cifras necesarias para comprender la magnitud de la transformación del mercado de trabajo en los dos últimos años.

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