La Ley de Empleo prosigue su tramitación parlamentaria sin lograr despejar una de las grandes incógnitas de su articulado: cómo se materializará la obligación de publicar las vacantes de empleo por parte de las empresas. La norma, en su redacción actual, es ambigua y abre varias posibilidades. Desde mantener sin cambios la situación actual a provocar una "intervención pública" de la contratación.
En el pasado mes de octubre los Servicios Públicos de Empleo de toda España publicaron 52.444 vacantes de empleo. Por su parte, su equivalente francés, el Pôle Emploi, recoge 971.538 ofertas. La comparativa es aún más sangrante si tenemos en cuenta que las vacantes españolas se tradujeron en apenas 39.600 colocaciones el pasado mes.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), solo el 2% de los ocupados en el tercer trimestre encontró trabajo gracias a una oficina pública de empleo. Un resultado que ha puesto a las políticas activas de empleo en el foco de todas las exigencias de reformas que Bruselas ha trasladado a España desde el estallido de la crisis financiera. Incluso un reciente informe de la OCDE situaba a España a la cola de los países con menor número de vacantes por parado.
En el contexto de los compromisos para recibir los Fondos Next Gen, el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a resolver definitivamente esta cuestión con una nueva Ley de Empleo. Así, además de la conversión del SEPE en una Agencia Nacional de Empleo, la norma obliga a las empresas y entidades usuarias de los servicios a "comunicar los puestos vacantes con los que cuenten".
Pero a continuación matiza "en los términos que reglamentariamente se establezcan", lo que en la práctica elude concretar su alcance y abre la puerta a reducir su alcance en términos reales. Algo que ha sido criticado por varios expertos, que temen que la necesidad de pactar el desarrollo con las 17 comunidades autónomas lleve a una solución de mínimos.
Y es que, aunque esta transparencia es considerada necesaria por todas las partes, despierta recelos por sus implicaciones. La razón principal es que hay una gran diferencia entre notificar todas las vacantes y someterlas a la gestión de los servicios públicos de empleo. En el primer caso, las oficinas de empleo se convertirían en un portal de difusión de las ofertas, pero solo en el segundo se mejoraría las polémicas tasas de intermediación.
Intervención o transparencia
Sin embargo, muchas voces advierten de que esto puede llevar a las empresas a 'externalizar' su contratación a los servicios públicos de empleo, lo que afectaría a su capacidad organizativa. En la actualidad, las compañías retiran un 13% de sus vacantes, un porcentaje que se elevaría si la medida se aplica de esta forma. Por no hablar del incremento de costes de gestión que supondría para las empresas, pese a que la Memoria económica del Proyecto asegura que no supondrá incremento de cargas.
Este argumento que recoge el PP en una enmienda en la que alerta que se puede llegar a a una "restricción de fondo o de forma de la libertad de contratación". Por ello pide limitar la comunicación "a los supuestos en que la empresa es usuaria de los servicios de empleo para la cobertura de necesidades de personal". Es decir, la misma situación que se produce hoy.
Los 'populares' aseguran que la Ley de Empleo "retrotrae al tiempo del antiguo INEM" que se atribuía el "monopolio de la intermediación entre oferta y demanda de empleo" y convertía "en irregular la contratación laboral entre empresas y trabajadores no intervenida por la Administración Pública".
PDeCat secunda al PP
Curiosamente, esta advertencia es secundada por el PDeCat en una enmienda prácticamente idéntica. Fuentes parlamentarias apuntan a que esto se debe a que el texto ha sido una "sugerencia de alguna patronal".
La otra formación catalana, ERC apoya el texto tal y como está redactado. Los republicanos cuestionan las críticas por la complejidad del proceso y apuntan, como argumento de que no hay ningún obstáculo tecnológico, la "caída del número de contratos que la nueva reforma laboral está suponiendo".
Eso sí, dejan para el desarrollo reglamentario posterior la clarificación de si se trata de informar simplemente de las vacantes o transmitir su gestión. En su caso, la preocupación es que se especifique que la competencia queda en manos de las comunidades autónomas, aunque publiquen ofertas de todo el territorio nacional.
En cualquier caso, las tres enmiendas han sido rechazada por el PSOE en la fase de ponencia, con lo cual se llevará al debate en Comisión que se retrasa, al menos, hasta mediados de diciembre.
No son pocos los expertos que dan por hecho que la ambigüedad del texto y la negativa del Gobierno a aceptar enmiendas se debe a la necesidad de dejar margen a la negociación con las comunidades autónomas, que tienen las competencias en políticas activas. Y que son las que, al final, tendrán que ejecutar una Ley cuyo alcance es cada vez más cuestionado.
