La Ley de Empleo impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a finales de la pasada Legislatura prometía un profundo cambio en la forma de buscar empleo, con un "acompañamiento y atención personalizada" a través del impulso definitivo de la figura de los orientadores laborales, una suerte de 'sherpas' encargados de acompañar a los parados en este camino. Un año después, esta revolución sigue sin arrancar lastrada por las malas condiciones laborales de sus protagonistas: un sector disperso y mal reconocido, cuyo desarrollo se ve lastrado por una financiación a través de subvenciones que contribuye a manener atrapados a estos profesionales en una rueda continua de precariedad.
La norma preveía la incorporación de 7.000 orientadores en los servicios públicos de empleo, pero el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a reforzar el papel de todos los demás 'sherpas', también los que trabajan para empresas privadas, entidades del tercer sector y como autónomos independientes en un gran proyecto de colaboración público-privada. La idea es que no solo ayuden a los parados, sino también a los servicios públicos de empleo para encontrar ofertas disponibles y mejorar sus paupérrimas ratios de intermediación.
Hasta la fecha, el único paso dado ha sido el el impulso a la Red Centros de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el empleo (Red COE), que cuentan con 20 establecimientos repartidos por la geografía española, aunque algunas comunidades, como el País Vasco, han tomado la delantera con iniciativas similares en el ámbito de sus competencias. Pero tanto el Estado central como las autonomías colisionan con los problemas endémicos de un colectivo cuyas cifras son demoledoras y amenazan con dejar en papel mojado cualquier intento de reforma.
Precariedad subvencionada
Según un estudio de la Fundación Ergon, el colectivo de profesionales puede superar los 30.000, aunque la cifra es incierta por la falta de un censo "profesional". "La ausencia de un registro central y su distribución territorial y sectorial hace que determinar su número sea hoy una tarea casi imposible", incide el análisis. Esto además se traduce en un alto grado de intrusismo, que agrava el desajuste en la cualificación que acentúa el desacople entre su trabajo y las necesidades de las empresas.
El 82% de los orientadores tienen titulación universitaria, pero su formación es humanística (en especial en magisterio y psicología), cualificaciones 'a priori' más alejadas del conocimiento directo de las "realidades económicas y del funcionamiento del mercado de trabajo", precisamente cuando estas 'desconexión' es una de las cuestiones sobre las que Bruselas más ha puesto el foco en sus evaluaciones sobre las políticas de empleo.
Se trata además de un colectivo compuesto por profesionales mayores de 50 años, en su mayoría mujeres, de las que solo un tercio trabaja directamente para el sector público. Esta "externalización" no sería necesariamente negativa si no fuera por cómo se produce. A diferencia de la sanidad de la educación, donde se realiza bajo una fórmula de concierto, en la orientación se sigue un modelo de "subvención" especialmente a ONGs y entidades del tercer sector. Según Ergon, esta es la causa de"una cierta inmadurez del sector social", integrado por un gran número de entidades que podrían "ser claramente definidas como pymes".
Este modelo supone no solo que estas organizaciones sufren de una falta de recursos para su "consolidación" y crecimiento, sino que consolida un "elevado porcentaje de precariedad en las condiciones laborales" de los orientadores. Un 15,8% l trabaja como como autónomos, en una situación de elevada inestabilidad (por no hablar de casos de posible fraude laboral) mientras otro 29,4% son asalariados un contrato temporal.
Esto lleva a los expertos de Ergon a afirmar que "el 45% de las personas que se dedican a esta actividad lo hacen, todavía en entornos que podemos calificar como de 'precariedad'". Lo cierto es que, si nos centramos en los asalariados, los datos muestran que el 35% tiene un contrato eventual, más del doble que la tasa de temporalidad media del conjunto de sectores. Además, los criterios para la concesión de subvenciones no siempre se basan en "eficacia y eficiencia", lo que resta aún más valor al trabajo de los orientadores.
Paro de larga duración y falta de ofertas
La Ley de Empleo partió con una cifra de 7.000 orientadores por cada millón de desempleados, una cifra que parece escasa para 2,7 millones de parados registrados. No tanto si se considera que, en 2010, en la primera fase de la Gran Recesión, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero anunció la movilización de 3.000 orientadores con un objetivo similar, pero sobre una población de desempleados de más de 4 millones. Estos profesionales fueron despedidos –o más bien no renovados, porque la mayoría eran eventuales– durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, argumentando sus nulos resultados.
El plan de Díaz aspiraba a triunfar donde aquel precedente encalló. La idea es que estos 7.000 profesionales priorizarán la atención a los 1,2 millones de parados de larga duración, en una ratio de entre 130 y 140 desempleados por orientador. Pero el Gobierno es consciente de que el escenario es muy diferente al de 2011.
Y sabe que sus 7.000 orientadores no pueden ser los únicos. Por ello pretende recurrir a la "visibilidad" a la red de orientación española. Sin embargo, los expertos consideran que esta estrategia es insuficiente y no ataca los problemas laborales de fondo que sufren los propios 'sherpas', cuya solución es es clave para afrontar los nuevos desafíos del mercado de trabajo español.
En los últimos años, el paro de larga duración ha disminuido no solo en número de personas, sino como porcentaje sobre total de desempleo, cerrando 2023 en una media del 40%, el nivel más bajo desde 2009 (descontando 2020, cuando los confinamientos por la pandemia impidieron buscar trabajo a muchas personas si ntrabajo que se convirtieron, estadísticamente, en inactivos). Pero cada vez tiene mayor edad. Es el porcentaje de parados de larga duración de más de 45 años alcanzó el pasado año el 64%, su máximo histórico. Esto significa que no basta con ofrecerles empleo, sino que el acompañamiento tiene que ayudarles a reenfocar su carrera profesional.
El otro gran problema es la falta de ofertas de empleo gestionadas por los servicios públicos de empleo. En febrero se registraron 60.000 nuevas ofertas, pero solo se dieron de baja 35.000 (29.000 por colocación) y solo 26.850.703 por intermediación directa de las oficinas de empleo. Esto equivale a 1 colocación por cada 97 parados.
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