Las sospechas de que las cifras 'oficiales' del mercado laboral no reflejan la situación real de desempleo no son nuevas ni exclusivas de nuestro país y derivan en buena parte de la propia definición de 'paro' fijada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la que utilizan todos los organismos estadísticos del mundo. Sin embargo, en los últimos años parece haberse producido una auténtica explosión de métricas 'alternativas' en nuestro país que cuestionan las que esgrime el Gobierno. ¿Pero estas son más fiables o solo un arma política que distorsiona cualquier análisis riguroso de la situación que sufren cerca de cuatro millones de personas en España?
Lo más llamativo de este debate es que sí existen estadísticas oficiales, publicadas tanto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como por la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat), que reflejan una cifra que puede equipararse a ese 'paro oculto'. Es decir, personas que no trabajan y quieren hacerlo, pero no cuentan como parados. La razón para ello es que no encajan en la definición de la OIT, que excluye a las personas que no buscan activamente empleo (lo que se describe habitualmente como efecto 'desánimo') ni tienen disponibilidad inmediata para incorporarse a un puesto.
Por ello se consideran "inactivos" y quedan fuera de la población activa, que se limita a la suma de parados propiamente dichos y ocupados. Sin embargo, Eurostat sí los engloba, junto a los desempleados convencionales y los subempleados en la 'holgura de la fuerza laboral', una estadística que indica cuántos potenciales trabajadores 'desperdicia' un mercado laboral, expresado como un porcentaje de una 'fuerza laboral extendida' (FLE).
Según los datos de Eurostat, a cierre de 2023, dicha holgura alcanzaba los 4,97 millones de personas en España, que equivale al 19,7% de esta mano de obra disponible. Se trata del porcentaje más alto de la UE, lo cual resulta lógico teniendo en cuenta que el nuestro es el único país de los Veintisiete que mantiene una tasa de paro de doble dígito con 2,8 millones. También influye que tiene el peor dato de subempleados, un 4,3% de la FLE, con 1,1 millones de afectados.
Los desempleados que no cuentan como parados añaden los restantes 1,05 millones a la holgura. A cierre del pasado año había 257.000 personas que buscaban empleo, pero no podían incorporarse inmediatamente a un puesto y 790.000 que estaban disponibles para trabajar, pero no buscaban trabajo. Supone un 4,1% de la FLE, un porcentaje que supera la media de la UE (3,7% de la FLE) pero queda por detrás Luxemburgo (5,8%), Suecia (6,1%) e Italia (7,8%).
Estos dos últimos componentes de la holgura laboral cobraron especial relevancia durante la pandemia por una razón evidente: los confinamientos llevaron a que cientos de miles de personas sin trabajo no pudieran buscarlo, y la obligación de cuidar a familiares o menores también confinados les restaron posibilidades de incorporarse a un puesto. A efectos de las estadísticas basadas en la población activa, se convertían en inactivos.
En un ejercicio de transparencia, el INE publicó una serie específica sobre este colectivo, que denominó "categorías especiales de inactivos". Las cifras, que solo se remontan a 2017, parten de los mismos datos que utiliza Eurostat pero arrojan un resultado algo diferente por el tratamiento que ambos organismos aplican: los del organismo español arrojan 295.000 desempleados que buscan un trabajo, pero no están disponibles y 713.000 que no lo hacen, pero si les ofrecen uno sí lo aceptarían y se incorporarían inmediatamente. Suman 1,01 millones de personas, un 10% más que a cierre de 2019.
Agregados a los 2,8 millones de parados (y sin contar a los fijos discontinuos) estos datos suman un llamativo total de 3,8 millones que compondrían este "desempleo real". Y esta es una cifra que se peude considerar oficial. Si bien no zanja el debate sobre la consideración de parados de estos inactivos 'especiales', debería contribuir a encauzarlo con mayor objetividad. Pero el hecho es que son ignorados sistemáticamente por los actores políticos.
Un dato que no gusta a nadie
El Gobierno no quiere ni oír hablar de una estadística que añadiría un millón de personas más a la cifra oficial. Pero también objeta, con razón, que la forma de medir el paro en España es la misma que en la mayoría de las economías del mundo, incluidos países que también publican de manera oficial estadísticas complementarias, como es el caso de Estados Unidos. Y, por supuesto, desde el momento en el que el INE publica las cifras, ni siquiera cabe hablar de 'maquillaje'.
El dato tampoco termina de convencer a la oposición porque no avala la teoría de la conspiración de un supuesto maquillaje: los datos del INE a cierre de 2023 superan en un 10% a los de 2019, en parte por el auge de los desempleados no disponibles. Pero en conjunto son similares a los de los últimos años de Gobierno del PP y los de Eurostat confirman un retroceso importante dese de los umbrales alcanzados en los últimos años de la crisis financiera. Es decir, el supuesto 'paro oculto' fue igual o mayor con Mariano Rajoy que con Pedro Sánchez (con excepción de 2020 y 202,1 los peores momentos de la pandemia).
Pero hay otro motivo técnico y no político por el que estos datos se suelen ignorar: en pandemia no recogían el efecto de los ERTEs. Sus afectados cuentan como ocupados en la Encuesta de Población Activa, con lo cual los datos del INE y de Eurostat no reflejarían en su totalidad el impacto efectivo de la crisis en el mercado laboral. A día de hoy, el peso de los ERTEs es residual (apenas 10.000 personas según los últimos datos) y la polémica está en los fijos discontinuos que han pasado a la inactividad a la espera de volver a ser llamados.
La EPA (y por ende las encuestas europeas) recogen a estos trabajadores que no trabajan en dos supuestos: como parados si declaran estar buscando empleo y estar disponibles e inactivos si no es el caso (lo que puede ocurrir si esperan un llamamiento inminente). Es decir, pueden aparecer en el paro convencional o en las 'categorías especiales' (lo que explicaría el incremento de los desempleados no disponibles). Sin embargo, el INE no especifica qué contratos tenían los parados y los inactivos en su último empleo, ni si han dejado de trabajar por ser fijos discontinuos que han pasado a la inactividad.
El foco en el SEPE
En esta polémica, los ojos se vuelven hacia datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Un organismo que, a diferencia del INE, depende directamente de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsora de la reforma laboral. ¿Pero hay más discrecionalidad en estos datos?
Lo cierto es que su definición de paro también se basa en la de la OIT (buscar activamente empleo y estar disponible para aceptarlo). Lo que ocurre es que se aplica en el contexto de clasificación de las personas apuntadas como demandantes en un servicio público de empleo. En febrero sumaban 4,5 millones, de los que 2,7 eran 'parados registrados', 1,2 millones tenían un trabajo (se repartían entre 735.996 demandantes con relación laboral y 467.162 'ocupados') y otros 200.436 eran demandantes 'no ocupados' o DENOS. Y no se puede olvidar a los 354.000 demandantes "con disponibilidad limitada" que no se consideran ni parados ni DENOS.
La distribución sigue siendo algo confusa. Durante la pandemia los afectados por ERTE se repartían entre los demandantes ocupados o con relación laboral, lo que disparó sus cifras, pero tras la reforma laboral lo que se ha producido es un desplome de los primeros y un gran incremento de los segundos, los demandantes con relación laboral. Esto se achaca a un incremetno de trabajadores con contratos fijos discontinuos que en sus periodos de inactividad se apuntan al paro.
Estos datos permiten múltiples operaciones. Desde considerar que todos los demandantes, salvo los 'ocupados' son parados, lo que arroja una cifra de paro 'real' que supera los 4 millones a los que se centran en los demandantes con relación laboral, lo que elevaría la cifra a 3,5 millones. Entre medidas se sitúa la resultante de sumar las categorías especiales de inactivos al paro de la EPA, 3,8 millones, aunque aquí conviene recalcar que los datos del INE y el SEPE no son comparables porque se elaboran con metodologías estadísticas completamente diferentes.
En cualquier caso, ninguna de ellas se ha modificado tras la reforma laboral, lo cual para muchos analistas es el verdadero origen de la opacidad de unos datos estadísticos que no se han adaptado a la transformación que supuso el cambio legal. Es el caso del investigador de Fedea Florentino Felgueroso, que acuñó el término de 'paro efectivo', que suma parados registrados y demandantes con relación laboral. Pocos recuerdan que su idea surgió en noviembre de 2022 al conocer que el SEPE había tenido que revisar cerca de 70.000 demandas de empleo de fijos discontinuos registradas como parados por las comunidades autónomas. Un ajuste que incluso repercutió, a la baja, en la cifra de paro registrado.
En lugar de explicar lo ocurrido con transparencia y zanjar la polémica, Trabajo la dejó pasar durante meses hasta que a principios de 2023 Díaz se comprometió a facilitar toda la información sobre las personas en esta situación. Pero, más allá de una 'filtración' parcial de las cifras (solo llegaban a 2022) a través de una respuesta parlamentaria al PP –y de la que el equipo de Díaz intentó desentenderse, pese a proceder del propio gabinete de la ministra– seguimos sin saber cuántos fijos discontinuos hay apuntados al paro, cuántos están inactivos –ya que al reincorporarse no tiene porqué dar de baja la demanda –.
Sabemos que en enero había 169.456 fijos discontinuos cobrando una prestación de paro, lo que equivale a uno de cada cinco demandantes de empleo con relación laboral. Una discrepancia que no hace sino demostrar que la oscuridad sobre la situación de estos 'inactivos' es absoluta. Igual que la falta de voluntad política para iluminarla.
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