El Ministerio de Trabajo lleva tres meses sin cumplir la promesa de Yolanda Díaz de aportar los datos desagregados de fijos discontinuos que no trabajan pero no se contabilizan como parados. La razón dada por su número dos, el secretario de Estados de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha vuelto a ser la complejidad de este recuento. Aunque esta no es la causa principal del retraso.
El problema para aceptar el argumento de la "complejidad" de los trabajos es que tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como los de las comunidades cotejan cada mes la situación de miles de inscritos para verificar si se les han anotado correctamente. De hecho, unos 127.000 pasaron en 2022 de la casilla de parados registrados a la de demandantes por relación laboral.
Más de 52.000 lo hicieron fruto de una revisión extraordinaria realizada en octubre, un mes en el que el paro registrado cayó en 27.000 personas, algo que ilustra por sí solo la importancia de un ajuste que Trabajo se niega a explicar, pese a que su impacto ha llegado incluso a las estadísticas de Eurostat.
En cualquier caso, si alguien cuenta con información suficiente para despejar las dudas que despiertan estos hechos, es Trabajo. ¿Por qué no lo hace?
Hasta el momento su única estrategia ha sido remitirse a la Orden del 11 de marzo de 1985 que regula qué colectivos de personas que no trabajos no cuentan como parados (un documento en el que, frene a los que afirma Trabajo, no se menciona explícitamente a los fijos discontinuos) y atacar, a veces incluso tirando de argumentos 'ad hominem', a los expertos que han llamado la atención sobre este problema, como los de Fedea.
Sin embargo, la 'crisis' de los fijos discontinuos va mucho más allá de las acusaciones por un supuesto maquillaje de las estadísticas de paro, y ha puesto de manifiesto un cúmulo de errores y problemas en el registro de estos trabajadores que, tres meses después, sigue sin resolverse y se está empezando a convertir en un quebradero de cabeza para miles de empresas.
La preocupación del Ejecutivo no es una simple desagregación de los datos que publica el SEPE, sino en una revisión del sistema para control de las situaciones de estos trabajadores. Tiene razón Pérez Rey al advertir de que el proceso está siendo especialmente complejo. Pero no tanto por la colaboración de las comunidades autónomas como por los problemas que arrastra la Seguridad Social.
El colapso del cruce de datos
Retrocedamos a aquel 25 de octubre de 2022, cuando el SEPE hizo una revisión de todas las demandas de empleo, de parados o no, para detectar aquellas presentadas por trabajadores con contratos fijos discontinuos que habían pasado a la inactividad, pero seguían ligados por una relación contractual 'indefinida' a su empresa.
Para entender el motivo de esta revisión hay que recordar que los fijos discontinuos inactivos son dados de baja a la Seguridad Social y vuelven a ser dados de alta al volver a ser llamados para trabajar. Mientras tanto, pueden cobrar una prestación o subsidio por desempleo. En teoría, los ficheros de afiliación y los de demanda de los servicios públicos se cruzaban automáticamente para controlar la situación de los trabajadores y el pago de las prestaciones.
Pero la razón dada por el SEPE a las comunidades autónomas para la revisión de octubre es que este procedimiento estaba fallando. Esto explica que hubiera decenas de miles de demandantes fijos discontinuos anotados como parados.
La razón para este desbarajuste parece estar clara: la reforma laboral impulsó el uso del contrato fijo discontinuo, pero subestimó su volatilidad, que se traduce en un volumen de más de 11.000 bajas por pase a la inactividad por día laborable... y otras tantas altas al ser vueltos a llamar.
La solución dada en octubre fue volver de manera provisional un modelo de registro revisado por los funcionarios de los servicios públicos de empleo. Mientras se revisaba este problema se modificó la forma de registrarlo para volver "provisionalmente" al método que se aplicaba antes de iniciarse los cruces con Seguridad Social.
En el tiempo transcurrido, la Tesorería General de la Seguridad Social ha revisado los registros de las causas de baja de afiliación y su forma de publicación: ahora los ofrece tanto en media diaria como acumulados en el conjunto del mes.
Las cifras siguen mostrando que la primera causa de baja de afiliación de un trabajador con un contrato indefinido es el pase a la inactividad por ser fijo discontinuo: sólo en enero se registraron 232.000. Pero más allá de esta revisión estadística, las comunidades no han recibido noticias de que los problemas se hayan resuelto.
Inspecciones y duplicidades
Esta falta de control no solo afecta al SEPE y el pago de prestaciones, también al propio Ministerio, que ha lanzado una campaña de Inspección para evitar el fraude con este modelo contratación (es decir, que estos trabajadores no se utilizan como meros temporales). Las empresas reciben notificaciones automatizadas, pero Trabajo no ha revelado cuántas de ellas ha prosperado ni los resultados de estas actuaciones.
Para terminar de complicar las cosas, muchos empleadores se encuentran estos días con que el SEPE tiene su propio registro de los periodos de bajas y altas de fijos discontinuos, al margen del de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se trata del sistema Certific@2, diseñado "la transmisión de comunicaciones de períodos de actividad y otras situaciones producidas durante la vigencia de las campañas" de trabajadores fijos-discontinuos.
Pero esta herramienta no es nueva ni se pensó para la reforma laboral. De hecho fue diseñado para las empresas turísticas, que eran las que mayoritariamente contrataban a fijos discontinuos –Baleares es el mejor ejemplo—antes de la reforma laboral. Ahora que el abanico de sectores de los fijos discontinuos es mucho más amplio, esta figura ha generado dudas en muchas empresas, que lo interpretan como una duplicidad de trámites, como advierten los profesionales de las gestorías a las que llegan quejas en este sentido.
Aun así, a efectos políticos, la estrategia del Gobierno parece esa dando frutos de cara a la campaña electoral. La complejidad del tema dificulta su control parlamentario, como demuestran las numerosas interpelaciones de la oposición a Díaz. A lo que ayuda en el arranque del año la evolución a la baja de estos contratos.
En febrero registraron un retroceso mensual del 32% (diez veces más de lo que retrocedieron los indefinidos a tiempo completo), que ilustra que estos empleos siguen registrando una enorme dependencia de la estacionalidad, aunque el Gobierno lo utiliza como un ejemplo más de la irrelevancia de estos empleos. Y del debate en sí.
