La publicación de los datos de fijos discontinuos inactivos excluidos del paro registrado en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular ha provocado un profundo malestar entre los funcionarios del Servicio Público de Empleo (SEPE). Sobre todo, después de sentirse señalados por el Ejecutivo por haber trasladado al primer partido de la oposición las cifras "por su cuenta y riesgo".
La secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes remitió al Senado la respuesta de la discordia el pasado 27 de febrero, tres días antes de la comparecencia del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación del mes de febrero.
Como llevaba haciendo en los dos meses anteriores, el número dos de Díaz rehusó facilitar los datos desglosados de los fijos discontinuos que no trabajan y se inscriben en los servicios públicos de empleo.
Argumentó la complejidad de un desglose inédito en las estadísticas laborales de España y que exige una colaboración de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas: unas palabras que se han visto rotundamente desmentidas por la información facilitada al PP. ¿De dónde salía entonces esta respuesta?
En las últimas horas, algunas voces del Gobierno han construido un rocambolesco relato según el cual la información fue directamente facilitada por funcionarios del SEPE sin que la ministra, ni nadie de su departamento, lo autorizara.
El propio Ministerio de Trabajo niega que esta versión provenga de de ellos y en una escueta comunicación por email a elEconomista.es asegura que la "respuesta parlamentaria ha seguido el procedimiento habitual". Eso sí, no aclara si la vicepresidenta estaba al tanto.
Varias fuentes parlamentarias y de la administración confirman que las diferentes "áreas" no tienen posibilidad de mandar las respuestas directamente a Relaciones con las Cortes porque se pasan a través de la asesoría parlamentaria de cada ministerio, igual que cualquier otro trámite parlamentario. Es una forma de organizar eficientemente una demanda que genera miles de documentos al mes procedentes de todo el Ejecutivo.
La asesoría es un órgano en el que trabajan funcionarios, pero supervisados por cargos de confianza, ya que están adscritos al gabinete de la ministra. Así, aunque hubieran recabado la información del SEPE, la responsabilidad recaería en Josep Vendrell, director de gabinete de Díaz. Si bien en este caso conviene recordar que el SEPE depende orgánicamente de la secretaría de Estado de Pérez Rey, persona de la máxima confianza de la vicepresidenta.
¿Sin conocimiento de Díaz?
¿Es habitual, en todo caso, que se produzcan este tipo de deslices? Díaz lleva más de tres años al frente de la cartera y no existen precedentes. Mucho menos al hilo de unos datos que ella misma decía hace tres meses que no existían y que había que elaborar prácticamente desde cero. Aunque esto tampoco es exactamente así: su departamento lleva recopilándolos, al menos, desde el 25 de octubre del pasado año.
Fue entonces cuando realizó un ajuste 'extraordinario' de los registros de demandantes de empleo y parados registrados. ¿La razón? Se estaban registrando problemas en el control de los fijos discontinuos porque el cruce automático con los datos de bajas de afiliación de la Seguridad Social puesto en marcha con la reforma laboral daba cifras incoherentes.
Ello obligó a cambiar el trámite para los nuevos demandantes, pero también los ya inscritos, incorrectamente, en otras categorías. De hecho, en 2022 al menos 127.000 parados registrados se convirtieron en demandantes con relación laboral: 52.300 solo en octubre. Estas cifras no se extraen de ninguna respuesta parlamentaria, sino de los datos que cada mes publica el SEPE.
Trabajo no solo se ha negado a publicar el alcance exacto de este ajuste, sino que se produjera, pese a que fue notificado a las comunidades y el desajuste que provocó en los datos de paro se transmitió incluso al adelanto de los datos de paro mensual que Eurostat publicó en octubre y noviembre: el organismo de estadísticas europeas tuvo que sumar 173.000 parados en una corrección realizada en diciembre.
Claro que hacerlo le hubiera obligado a reconocer que manejaba una cifra exacta de cuántos demandantes fijos discontinuos estaban "excluidos del paro registrado". Precisamente la que recoge la respuesta parlamentaria hasta diciembre de 2022.
De hecho, si esta información no hubiera existido y resultara tan difícil extraerla como aseguran Díaz y Pérez Rey nunca se habría publicado la respuesta parlamentaria.
Es lo que ocurre con otra de las preguntas del PP, esta sobre el total de trabajadores fijos discontinuos inactivos (se hayan apuntado o no al paro). En este caso, no se da respuesta, aunque el cálculo podría hacerse con un cruce con las bajas de Tesorería General de la Seguridad Social.
Este incidente, en todo caso, echa leña al fuego a un enfrentamiento soterrado entre los funcionarios del SEPE y sus responsables políticos, que después de tres años de trabajos marcados por la pandemia y la falta de recursos, ven ahora como las acusaciones de maquillaje les salpican por la negativa del gabinete de la ministra de clarificar la polémica, cuando pudo hacerlo hace meses.
