Los asesores de empresas de toda España, un colectivo que engloba a más de 70.000 graduados sociales, abogados, economistas, contables y gestores administrativos que ayudan a las empresas a desarrollar todos sus trámites fiscales y laborales, se preparan para arrancar este jueves 14 de marzo sus movilizaciónes contra los 'abusos' de la administración electrónica. Lo harán con una protesta histórica que podría suponer un serio quebradero de cabeza para la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el SEPE.
Estos profesionales, en su mayoría trabajadores independientes que prestan servicios a autónomos y pequeñas empresas, denuncian que desde el estallido de la pandemia estos organismos les han impuesto una carga de trabajo inasumible y que en muchas ocasiones les obliga a realizar tareas "no retribuidas" que corresponden a los funcionarios.
La clave del problema es que estos asesores son considerados por la administración como "colaboradores" externos que gestionan toda la información de sus clientes en su nombre. Esto les pone en primera línea de los trámites electrónicos con la administración que para sus clientes resultan extremadamente complejos.
Pero desde el 14 de marzo de 2020 su situación se ha vuelto insostenible. Ese día se declaró el Estado de Alarma por la pandemia y arrancó un flujo ininterrumpido de medidas de urgencia para contrarrestar los efectos económicos y laborales de una crisis sanitaria sin precedentes. Para los asesores solo fue el inicio de una 'pesadilla' burocrática que continúa hasta hoy. Un caos en el que se ven expuestos a sanciones si no pueden cumplir con unos plazos que no entienden de festivos, fines de semana, vacaciones ni el mínimo derecho a la desconexión digital.
Ataque a la burocracia
Esta es la primera protesta coordinada de estos profesionales. El método de protesta elegido resulta también inédito y revela un profundo conocimiento de los trámites y límites de la administración electrónica, que muchos de ellos no dudan en calificar de "chapuza". La idea es que entre las 8.00 y las 11.00 horas los asesores de toda España realicen un envío "masivo e individual" de un escrito de personación y memorando con sus denuncias al canal de atención del Sistema RED que utiliza la Seguridad Social para sus trámites electrónicos, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a la Agencia Tributaria y al SEPE.
En dicho escrito, que exigirá un "acuse de recibo" por parte de cada uno de estos organismos, se solicita que se "emplace presencialmente" al remitente "al objeto de poder dirimir los extremos necesarios" para resolver sus "peticiones, solicitudes y reclamaciones", según los borradores a los que ha tenido acceso elEconomista.es. De tener un eco suficiente entre todos los 'colaboradores' digítales de las administraciones, hablaríamos de decenas miles de escritos en apenas tres horas que las administraciones tendrán que atender en persona y uno por uno.
Estos 'memorandos' se presentarán también a los diferentes colegios profesionales a los que pertenezcan cada uno de los profesionales, a organizaciones empresariales de expertos en relaciones laborales, contables, gestores tributarios y otros, así como a la patronal CEOE. El objetivo es lograr el máximo eco para a sus demandas.
Del éxito de esta 'demostración de fuerza' dependerá la estrategia que se seguirá a continuación. Aunque descartan convocar paros porque perjudicarían a sus clientes, una de las demandas que quieren transmitir es que se permita su "derecho a huelga", para que las administraciones no puedan sancionarles si incumplen los plazos decretados por motivo de estas movilizaciones.
Los 'esclavos' de Escrivá
Aunque los trabajos para organizar la movilización empezaron hace apenas unas semanas a través de las redes sociales, su poder de convocatoria está creciendo a toda velocidad, en parte porque recoge y amplía el espíritu de protestas anteriores, como la emprendida hace un año por los graduados sociales, que hace un año acusaban al entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá de tratarles como "esclavos digitales". Hoy, Escrivá ocupa la carta de Transformación Digital y Función Pública, y es, por tanto, el máximo responsable político de la situación que ahora denuncian también el resto de los asesores fiscales y laborales.
Aunque los problemas de la administración electrónica vienen de mucho antes de la llegada de Escrivá y Pedro Sánchez al Gobierno, la pandemia fue la que provocó una situación inasumible. Desde ERTEs a bonificaciones en las cotizaciones y rebajas de prestaciones, la avalancha de trámites y gestiones que superó con creces las capacidades de organismos como los servicios públicos de empleo o las oficinas de la Seguridad Social. Que además todo tuviera que hacerse de forma no presencial supuso un problema adicional para las empresas, que se encontraron con formularios casi "incomprensibles" e innumerables errores informáticos.
En este excepcional y caótico escenario, el papel de los asesores fue clave para apoyar a sus clientes, pero también a las propias administraciones con las que 'colaboraban'. Aunque supusiera tener que consultar el BOE a las once de la noche o encontrarse que los sistemas telemáticos les notificaban un domingo la obligación de revisar toda la información de la plantilla de una empresa con carácter retroactivo por una nueva bonificación o ayuda fiscal.
El verdadero problema llegó cuando la pandemia y las medidas extraordinarias empiezan a remitir; sin embargo, su carga de trabajo se mantiene. Las medidas tributarias y laborales aprobadas a partir de 2021, desde la creación de nuevos impuestos a las empresas a las reformas laborales y de pensiones, junto a sus desarrollos legislativos, han situado a estos asesores en una situación en la que consideran que "trabajan más para las administraciones que para sus propios clientes".
Uno de los casos más criticados es el de las últimas subidas del SMI, que se han producido meses después del comienzo del año. Esto no solo afecta a los sueldos más bajos, sino que también repercute en las bases de cotización e incentivos fiscales para todos los demás, lo que obliga a revisar de manera retroactiva las nóminas de miles de trabajadores.
En las últimas semanas, además, proliferan las gestiones asociadas a los planes de empleo introducidos en la segunda fase de la reforma de las pensiones. Los asesores denuncian los problemas provocados por el plan incluido en el convenio de la construcción y alertan de lo que ocurrirá con el siguiente, el del metal.
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