El Gobierno empieza a desplegar el plan b que reservaba tras la renuncia a la elaboración de los presupuestos para 2024 anunciada el pasado miércoles. El PSOE registró ayer varias enmiendas al decreto anticrisis para actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un trámite que suele incluir en el proyecto de presupuestos.
El Banco de España advierte de que la debilidad de la inversión empresarial restó cuatro décimas al crecimiento del PIB en 2023. En su informe de proyecciones, el regulador destaca que la fragilidad se agudizó especialmente durante el último trimestre. En el cuarto trimestre de 2023, la formación bruta de capital fijo presentó un comportamiento peor del anticipado y se contrajo un 2% intertrimestral, explica el documento.
La prórroga de los presupuestos decretada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer el anuncio de adelanto electoral en Cataluña, allana el camino del cumplimiento de los objetivos fiscales comprometidos con Bruselas. La maniobra de Moncloa implica un ajuste involuntario de unos 7.000 millones de euros, ya que el techo de gasto vigente en las cuentas de 2023 -de 198.221 millones- se verá disminuido por la tasa de inflación media alcanzada el pasado año, en el 3,5%. De esta manera, el Ejecutivo cumple de forma automática con el recorte que buena parte de analistas y organismos recomendaban para llegar a un déficit público del 3% en 2024, tal y como exige la Comisión Europea.
La prórroga de los presupuestos decretada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras el anuncio de adelanto electoral en Cataluña, despeja varias de las incógnitas que Moncloa debía desvelar durante los próximos meses. La extensión de las cuentas de 2023 tendrá consecuencias sobre la política económica. Frustrará varios de los planes iniciados por el Ejecutivo, dejará en el aire los compromisos adquiridos con ERC, Junts y el PNV, y arriesgará el cumplimiento de la disciplina fiscal.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, renunció hoy a elaborar el proyecto de presupuestos para 2024, después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, convocara el adelanto electoral para el 12 de mayo, tras fracasar la votación de las cuentas catalanas en el Parlament. Desde Moncloa entienden que no tiene sentido sentarse a negociar las cuentas en la antesala de una campaña electoral en la que el PSC se medirá con ERC y Junts por hacerse con la presidencia del Govern. De esta manera, el Gobierno da por prorrogados -definitivamente- los presupuestos aprobados el pasado año, y comenzará a trabajar para perfilar los de 2025, sobre los que el Eurogrupo ya ha pedido ajustes con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las reglas europeas.
La economía española crecerá al 1,9% en 2024. El Panel de Funcas ha revisado tres décimas al alza sus previsiones para el PIB, tras el gran cierre que la actividad firmó en el último trimestre del año pasado. Las proyecciones apuntan a una tasa de crecimiento del 0,4% en el primer trimestre, un ritmo que la economía mantendrá estable durante el resto del año. No obstante y al igual que hizo el martes el Banco de España-, los 19 panelistas de diferentes entidades advierten de la excesiva dependencia que la economía mostró en 2023 sobre el consumo público. De hecho, el documento alerta de la baja aportación de la inversión empresarial y -sobre todo- del nulo rendimiento del sector exterior, muy afectado por el parón económico que sufre la Unión Europea.
El Banco de España pone en duda el avance de España por la senda fiscal acordada con Bruselas. En sus últimas proyecciones -publicadas este martes- el organismo alerta del aumento extraordinario del consumo público en 2023 hasta rozar el 4%, mayor -incluso- al realizado en 2020 y 2021, los años en los que el estallido de la pandemia demandó mayor esfuerzo por parte del Estado, y muy superior al realizado en el mismo periodo por la Comisión Europea. "Sorprendió el elevado dinamismo que presentó el consumo público; un vigor que habría propiciado que esta partida aumentase un 3,8% en el conjunto de 2023, una tasa superior a las observadas en 2020 y 2021durante el período de mayor incidencia de la crisis sanitaria", explica el documento, que desvela que este repunte ha contribuido a un aumento del gasto público total del 7,5%, muy superior al registrado en los dos años anteriores. Esto -aseguran- supondrá una presión adicional sobre las cuentas públicas, en un momento en el que las instituciones europeas exigen un ajuste.
La Comunidad de Madrid, Valencia y Andalucía tendrán que aplicar un ajuste extraordinario de 617 millones de euros si el Gobierno sigue adelante con sus planes e impone los objetivos de déficit enviados la pasada primavera a Bruselas. Las tres grandes regiones gobernadas por el Partido Popular junto a Cataluña, que afrontará un recorte extra de 277 millones serán las autonomías más perjudicadas por la norma que avala un informe de la Abogacía del Estado al que ha tenido acceso elEconomista.es. A él se agarra el Ejecutivo para sortear el veto del Senado a la propuesta inicial de Hacienda. En ella, se establecen criterios más estrictos a los iniciales, que planteaban una regla de déficit del 0,1% para las regiones para 2024; en su lugar, el Ejecutivo impondrá el déficit nulo para las CCAA y el superávit para los Ayuntamientos, en lugar del equilibrio presupuestario.
El presidente del Gobierno se enfrenta al reto de aplicar el orden en las cuentas que imponen las nuevas reglas fiscales, que demandarán medidas de ajuste por valor de 22.000 millones hasta 2026. El compromiso con Bruselas obliga a rebajar el déficit hasta el 3% en 2024, un desafío que obligará a Pedro Sánchez a imponer un ajuste adicional de 5.000 millones de euros, según los cálculos de Funcas. El escenario es complejo. El jefe del Ejecutivo optó a final de 2023 por desoír el consejo de la Comisión Europea y aplicar una retirada escalonada y no total de las medidas anticrisis.