La prórroga de los presupuestos decretada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer el anuncio de adelanto electoral en Cataluña, allana el camino del cumplimiento de los objetivos fiscales comprometidos con Bruselas. La maniobra de Moncloa implica un ajuste involuntario de unos 7.000 millones de euros, ya que el techo de gasto vigente en las cuentas de 2023 -de 198.221 millones- se verá disminuido por la tasa de inflación media alcanzada el pasado año, en el 3,5%. De esta manera, el Ejecutivo cumple de forma automática con el recorte que buena parte de analistas y organismos recomendaban para llegar a un déficit público del 3% en 2024, tal y como exige la Comisión Europea.
Los números dan espacio. Funcas calcula necesario un ajuste adicional de 5.000 millones de euros para alcanzar la primera meta marcada por las reglas fiscales. El recorte -además- se llevará a cabo sin coste político. La extensión de las cuentas estrecha el margen de maniobra de Hacienda, que no contará con la posibilidad de incrementar las partidas distribuidas entre los diferentes ministerios, ni la capacidad de asumir las peticiones que el bloque de la investidura ya le habría hecho llegar al PSOE. La prórroga tumba además el incremento 9,3% de la regla de gasto aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 12 de diciembre de cara a la elaboración del frustrado proyecto de presupuestos.
A ello, se suman los buenos pronósticos sobre los ingresos. El Banco de España prevé que la recaudación mantenga un ritmo vivo durante los próximos meses con un crecimiento cercano al 8%, similar al registrado en 2023. Eso sí, el regulador anticipa una caída de los ingresos procedentes de los impuestos indirectos por el efecto bajada de la inflación.
Aun así, esto es tan solo un parche. Tarde o temprano, el Ejecutivo deberá acometer el diseño de los Presupuestos para 2025 sin el salvavidas de la inflación, con el largo listado de compromisos parlamentarios adquiridos por Sánchez el pasado mes de octubre, y con objetivos fiscales cada vez más estrictos. Todo ello obligará al presidente del Gobierno a afrontar un nuevo ajuste en las cuentas del año que viene, aunque -esta vez- con un desgaste político, y en el ecuador de su legislatura. La senda fiscal, demanda una rebaja del déficit al 2,7%, que solo se conseguirá -según BBVA Research- a través de medidas de medidas estructurales de consolidación de entre el 0,4% y el 0,6% del PIB. El critero se endurece en 2026, cuando la senda apunta a un límite del 2,5%. Al margen avanzan los dilemas políticos y económicos que la prórroga de los Presupuestos le presentan a Sánchez.
Quita de deuda autonómica
La renuncia al proyecto de presupuestos paraliza el mecanismo de quitas de deuda de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica, al menos de momento. Los de Sánchez anunciaron -tras su acuerdo de investidura con ERC- la condonación de una parte proporcional del pasivo que las regiones mantenía con el FLA, y que pasaría a asumir el Estado. El sistema estaba siendo negociado entre el equipo de Montero y los gobiernos autonómicos, y estaba previsto que se formalizara a través de la ley de presupuestos.
Anulada esta vía, el Ejecutivo solo cuenta con otra alternativa, aunque más lenta y costosa. Hacienda podría optar por incluir las quitas en la reforma de financiación autonómica; sin embargo, la complejidad de la norma demandará de muchos meses más de trabajo y consenso para poder ver la luz, tras años encerrada en un cajón.
Entrada en Telefónica
La permanencia de las cuentas de 2023 trae consigo consecuencias en el ámbito fiscal y empresarial. La prórroga arriesga la operación de entrada del Gobierno en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).
Los de Sánchez estudiaban incluir una transferencia a la empresa pública a través de los presupuestos para consumar su internada en 10% de la teleco. Ahora, Moncloa deberá rediseñar sus planes consumar la operación.
Tasa a la banca y energéticas
En materia fiscal, se abre un quebradero de cabeza para Montero. La titular de Hacienda contaba con el proyecto de presupuestos para incluir la permanencia -previa modificación- de los impuestos especiales a la banca y las energéticas.
En las cuentas, la vicepresidenta, preparaba además la inclusión del beneficio fiscal para estas empresas, con las que el Ejecutivo buscaba reconciliarse. Esta fue además una de las condiciones que el PNV impuso a Sánchez a cambio de su sí en el debate de investidura.
Sin embargo, el adelanto electoral en Cataluña podría alterar el tablero político, y cambiar el equilibrio de fuerzas -no en el Congreso- pero si en los despachos. Si el PSC de Illa vuelve a tener las llaves de la Generalitat, las consecuencias se dejarán sentir en el equilibrio parlamentario con el que cuenta Sánchez en la Cámara Baja. Lo mismo ocurre con PNV y Bildu. Ambas se disputan el Gobierno regional con los socialistas vascos.
