El Senado ha vetado por segunda vez los objetivos de estabilidad sobre el que el Gobierno plantea elaborar los Presupuestos para 2024. La mayoría absoluta con la que cuenta el Partido Popular en la cámara alta tumba así el plan inicial de los de Pedro Sánchez, que ahora deberán replantear su estrategia para comenzar a construir las nuevas cuentas públicas, tras dos meses perdidos por la batalla parlamentaria. El escenario que se abre ahora es inédito. El trámite abortado por los populares es imprescindible para el diseño de los presupuestos; sin embargo, Moncloa cuenta con un plan alternativo.
Desde hace meses -en los que ya se barruntaba el bloqueo del PP- la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, lleva advirtiendo de la posibilidad de activar los criterios de gasto incluidos en el Programa de Estabilidad consensuado el pasado abril con Bruselas, si su plan no pasaba el filtro del Senado. En concreto, el documento fija reglas más estrictas. Un déficit cero para las comunidades autónomas -una décima superior al propuesto por el techo de gasto- y el superávit para los ayuntamientos. "El veto del Senado supone que las CCAA tendrán casi 1.500 millones menos de capacidad fiscal para destinar a servicios públicos y los Ayuntamientos cerca de 3.000 millones", apunta Hacienda en un comunicado.
Montero cuenta con el apoyo del bloque de la investidura en el Congreso de los Diputados, y un informe de la Abogacía del Estado que avala esta alternativa que sortearía el bloqueo procurado por la mayoría absoluta popular en la cámara alta. "A falta de aprobación, conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo", detalla el informe al que ha tenido acceso elEconomista.es. "Quiero dejar muy claro que el Gobierno va a presentar su proyecto de presupuesto para 2024 y lo va a remitir a las Cortes Generales", replicó la titular de Hacienda desde la tribuna.
Un calendario complicado
Aun así, el calendario juega en contra de las pretensiones del Ejecutivo. El adelanto electoral ya retrasó los plazos de elaboración de las cuentas, que deberían haberse presentado ante los grupos parlamentarios el pasado mes de septiembre. Sin embargo, los comicios del 23-J y el largo proceso de investidura, congelaron las labores básicas sobre las que se construyen las cuentas.
Hacienda tuvo que esperar hasta la recta final de 2023 para presentar ante los líderes regionales su propuesta sobre el límite de déficit y la deuda pública; y hasta el pasado febrero para -una vez aprobado en el Congreso- defender su contenido ante los senadores, en un primer intento frustrado de zanjar una trámite que debía haberse cumplimentado el pasado verano. A ello, se suma el complejo escenario que se abre en el caso de que Sánchez consiga esquivar el veto de los de Feijóo. El presidente debe abrir una red de conversaciones con todos los grupos parlamentarios necesarios para sacar adelante las cuentas, negociando una a una las enmiendas que las formaciones quieran incluir en el proyecto de presupuestos, minimizando el desgaste político en plena precampaña electoral de la europeas, y rebajando al máximo el impacto económico para evitar un desvío del gasto que descarrile el déficit público de la meta del 3% a cierre del ejercicio.
El proceso será largo. Moncloa no confía en presentar los Presupupuestos antes del próximo mes de abril. A partir de ahí, se abre un extenso proceso de trabajos parlamentarios cargado de comparecencias, debates y votaciones en las diferentes comisiones parlamentarias, que dilatarán la posible votación más allá de julio. No obstante, Sánchez podría optar por prorrogar las cuentas de 2023, congelando las partidas y ahorrándose
