La Comunidad de Madrid, Valencia y Andalucía tendrán que aplicar un ajuste extraordinario de 617 millones de euros si el Gobierno sigue adelante con sus planes e impone los objetivos de déficit enviados la pasada primavera a Bruselas. Las tres grandes regiones gobernadas por el Partido Popular –junto a Cataluña, que afrontará un recorte extra de 277 millones– serán las autonomías más perjudicadas por la norma que avala un informe de la Abogacía del Estado al que ha tenido acceso elEconomista.es. A él se agarra el Ejecutivo para sortear el veto del Senado a la propuesta inicial de Hacienda. En ella, se establecen criterios más estrictos a los iniciales, que planteaban una regla de déficit del 0,1% para las regiones para 2024; en su lugar, el Ejecutivo impondrá el déficit nulo para las CCAA y el superávit para los Ayuntamientos, en lugar del equilibrio presupuestario.
Sobre esta base, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, comenzará a construir los Presupuestos para 2024, tras dos meses retenidos por la disputa parlamentaria. La nueva senda fiscal obligará a todas las autonomías con déficit a redoblar sus esfuerzos. En total, doce regiones deberán ajustar 1.226 millones adicionales. Destaca también el sobreesfuerzo que deberán hacer Murcia y Castilla-La Mancha. Las cuentas de la región gobernada por el popular Fernando López Miras cuentan con el mayor desajuste previsto a cierre de 2023. Su déficit podría ascender al -2%, según las previsiones publicadas en la recta final del año por la AIReF. "Hay manga ancha para Pedro Sánchez mientras asfixia a las comunidades autónomas", denunció ayer Marcos Ortuño, portavoz del Ejecutivo murciano.
La batalla autonómica
Lo cierto es que el veto popular estrecha el margen de gasto de las autonomías. Los de Emiliano García Page, que deberán aplicar un ajuste extra de 50,7 millones, forzará al PP manchego a posicionarse a favor del ajuste adicional. "Es importante que hoy el PP no mire para otro lado, que explique en Castilla-La Mancha por qué ese es su deseo para esta región, recortarnos también estando en la oposición 50 millones de euros que irían destinados a seguir fortaleciendo la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales", anunció la portavoz socialista en el parlamento castellanomanchego, Ana Isabel Abengózar, que ayer registró dos Proposiciones No de Ley (PNL) al respecto. Las iniciativas respaldan la estrategia de Moncloa. "El veto del Senado a la senda del Gobierno supone que las comunidades autónomas tendrán casi 1.500 millones menos de capacidad fiscal para destinar a servicios públicos y los Ayuntamientos cerca de 3.000 millones de euros menos para políticas municipales", apuntó el ministerio de Hacienda tras el rechazo de la Cámara Alta a su propuesta de senda fiscal.
El cambio de reglas fiscales se produce en un momento en el que todas las autonomías –excepto Cataluña– tienen ya aprobados sus presupuestos sobre la base de unos criterios diferentes a los que Hacienda ha terminado por fijar. Regiones como Andalucía elaboraron sus cuentas bajo la premisa de un déficit autonómico del 0,1%. "El Estado se reserva el 97% del déficit y a las comunidades autónomas le deja un 3%. ¿Le parece razonable? Cuando las comunidades somos las que tenemos el peso de la sanidad, los servicios sociales, la dependencia y la educación", criticó ayer el presidente andaluz, Juanma Moreno. El gobierno murciano descartó modificar sus presupuestos, elaborados a partir de un déficit al 0,1% en 2024. No obstante, las CCAA contarán este año con más recursos que nunca, debido al ingreso adicional procedente de la diferencia entre la previsión de recaudación y la recaudación final impulsada por la crisis de la inflación.
Tramitación urgente
La intención de Moncloa es agilizar al máximo los plazos para presentar el proyecto de ley ante el Congreso de los Diputados antes de que finalice el mes de marzo. Montero ya ha activado la maquinaria técnica para sacar adelante los Presupuestos cuanto antes. La titular de Hacienda convocó ayer a las consejerías de Hacienda regionales a una reunión de segundo nivel para explicar la cantidad que se va a transferir del Fondo de Compensación Interterritorial, un paso formal previo a la redacción y diseño de los Presupuestos, y que indica que el Ejecutivo tratará de exprimir los trámites.
No obstante, Moncloa volverá a chocar contra la tramitación parlamentaria necesaria ante de llevar las cuentas al pleno del Congreso de los Diputados. El proyecto de ley, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, sufrirá una cascada de comparecencias, enmiendas, debates y votaciones en las diferentes Comisiones. Moncloa no confía en contar con su aprobación definitiva antes del próximo mes de julio.
Al margen se presenta la lista de condiciones que los grupos parlamentarios del bloque de investidura ya han comenzado a adelantar. El PSOE tiene por delante el reto de negociar una nueva oleada de acuerdos para garantizar –de nuevo– la viabilidad de un proyecto de ley, que debe cumplir con la disciplina fiscal impuesta por Bruselas.
