La Comunidad de Madrid, Valencia y Andalucía tendrán que aplicar un ajuste extraordinario de 617 millones de euros si el Gobierno sigue adelante con sus planes e impone los objetivos de déficit enviados la pasada primavera a Bruselas. Las tres grandes regiones gobernadas por el Partido Popular –junto a Cataluña, que afrontará un recorte extra de 277 millones– serán las autonomías más perjudicadas por la norma que avala un informe de la Abogacía del Estado al que ha tenido acceso elEconomista.es. A él se agarra el Ejecutivo para sortear el veto del Senado a la propuesta inicial de Hacienda. En ella, se establecen criterios más estrictos a los iniciales, que planteaban una regla de déficit del 0,1% para las regiones para 2024; en su lugar, el Ejecutivo impondrá el déficit nulo para las CCAA y el superávit para los Ayuntamientos, en lugar del equilibrio presupuestario.

El presidente del Gobierno se enfrenta al reto de aplicar el orden en las cuentas que imponen las nuevas reglas fiscales, que demandarán medidas de ajuste por valor de 22.000 millones hasta 2026. El compromiso con Bruselas obliga a rebajar el déficit hasta el 3% en 2024, un desafío que obligará a Pedro Sánchez a imponer un ajuste adicional de 5.000 millones de euros, según los cálculos de Funcas. El escenario es complejo. El jefe del Ejecutivo optó –a final de 2023– por desoír el consejo de la Comisión Europea y aplicar una retirada escalonada –y no total– de las medidas anticrisis.

El Senado ha vetado por segunda vez los objetivos de estabilidad sobre el que el Gobierno plantea elaborar los Presupuestos para 2024. La mayoría absoluta con la que cuenta el Partido Popular en la cámara alta tumba así el plan inicial de los de Pedro Sánchez, que ahora deberán replantear su estrategia para comenzar a construir las nuevas cuentas públicas, tras dos meses perdidos por la batalla parlamentaria. El escenario que se abre ahora es inédito. El trámite abortado por los populares es imprescindible para el diseño de los presupuestos; sin embargo, Moncloa cuenta con un plan alternativo.

El adelanto del cierre de los restaurantes que Yolanda Díaz deslizó el pasado lunes pondría en riesgo la recuperación de la hostelería, que tras el parón que supuso el estallido de la pandemia, confía en reconquistar las cifras de 2019. El sector de la hostelería irrumpe en el debate abierto por la vicepresidenta segunda del Gobierno y denuncia las consecuencias de la regulación de horarios propuesta por la líder de Sumar, que afectaría a una actividad que generó 122.862 millones de euros en 2022, según los últimos datos publicados en el Anuario de la Hostelería. "Teniendo en cuenta que la vida nocturna es uno de nuestros principales atractivos turísticos, la propuesta sería un tiro en el pie que solo beneficiaría a nuestros competidores en el mercado turístico cuestionando uno de nuestros valores más singulares y particulares del estilo de vida español", asegura la Federación de Empresarios de Ocio y Espectáculos.

PSOE y Junts perfilan un acuerdo para reactivar la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. A poco más de dos días para que la Comisión de Justicia emita un nuevo dictamen, los de Sánchez y Puigdemont preparan un nuevo documento que solvente las diferencias que impidieron la tramitación del texto inicial, y de paso ponga en marcha la formulación de los Presupuestos Generales del Estados para 2024. Aprendida la lección, los socialistas no quieren activar el examen de las cuentas en la Cámara Baja sin tener atados los apoyos necesarios para sacarlas adelante, y para ello es imprescindible contar con el visto bueno previo a la ley de amnistía.