El presidente del Gobierno se enfrenta al reto de aplicar el orden en las cuentas que imponen las nuevas reglas fiscales, que demandarán medidas de ajuste por valor de 22.000 millones hasta 2026. El compromiso con Bruselas obliga a rebajar el déficit hasta el 3% en 2024, un desafío que obligará a Pedro Sánchez a imponer un ajuste adicional de 5.000 millones de euros, según los cálculos de Funcas. El escenario es complejo. El jefe del Ejecutivo optó –a final de 2023– por desoír el consejo de la Comisión Europea y aplicar una retirada escalonada –y no total– de las medidas anticrisis.
La maniobra del socialista estrechó el margen de Moncloa para cumplir con los de Von der Leyen, por lo que el Gobierno deberá rebuscar –ahora– en el cajón de Hacienda para aplicar recortes extraordinarios. Sánchez cuenta con la baza de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 con los que su Ejecutivo espera contar entre los meses de junio y julio, a pesar del segundo revés que la senda fiscal –sobre la que se sostendrán las cuentas– ha sufrido en el Senado a manos de la mayoría absoluta del Partido Popular. El equipo que lidera la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, deberá seleccionar las partidas de las que saca el ajuste necesario, a la vez que el equipo del presidente tendrá que hacer malabares para contentar a la maraña de grupos parlamentarios necesarios para sacar adelante la ley de Presupuestos.
La estrategia podría pasar por priorizar las medidas de contenido político sin impacto presupuestario. El riesgo es grande. Las exigencias de formaciones como ERC, Junts o Bildu podrían desgastar aún más al PSOE, en plena antesala de las elecciones europeas. Unos comicios en los que los socialistas se juegan mucho después de tropiezo del partido en las elecciones gallegas. A esto se añade la hipoteca que Sánchez arrastra desde su investidura. En concreto, el sistema de quitas de la deuda de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que el socialista anunció tras su pacto con ERC. La ministra de Hacienda anunció el pasado diciembre que comenzaría a reunir a los líderes regionales en el primer trimestre de año con el objetivo de perfilar el mecanismo; no obstante, el plan sigue estancado debido al sobreesfuerzo que demandará para las arcas públicas. En el caso menos lesivo, el Estado deberá asumir más de 49.000 millones de deuda autonómica, según apunta S&P Global. En el peor, el impacto superará los 71.000 millones.
Los números no salen. Buena parte de las entidades de análisis advierten de la dificultad de cumplir con el objetivo de déficit ya en 2024. La AIReF lo puso en duda la pasada semana. El organismo que preside Cristina Herrero alertó del efecto negativo de la permanencia del grueso de medidas anticrisis, además insistió en la necesidad de que las autonomías y ayuntamientos no se desvíen de su regla de gasto. Las previsiones de Funcas tampoco sonríen a Moncloa. En el mejor de los escenarios –con un PIB confirmado al 2% en 2023– la entidad prevé un déficit al 3,3% en 2024. "El ajuste estructural necesario deberá estar cerca de los 5.000 millones de euros", apunta su director de coyuntura, Raymond Torres. BBVA Reserch prevé que el desequilibrio de las cuentas cierre el año en el 3,6%.
La caída del IPC restará impulso a la recaudación
El esfuerzo de contracción del gasto no quedará ahí. La senda fiscal impone una rebaja escalonada del desvío de las cuentas que deberá llevar el déficit al 2,5% en 2026. La tarea demandará un esfuerzo adicional. Sin el viento de cola que la inflación ha inyectado a los ingresos tributarios en 2023, y con el vigor de la economía agotado, España deberá comprometerse a implementar medidas estructurales de consolidación de entre el 0,4% y el 0,6% del PIB por año, según BBVA Research. Es decir, Moncloa debe integrar un recorte anual superior a los 8.000 millones de euros. "La inflación explica buena parte de la reducción del déficit en 2023, y 2022", afirma Raymond Torres. El director de coyuntura de Funcas apunta a que el IPC no tardará en caer al 2% en el medio plazo. Esto, unido al menor empuje del PIB, "nos obligará a hacer un esfuerzo extra de reducción de déficit estructural", asegura. "La distancia entre los niveles actuales y los objetivos es tan grande que los esfuerzos tendrán que prolongarse cuando menos un quinquenio", explica el último informe de situación económica publicado ayer por BBVA Research, que estima que el déficit no caerá del 3% hasta el 2025, año en el que cerrará en el 2,9%.
El temor es compartido por la AIReF. El organismo apunta también a la pérdida de vigor del PIB como una de las trabas para alcanzar lo comprometido con la Comisión Europea. "El mero crecimiento no parece suficiente para seguir reduciendo déficit y deuda de forma sostenida", explica el último documento difundido. En el se alerta de que solo se conseguirá alcanzar el objetivo bajo determinadas condiciones de ajuste.
La Comisión Europea ya recomendó a España hace casi un año redefinir las medidas anticrisis dirigiéndolas a los colectivos más vulnerables y eliminando aquellas dedicadas a la clase media. Los de Von der Leyen aconsejan al Gobierno preparar políticas que recorten por valor de 9.300 millones de euros cada año para garantizar el cumplimiento del calendario de compromisos fiscales que deberá ser renegociado el próximo mes de septiembre.
