El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó ayer que los Presupuestos Generales de 2023 se prorrogarán, a la espera de que unos nuevos puedan aprobarse "en el primer trimestre" del año próximo. La prolongación de los plazos suele achacarse a una mera cuestión de tramitación parlamentaria. Lo cierto, no obstante, es que el Ejecutivo quiere sacar provecho de la prórroga para hacer un ajuste solapado del gasto público en el próximo ejercicio. Es más, podrá confirmar ante Bruselas que tiene los deberes hechos en este sentido ya en la inminente reunión del Ecofin que se celebrará este mes.
También influye el hecho de que está por demostrarse que Moncloa se encuentre en condiciones de cumplir con sus propios plazos. En concreto, existen claros visos de que la expectativa de contar con unos Presupuestos aprobados antes de primavera se manifieste excesivamente optimista. Si así ocurriera, la prórroga presupuestaria, acompañada de su ajuste encubierto del gasto estaría en vigor durante gran parte del año próximo.
Como revelan fuentes cercanas a la elaboración de las próximas Cuentas, las circunstancias juegan a favor del Ejecutivo a la hora de acometer una reducción de gasto público sin reconocerlo como tal, y sin tener que pagar por ello ningún precio político. Prorrogar el Presupuesto implica la imposibilidad de que los ministerios vean incrementado su margen para gastar. Es más, en términos más generales, supone la prolongación, sin cambios, del techo de gasto fijado para el conjunto del Estado que ya se fijó en 2023.
Es cierto que este último está en niveles récord nominales, muy cercanos a los 200.000 millones, pero también lo es que, en términos reales, esa cifra se verá disminuida por unas cotas de inflación que todavía serán muy altas a finales de 2023 y comienzos de 2024. En concreto, las previsiones más actualizadas oscilan en una horquilla entre el 3,5% y el 3,9%.
En línea con Bruselas
Si se actualiza con ese porcentaje el techo de gasto estatal de 2023, el cálculo arroja una reducción del desembolso muy cercana a 8.000 millones. No es una cifra azarosa, en la medida en que se encuentra muy próxima a los casi 10.000 millones que, desde finales del pasado julio, Moncloa baraja que la Unión Europea le demandará el año que viene, para que el déficit público baje al 3% del PIB y continúe reduciéndose por debajo de esa meta.
Así ocurriría en un año clave en el que Bruselas espera que vuelvan a estar en vigor las reglas fiscales, suspendidas con motivo de la emergencia vinculada por la pandemia. Ese escenario se abordará una vez más en el Ecofin de la próxima semana, último del año y de la Presidencia rotatoria de España del Consejo de la UE.
Desde Hacienda reconocen que habrá una prórroga presupuestaria, y así lo asumió la propia titular de esta cartera, María Jesús Montero, a mediados del mes pasado. Ahora bien, el objetivo de Montero pasa por que la demora sea "mínima" e invoca el plazo recordado ayer por Sánchez, según el cual los primeros tres meses del año próximo bastarán para cumplir con todos los trámites que la ley exige para las cuentas.
Tres apartados pendientes
La realidad, sin embargo, pone en cuarentena esas perspectivas. Aún está pendiente el primer paso, que constituye el cimiento de las futuras cuentas, consistente en que el Consejo de Ministros apruebe tres disposiciones: el nuevo techo de gasto para el Estado; la regla de gasto para el conjunto de las Administraciones y, por último, el reparto de los objetivos de déficit y deuda entre la Administración central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, además de las corporaciones locales.
De todos ellos, solamente se somete a votación parlamentaria el reparto de objetivos pero el rechazo de este último afecta a los dos anteriores, que quedan incompletos si no se apoyan en este último pilar. Un rechazo de ese tipo es plenamente factible desde el momento en que el Senado está dominado por la mayoría absoluta del Partido Popular.
Pero incluso en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales de 2024 pueden ya encontrarse con un muro. Las comunidades autónomas tendrían que cargar con una parte sustancial del ajuste, al estar abocadas a reducir su déficit en torno a siete décimas de PIB. Nadie asegura que los socios nacionalistas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez se encuentren en disposición de retratarse de ese modo en un año tan delicado como 2024.
Debe recordarse que será precisamente en el próximo ejercicio cuando País Vasco y Galicia celebren sus comicios autonómicos y previsiblemente también Cataluña.
