El Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid han censurado las filtraciones de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la investigación abierta a Alberto González, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La nueva Ley de Familias protegerá económicamente a las familias monoparentales (es decir, con un único progenitor ya sea hombre o mujer) con exenciones y bonificaciones a los precios de la educación, el transporte público y los suministros como la luz, el agua o el gas. El proyecto de ley, actualmente en tramitación en el Congreso, obligará a las Administraciones Públicas competentes así como a las empresas privadas que ofrecen suministros públicos a aplicar exenciones y bonificaciones en los precios de los servicios esenciales.

El Tribunal Supremo (TS) abre la puerta a que la Administración mejore la categoría a los subinspectores de trabajo, hay más de 1.100 funcionarios de ese cuerpo, tras la mayor carga laboral que le impuso la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2015. El Alto Tribunal, en una sentencia de este 4 de marzo de la que fue ponente el magistrado Antonio Jesús-Fonseca Herrero, da la razón a una subinspectora laboral que reclama mejorar su categoría (de nivel 23 a 25) puesto que desde la normativa de 2015 desempeña funciones de un nivel superior y, por tanto, que también se le adecue su retribución.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) promueve el amparo colegial de los abogados de forma “inmediata” frente a cualquier actitud irrespetuosa hacia un profesional o que coarte su independencia y libertad, desde el acoso, a cualquier tipo de violencia, ya sea física o verbal.

Los jugadores que hayan perdido más de 600 euros a la semana durante tres semanas consecutivas (200 euros en el caso de los más jóvenes), a partir de hoy, no podrán pagar con tarjeta de crédito para continuar jugando con el fin de evitar su endeudamiento. Esta es una de las medidas que forman parte del Real Decreto del 14 de marzo de 2023 por el que se desarrollan entornos de juego más seguros. La norma, en vigor desde hace un año, posponía 12 meses la entrada en vigor de diversas medidas.