Madrid
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha anunciado este lunes que presentará una denuncia por la vía penal contra el Ministerio Fiscal por las filtraciones sobre las conversaciones mantenidas por Alberto González, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía para intentar llegar a un acuerdo.
El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha señalado que los delitos que pivotan sobre la actuación del Ministerio Público son infidelidad de custodia de documentos y revelación de secretos.
La decisión, tomada este lunes por la Junta de Gobierno del ICAM, llega después de que la Fiscalía Provincial de Madrid emitiera el pasado jueves una nota de prensa a las 10:22 de la mañana que contenía datos concretos de unas diligencias de investigación detallando fechas y contenido de conversaciones entre el abogado de González y la Fiscalía. "Una ruptura sin precedentes de la confidencialidad y el secreto profesional", denuncia Ribón.
Asimismo, el ICAM señala que también presentará una denuncia por la vía administrativa con el objetivo de que se sancione a los miembros de la Fiscalía autores de las filtraciones. "Ambas denuncias persiguen la identificación completa de los autores finales de estos hechos y se pretende que se realicen las labores de instrucción necesarias para identificarlos", explicó el Decano.
Por otro lado, el Colegio de Abogados de Madrid también ha anunciado que se desvincula del protocolo de actuación entre el Ministerio Fiscal y la Abogacía regulado en 2009 para agilizar los procesos judiciales cuando las partes involucradas buscan llegar a un acuerdo. "Hasta que no se establezcan mecanismos reforzados de confidencialidad, el ICAM se desvincula del protocolo de conformidades. Desde este momento, se insta a la revisión del protocolo ya que el secreto de las comunicaciones parece no estar garantizado", señaló.
El Colegio de Abogados considera que la Fiscalía ha vulnerado de forma flagrante los principios básicos de vigilo de confiaza y buena fe y ha puesto en riesgo su neutralidad.
El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores ya cargaron el pasado viernes contra el Ministerio Público por vulnerar la garantía de confidencialidad en las comunicaciones, mientras que la Asociación de Fiscales y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Por su parte, Ortiz remitió este lunes una carta a la Abogacía Española negando que se hayan revelado conversiones entre las partes y alegando que solo se comunicaron aquellos aspectos que ya habían salido en los medios de comunicación e indispensables para despejar cualquier sospecha sobre los fiscales.
