Madrid
La Comisión de Venecia, órgano consultivo de la Comisión Europea, recomienda a España aprobar la Proposición de Ley de la amnistía por mayoría absoluta y por los cauces ordinarios, no por la vía de urgencia. La Comisión de Venecia ha publicado este lunes su dictamen sobre los requisitos de Estado de derecho que deben cumplir las amnistías, con especial referencia a la norma española. No obstante, el Congreso ya aprobó la semana pasada el texto, que ahora pasa al Senado.
Esta institución, que avala la futura ley, apunta a que la norma ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política española, en las instituciones, en el poder judicial, en la academia y en la sociedad española y por ello anima a las autoridades y fuerzas políticas a entablar un diálogo significativo con el fin de lograr la reconciliación social y política. Por ello, recomienda, aunque la Constitución no lo prevea, alcanzar una mayoría cualificada superior a la mayoría absoluta para la aprobación de la amnistía.
Asimismo, pone en tela de juicio que la norma se haya vehiculado por una proposición de ley, en vez de un proyecto de ley, y por vía de urgencia, limitando la participación en el texto de las partes interesas y a otras instituciones del Estado. "Los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la aprobación de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de tales leyes", apunta el informe.
Por otro lado, la Comisión rechaza pronunciarse sobre si la futura ley es o no constitucional, al asegurar que no tiene competencias para ello y será el Tribunal Constitucional quien tenga que decidirlo.
Mayor previsibilidad
El informe recomienda "acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía, a fin de hacer más previsibles los efectos de la ley" y que "la reciente ampliación del ámbito temporal de aplicación por dos meses sin justificación alguna suscita preocupación en cuanto al carácter general de la amnistía". También apunta que "garantizar que se establezca una relación de causalidad más estrecha entre 'las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias' y los actos de malversación y corrupción" y que "una relación de causalidad más estrecha debe ser el principio rector para la interpretación y aplicación de la amnistía".
En lo que respecta al terrorismo, el informe recomienda "garantizar que, en la interpretación de las exclusiones, el principio rector sea que las amnistías sólo son compatibles con las normas internacionales si se excluyen de su ámbito de aplicación las violaciones graves de los derechos humanos".
