Entre los numerosos problemas que afectan a Reino Unido, una crisis soterrada, que lleva 14 años fraguándose pero cuyos orígenes se remontan hasta Margaret Thatcher, ha desatado la sorpresa. En lo que va de legislatura ya se han puesto en marcha los trámites para activar 8 procesos de quiebra entre los ayuntamientos británicos, en lo que es tan solo el aperitivo de una auténtica oleada de impagos. Desde la Unidad de Información de Gobiernos Locales (LGiU, por su siglas en Inglés), han lanzado un informe advirtiendo que el 51% de todas las administraciones entrarán en quiebra la próxima legislatura. Un auténtico incendio que obligará no solo a un rescate a gran escala, sino que está forzando desde ya a recortar de forma masiva los gastos para adecuarse a la legislación.
A poco más de un mes de las elecciones municipales en gran parte de Inglaterra, con sus grandes ciudades (Londres, Mánchester o Liverpool) a la cabeza, todas las miradas están puestas en la creciente lista de ayuntamientos que ya han pedido un rescate o están a punto de hacerlo. Birmingham, Nottingham, Woking, Slough, Thurrock y el barrio londinense de Croydon se han visto obligados a hacer una solicitud de "apoyo financiero extraordinario" al Gobierno ante la imposibilidad de cuadrar sus cuentas. Y un 20% de los primeros ediles de Inglaterra creen que es probable que se vean obligados a declararse en bancarrota en el próximo año.
Esta situación ha pillado de sorpresa a muchos políticos que han visto cómo las administraciones locales pasan al foco nacional ante una auténtica crisis de proporciones históricas. De hecho, desde 2018 ya ha habido trece 'avisos de Sección 114' (el mecanismo de quiebra que tienen los ayuntamientos). Hasta llegar a ese año solo se había producido una bancarrota desde el año 2000 y todos dan por hecho que se viene un verdadero tsunami.
Técnicamente, los ayuntamientos de Reino Unido no cuentan con un mecanismo de quiebra al uso. Para declararse incapaces de asumir sus deudas y sus gastos corrientes recurren a la 'Sección 114'. En el momento en el que una administración lanza este aviso se compromete legalmente a bloquear cualquier nuevo gasto durante 21 días en los que presenta un nuevo presupuesto. Entonces, si el Gobierno acepta esas cifras, puede emprender la recaudación de ingresos extraordinarios por ventas de activos o, incluso, recurrir al "apoyo financiero extraordinario".
Por ejemplo, el ayuntamiento de Somerset, que está al borde de la crisis, explica que "hemos analizado todos nuestros servicios no imprescindibles para buscar ahorros y hemos tomado una serie de decisiones desgarradoras y desagradables, como recortes en los servicios, subidas de impuestos y tasas, reservas para gastos, venta de activos y propiedades, y un programa de transformación de arriba a abajo que reducirá el tamaño de nuestra fuerza laboral en más de un 20%".
Esta fórmula de rescate ha costado 2.500 millones de libras solo con los ayuntamientos que ya han quebrado, con la ciudad más grande, Birmingham, recibiendo 1.200 millones. Ante una oleada de quiebras como las que se esperan para la próxima legislatura, Downing Street tendría que emprender un programa de rescate a gran escala. De hecho, desde la Asociación de Gobiernos Locales (LGA) explican que estos 'rescates' que tiene que asumir el estado por la caída de los concejos ya han generado un agujero acumulado de 6.400 millones desde 2020, tras crecer a un ritmo de unos 1.400 millones anuales. Ahora esperan que esa cifra continúe 'in crescendo' con la entrada en la próxima legislatura y cuando nuevas administraciones pidan ayuda.
Jonathan Carr-West, director ejecutivo de LGIU, dijo que en la última encuesta sobre todos los ayuntamientos, estos concluían que la "situación financiera de los concejos es desesperada y ruinosa". Hasta ahora, Carr-West señala que los ayuntamientos estaban sosteniéndose gracias principalmente a "recortes, préstamos y gastar reservas". Sin embargo, la inflación desatada y unos tipos de interés elevados han acelerado de forma crítica este problema estructural. De momento los municipios que ya se han acogido a la 'Sección 114' están vendiendo activos para tapar agujeros y la mayoría piden tener acceso a otras fuentes de ingresos, vetadas por la actual legislación.
Thatcher y Cameron
Los orígenes de la crisis se remontan muchas décadas atrás. En concreto, a decisiones tomadas por dos primeros ministros conservadores, Margaret Thatcher y David Cameron, que se convirtieron en bombas de relojería que han acabado por explotar mucho tiempo después de su marcha.
La primera mujer en ocupar el 10 de Downing Street vivió el repentino final de su carrera política por un proyecto aparentemente muy menor para una política que reformó el Estado británico de arriba abajo: un cambio al sistema de impuestos locales. Thatcher propuso que cada municipio implantara un impuesto único que sería igual para todos sus ciudadanos, independientemente de su renta, el tamaño de su vivienda o cualquier otra circunstancia (aunque con bonificaciones especiales para los más pobres). Aquella reforma incendió las calles de Escocia, hundió el apoyo al Partido Conservador en las encuestas y llevó a los diputados 'tories' a deponer a su incombustible líder en una rebelión cuyas heridas aún no se han cerrado del todo.
La solución de su sucesor, John Major, fue recuperar un impuesto basado en el precio de la vivienda, similar al IBI español. El problema es que, con las prisas para reformar el sistema que había implantado Thatcher lo antes posible, la ley dejó muchísimos agujeros. Por un lado, la tasación de las viviendas, que determina el impuesto a cobrar, se basa en los valores de 1991. A estas alturas, los precios de la vivienda en muchos lugares se han disparado, de forma que muchas casas que hoy cuestan casi un millón de libras están pagando niveles mucho más pequeños de impuesto de lo que les correspondería, mientras que otras construidas más adelante tienen que someterse a una tasación basada en los precios de 1991, cada vez más difícil de aplicar. Y el hecho de que no haya habido una revaluación general de los valores y las tasas a pagar desde entonces ha obligado a que sean los propios ayuntamientos los que tengan que subirlas cada año para todos sus ciudadanos, normalmente en torno al 5% anual, que es lo que permite la ley.
Aquella reforma apresurada debilitó la capacidad de financiarse de los ayuntamientos, pero aún estaban las ayudas del Gobierno central, que en 2010 duplicaban los ingresos por el impuesto local: 46.000 millones de libras llegaban desde Londres, frente a los poco más de 20.000 millones que recaudaban directamente de sus ciudadanos. Pero la llegada de Cameron a Downing Street inauguró una década de austeridad y recortes que golpeó de lleno a los municipios. Las transferencias del Tesoro nacional se hundieron a 28.000 millones en 2020, un 40% menos. El resultado es que, pese a las subidas constantes de sus impuestos, los ayuntamientos perdieron un 15% de poder adquisitivo de media entre 2010 y 2022, según los cálculos del Institute for Government. Un agujero en las cuentas que solo se puede cuadrar con recortes de servicios y que les deja al borde de la bancarrota si ocurre el más mínimo problema local.
Cómo cerrar el agujero
Para evitarlo, el Gobierno ha autorizado numerosas subidas a los impuestos locales, con las que espera que este año recauden 64.000 millones de libras, un 6,5% más que el año pasado. Sin embargo, las ayudas del Gobierno central siguen clavadas en los 28.600 millones de libras, un aumento de 600 millones que ayuda pero no arregla la raíz de los problemas. Sin ir más lejos, un informe parlamentario publicado el mes pasado apunta a que sigue habiendo un agujero de 4.000 millones, ante la fuerte inflación acumulada y el aumento de la demanda de cuidados a mayores, entre otros costes.
Una solución que se ha planteado es flexibilizar a gran escala su capacidad para acceder a financiación a través del mercado y la venta de activos, evitando así las quiebras. Sin embargo, desde LSE no tienen claro que arreglar este problema sea tan sencillo como flexibilizar las normas financieras para permitir el acceso a una mayor parte de la recaudación de impuestos. De hecho, creen que puede provocar un caos inmobiliario con pocos precedentes al tiempo que se descapitalizan a través de la venta de activos. "Hay un peligro claro de que, desesperados por obtener efectivo, los ayuntamientos liquiden al mejor postor activos con un potencial mucho mayor". En ese sentido señalan que "vender activos es una solución a corto plazo."
Desde la Universidad de Northumbria proponen cuatro medidas que deben aplicarse para evitar estas quiebras masivas. Kevin Muldoon-Smith y Mark Sandford defienden que hay cuatro caminos por los que esta crisis incipiente puede esquivarse. Las tres primeras 'rutas' para solucionar este problema pasan por un mayor acceso a los impuestos por parte de los ayuntamientos, una comisión permanente que permita más capacidad para negociar a las instituciones con el Gobierno y una reevaluación de las cuantías por las transferencias que reciben actualmente. La última propuesta es "un traspaso de impuestos nacionales a las instituciones locales" y ponen como ejemplo a Alemania, donde el 25% de lo recaudado por el IVA va a los ayuntamientos en función de sus necesidades.
Pero el mayor problema para el Reino Unido es el complejo enfoque de su administración local. El país era, hasta hace poco, uno de los más centralizados del mundo: cuatro naciones, ocho regiones inglesas y una infinidad de ayuntamientos eran gestionados personalmente por el primer ministro y su Gobierno desde Downing Street. Tony Blair empezó a devolver poderes a todas las áreas que los pidieran, pero el resultado ha sido que el país se ha convertido en un galimatías de parroquias, municipios, concejos, autoridades combinadas, distritos, condados, regiones y naciones, algunas con todos los poderes, otras con unos pocos o sin ellos; áreas de gobierno local compartidas por varios municipios, otras individuales, algunas con alcalde, otras con un 'líder de concejo'... Uno de los deberes pendientes del próximo Gobierno es crear un nuevo sistema que acabe con las duplicidades y la confusión y permita al Reino Unido entrar en una nueva etapa.
