Las comunidades autónomas lideran la creación del empleo público en los últimos cinco años y copan ya cerca del 60% de este auge. Entre el último trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2023, los asalariados de las autonomías han aumentado un 16,7%, hasta los 2,13 millones de trabajadores, según registró la última Encuesta de Población Activa (EPA). Las autonomías no son, sin embargo, las únicas que están en alza. De hecho, la Seguridad Social es la que más ha incrementado su plantilla, pasando de 21.600 funcionarios en el último trimestre de 2018 hasta los 34.600 en el mismo periodo de 2023. Esto supone un crecimiento del 60,2%.
La Administración local también ha seguido esta tendencia y ha elevado el número de funcionarios un 6,8% hasta superar los 700.000 empleados públicos. Aunque el número está estancado desde el cuarto trimestre de 2022. También crece significativamente el número de funcionarios en las empresas e instituciones públicas, con un aumento del 27,6% entre el cuarto trimestre del 2018 y el mismo periodo del 2023; sin embargo, en este caso el volumen es muy inferior y ronda los 180.000 trabajadores. Todo lo contrario ocurre en la Administración central, pues ha recortado en ese mismo periodo un 3,1% los empleos públicos, hasta los 527.000 en el último trimestre de 2023.
En total, el empleo público se ha elevado un 11,9% entre el cuarto trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2023, hasta los 3,6 millones de efectivos. Además, si se compara en tasa interanual, se aprecia un auge del 2% que se puede explicar por el fenómeno electoral. Ahora bien, del total de efectivos públicos, las comunidades autónomas acaparan ya seis de cada diez empleos públicos en España.
Por comunidades autónomas
La plantilla de funcionarios en las comunidades autónomas crece con fuerza, más allá del personal que trabaja en la administración regional. Islas Baleares, Canarias y Navarra son las que más han aumentado el número de trabajadores públicos en total y casi elevan ya un 30% la cifra en comparación con 2018, según los últimos datos publicados en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de julio de 2023—aunque los datos son a cierre de 2021—.
Si se pone el foco por autonomías, el caso más llamativo es el de Baleares que ha pasado de 56.008 funcionarios en julio de 2018 hasta los 71.049 trabajadores, según los últimos datos disponibles. Esto supone un incremento del 27%, un incremento muy similar al de Canarias, que tiene 151.520 efectivos públicos. Cierra el podio Navarra, con un aumento del 22,5%, hasta 45.804 empleos públicos. Estas tres comunidades autónomas, que lideran el alza en el número de funcionarios, estaban gobernadas por el PSOE. Aunque en el caso de Canarias y Baleares, los socialistas tuvieron que ceder el control a Coalición Canaria y el Partido Popular respectivamente tras las elecciones de mayo de 2023.
Por regiones, Andalucía es con mucha diferencia la que acapara un mayor número de trabajadores públicos. Son un total de 526.445, según los últimos datos desglosados por comunidades autónomas. A continuación le sigue la Comunidad de Madrid, con 439.985, aunque en este caso hay que tener en cuenta que la mayor parte de los funcionarios de la Administración trabajan en la capital. La tercera en el ranking es Cataluña, con 361.452 trabajadores. Y ya por detrás están la Comunidad Valenciana, con 282.630; Castilla y León con 176.374 y Galicia, con 173.573.
Subida salarial
En plena oleada de contratación de empleados públicos, el PSOE y Sumar han blindado la subida salarial del 2% aprobada para los empleados públicos en 2024 al desvincularla de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y tramitarla vía enmienda del decreto anticrisis que avalará la Comisión de Hacienda dentro de un mes. El incremento del 2%, con la opción de un 0,5% adicional que dependerá de la evolución de la inflación, llegará antes de lo pensado al no depender ya de las cuentas públicas. De hecho, la decisión de los socios de Gobierno asegura la subida para los funcionarios, independientemente de que finalmente la ley de Presupuestos no apruebe el examen parlamentario y sigan prorrogados.
El Gobierno espera que el proyecto de ley derivado del decreto se apruebe en abril y entre en vigor ese mismo mes, por lo que los funcionarios recibirán el alza en el cuarto mes del año con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esto adelanta los plazos que derivarían de esperar a los Presupuestos, que aún no se han aprobado en Consejo de Ministros y cuya tramitación parlamentaria se extenderá dos meses. El 0,5% adicional no lo consolidarán hasta 2025, pues hay que comprobar si la inflación supera a la subida de los salarios este año. De confirmarse, la subida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
