Las comunidades autónomas acaparan ya seis de cada diez empleos públicos en España. Del total de 3,52 millones de efectivos a cierre de último trimestre de 2022 que trabajan para la Administración, hay ya 2,1 millones de personas que formaban parte del personal de las autonomías, según los datos de la EPA hechos públicos ayer. La cifra supone un récord absoluto y un crecimiento del 23,5% respecto a hace solo cinco años con 350.000 empleados más de los que había al cierre de 2017.
La administración autonómica no es, sin embargo, la única que bate récord de contratación pública. También lo hace la local. Los ayuntamientos, diputaciones y otros organismos suman así ya 704.000 trabajadores, casi 90.000 más que hace cinco años, lo que supone un crecimiento del 14%. La administración central suma 524.000 y aunque crece también en los últimos cinco años se aleja, en cambio, del récord alcanzado en 2020 cuando llegó a sumar casi 555.000 puestos de trabajo entre funcionarios y personal laboral.
En conjunto, si se suma el empleo público de todas las administraciones del Estado, España ha superado ya la barrera de los 3,52 millones de empleos públicos. Son 51.000 más que en 2021 y hasta medio millón por encima de los que había hace solo cinco años. Además de la administración pública del Estado, las autonomías y los ayuntamientos, hay contabilizar también, por ejemplo, otros 158.700 empleos en empresas e instituciones y 26.400 en la Seguridad Social.
Por comunidades autónomas, sumando el empleo de todas las administraciones del Estado, Andalucía es con mucha diferencia la que acapara un mayor número de trabadores públicos. Son un total de 620.700, es decir, prácticamente el 20% del total. A continuación le sigue la Comunidad de Madrid, con 517.900. Es un 16% sobre el conjunto de España, aunque en este caso hay que tener en cuenta que la mayor parte de los funcionarios de la Administración del Estado trabajan en la capital.
La tercera en el ranking es Cataluña con 487.000 trabajadores, un 15,2% del total. Y ya por detrás están la Comunidad Valenciana, con 355.000; Castilla y León con 220.000 y las Islas Canarias con 175.000 empleados públicos en conjunto. Navarra y Cantabria son, en cambio, las comunidades autónomas que menos empleo público tienen, con menos de 50.000 en cada uno de los dos casos.
El peso del sector público catalán triplica casi al de Madrid, cuyo Gobierno autonómico mantiene una férrea apuesta por la liberalización de la economía. De acuerdo con los últimos datos del IGAE (Intervención General del Estado), el número total de empresas y entes dependientes de la Generalitat de Cataluña se eleva a un total de 289, frente a las 115 existentes en Madrid. Entre ambas regiones, no obstante, está Andalucía, que suma 144 empresas adscritas a la Junta. Si se tienen en cuenta todas las administraciones, Cataluña suma ya más de mil sociedades públicas.
Por detrás ya de Cataluña, Andalucía y Madrid aparecen el País Vasco con 104 empresas y entidades públicas; Galicia, con 97; Comunidad Valenciana, con 89; Aragón con 62 e Islas Canarias con 55. Las comunidades autónomas, en cambio, donde el sector público tiene un peso más pequeño son, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, La Rioja, que tiene 20; Castilla-La Mancha, con 27 y Cantabria, con 40 firmas.
Cambio generacional
A principios de 2022 se aprecia un leve descenso del personal pública, y no es de extrañar cuando el 64% de los empleados eran mayores de 50 años. Según fuentes del ministerio de Hacienda y Función Públicas, esto se debe a "las jubilaciones que se dieron en los años previos y que aún no se ha contrarrestado con las oposiciones públicas de empleo, ya que ahora se está ejecutando la de 2019, que es la primera con tasas de reposición elevadas". Esto explicaría la cifra récord en personal pública con la que se cerró el año.
El estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado demuestra que entre 2014 y 2021, 63.923 empleados se retiraron y solo se incorporaron 32.037 en cinco años. Las bajas son mayores que las nuevas incorporaciones, por lo que no se pueden suplir rápidamente estos puestos de trabajo. No obstante, ya en 2021 la tendencia empezó a cambiar y fue el primera "año en el que las altas han superado a las bajas", alega el documento.
