Valencia
El Gobierno valenciano de Carlos Mazón estima que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez puede tener un impacto de 1.793 millones de euros por la congelación de los recursos del sistema de financiación autonómica para este año. Por ese motivo la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha reclamado este viernes al Gobierno que apruebe de forma urgente un decreto-ley que permita actualizar las entregas a cuenta y que el Estado aporte así los fondos que anunció Montero a las CCAA pese a la congelación presupuestaria.
Según explica el Gobierno valenciano, en el caso de la Comunidad Valenciana el importe de las entregas a cuenta comunicado para 2024 ascendía en total a 12.555 millones, mientras que la liquidación provisional del ejercicio 2022 se eleva a 2.699 millones de euros. En total, los recursos que la Generalitat debía recibir este año supera los 15.254 millones de euros, 1.793 millones más que los liquidados en 2023 por ambos conceptos.
La prórroga de los PGE de 2023 en principio implica que las CCAA no recibirán las entregas a cuenta actualizadas conforme a las previsiones comunicadas por el propio Ministerio de Hacienda, al mismo tiempo que reducirá de forma significativa la liquidación del ejercicio 2022, que se abona en 2024, porque varios de los fondos que lo componen tienen naturaleza presupuestaria y con la prórroga no pueden aumentar, apuntan desde la Conselleria de Hacienda.
Según Ruth Merino, "pese a que la ministra de Hacienda presume de que las comunidades autónomas recibirán este año la mejor financiación de su historia, la realidad es que esto no se ha traducido de momento en una mejora de los ingresos este año y no será así mientras el Gobierno no actualice estas entregas".
Solución urgente
Por ello desde la Generalitat Valenciana se reclama que el Gobierno aborde con urgencia la fórmula más efectiva para asegurar ya esos ingresos para las CCAA, ya que el Ejecutivo tiene la posibilidad de aprobar un decreto-ley que permita actualizar las entregas a cuenta para cumplir con las autonomías.
La consellera de Hacienda ha exigido a la ministra Montero y a Pedro Sánchez que, del mismo modo que pusieron en marcha toda la maquinaria para acelerar la aprobación de los presupuestos, ahora "demuestren la misma urgencia para aprobar el Real Decreto-ley que permita a las comunidades autónomas disponer cuanto antes de los recursos a los que el Gobierno se comprometió este año".
El parche del Gobierno
El Ejecutivo central da por hecho que actualizará las entregas a cuenta, pero la fórmula que prevé es otra. Así, el PSOE registró el jueves varias enmiendas al decreto anticrisis para actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un trámite que suele incluir en el proyecto de presupuestos.
Con esta iniciativa parlamentaria, Moncloa asegura la llegada de los recursos que el Estado concede con antelación a regiones y entidades locales. El reparto se establece en función de las previsiones de recaudación tributaria, que -según la enmienda socialista- escalarán hasta los 235.760 millones de euros. La cifra se sitúa por debajo de los ingresos esperados para 2023, año en el que Hacienda estima haber recaudado más de 292.000 millones de euros.
Merino se mostró muy crítica con la decisión de Pedro Sánchez tras la convocatoria de elecciones en Cataluña y ha lamentado que el "sometimiento" del Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas y su renuncia a continuar con la elaboración de los presupuestos. Para la consellera, la "irresponsabilidad" de Sánchez de eludir el mandato constitucional de elaborar los PGE al no tener asegurados los apoyos de los partidos independentistas catalanes para aprobarlos tras la convocatoria de elecciones en Cataluña supone un "grave perjuicio para las Comunidades Autónomas".
