Bilbao
Los gobiernos central y vasco firmarán el 11 de marzo la transferencia a Euskadi de tres competencias: el servicio de cercanías ferroviarias, la homologación de títulos extranjeros y la acogida de personas refugiadas. De esta manera, se cumple el acuerdo alcanzado entre ambos Ejecutivos de materializar estos traspasos en el primer trimestre del año, uno de los retos del lehendakari, Iñigo Urkullu, del final de su legislatura.
El traspaso de estas competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, forma parte del acuerdo entre el PSOE y el PNV por el cual la formación jeltzale apoyó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el pasado mes de noviembre.
De esa forma, ambos gobiernos firmarán la transferencia de las competencias sobre el servicio de cercanías ferroviarias, la homologación de títulos extranjeros y la acogida de personas refugiadas en un encuentro de la Comisión Mixta de Transferencias, que se celebrará por vía telemática.
El pasado 23 de febrero, en la ponencia técnica celebrada se alcanzó el acuerdo para las transferencias de la competencia del servicio de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías y homologación de títulos universitarios extranjeros a Euskadi.
La valoración económica, según la metodología del Concierto Económico, señala que el coste total anual a nivel estatal asociado al presente traspaso de funciones y servicios ascendería a 92,7 millones de euros. El acuerdo recoge la gestión por Euskadi de los servicios de trenes de cercanías existentes en Bizkaia y Gipuzkoa, así como la posibilidad de declarar otros servicios de cercanías, en Álava entre otros.
Inversiones de 400 millones
El acuerdo prevé que Euskadi se subrogará en la posición del Estado en el contrato que tiene con la operadora Renfe Viajeros, que es la empresa operadora de los servicios de cercanías que se traspasan. El contrato actual finaliza en diciembre de 2027. Renfe seguirá siendo la que preste los servicios hasta esa fecha, si bien el acuerdo recoge un catálogo y cronograma del material rodante a renovar, así como un plan de inversiones en las infraestructuras de ADIF en el País Vasco. Se estiman unas 100 actuaciones por un valor aproximado de 400 millones de euros.
Las funciones que asume la Comunidad Autónoma del País Vasco comprenden la regulación, la planificación, la gestión, la coordinación y la inspección de dichos servicios, así como la potestad tarifaria sobre los mismos, los horarios y las frecuencias.
El segundo de los traspasos supone que el departamento vasco de Educación se encargará de la homologación de títulos extranjeros a títulos estatales que permitirán el acceso a una profesión regulada.
Finalmente, el pasado miércoles se acordó la tercera de las transferencias en materia de inmigración: con ella el Gobierno Vasco asume el desarrollo de la gestión integral del proceso de acogida de las personas refugiadas o asiladas, de forma que posibilitará el acceso al sistema educativo, a la vivienda o al mercado laboral.
