La resaca de la convalidación de dos de los tres Reales Decretos-Ley del pasado miércoles en el Congreso, reunido en la sede del Senado, nos ha dejado algunas sorpresas. Alguna de ellas, como la delegación de la competencia de inmigración a la Generalitat de Catalunya, parece particularmente compleja, tanto porque es una competencia exclusiva del Estado según la Constitución, y también por razones prácticas. Sin embargo, la publicación "inmediata" de las balanzas fiscales parecería, a priori, más sencilla. De hecho, estas balanzas se estuvieron publicando hasta 2017, con el término de "cuentas públicas territorializadas" y siguen estando disponibles en la propia web del Ministerio de Hacienda. El último ejercicio publicado es el del año 2014.
Pero, para publicar algo, primero hay que elaborarlo. Y sobre esta cuestión, no hay consenso. De hecho, la Generalitat de Catalunya, bajo la presidencia de Carles Puigdemont, discutió los resultados de las balanzas fiscales, que ahora ha exigido publicar inmediatamente. Precisamente por eso, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aclarado este compromiso del Gobierno con Junts, señalando que lo que se va a hacer, es poner los datos a disposición de las Administraciones para que los interesados elaboren sus balanzas fiscales.
¿De qué hablamos cuando hablamos de balanzas? Habitualmente se entiende por balanza un instrumento que sirve para pesar, para medir la masa. Este concepto se emplea también en economía para definir un ejercicio consistente en comparar dos magnitudes opuestas, habitualmente relativas a un territorio. Así, por ejemplo, hablamos de la balanza comercial de un Estado que mide sus exportaciones, o ventas al exterior, e importaciones o compras al resto del mundo. La diferencia es el saldo, el déficit o superávit comercial. Este ejercicio también se puede realizar en el ámbito de los impuestos. La balanza fiscal debería medir tanto los impuestos que pagan los ciudadanos de un territorio como el gasto realizado allí.
El principal problema es que al igual que hay balanzas homologadas, no homologadas y simplemente trucadas, esto sucede también en economía, y aún más cuando estas "balanzas" se utilizan políticamente. Las balanzas comerciales están homologadas y no hay diez datos "oficiales" de déficit comercial de España en 2022, hay uno. Sin embargo, las balanzas fiscales tienen diferentes metodologías que arrojan resultados muy dispares. Y apenas se utilizan en el contexto internacional.
Para hacernos una idea de por qué todo esto no es tan fácil como parece, lo primero es comprender que no es precisamente fácil determinar ni los impuestos que se pagan en un territorio ni tampoco el gasto realizado allí, y que existen varias formas de medirlo. Empezando por los impuestos, los que generan más problemas son los indirectos. Por ejemplo, el impuesto especial de hidrocarburos se paga a salida de refinería por las empresas petrolíferas. Si esta empresa tiene su sede en Madrid, pagará allí el impuesto.
Sin embargo, el que realmente soporta, desde un punto de vista económico, el impuesto es usted, lector, cuando llena el depósito de su coche, y a lo mejor vive en otro sitio, que no es Madrid. Algo similar ocurre con el IVA, que también ingresan las empresas y que soporta y paga realmente el consumidor. Aquí la solución técnicamente correcta es repartir la recaudación de los impuestos en función del lugar de realización del consumo.
Además, en cuanto a los impuestos directos, lo que da más problemas es el impuesto de sociedades. Volviendo a nuestra empresa petrolífera, si ésta ingresa el impuesto de sociedades en Madrid, ¿a qué comunidad autónoma habría que imputar el ingreso fiscal, y en qué proporción? Esto, al final es responder a la pregunta de en qué territorio obtienen los beneficios las empresas, dónde compran, dónde venden, dónde fabrican. La cuestión es extraordinariamente complicada y uno de los problemas más importantes de la fiscalidad a nivel mundial.
En cuanto a los gastos, hay varios criterios, pero los dos más importantes son: ¿dónde se gasta? y ¿dónde están los beneficiados por el gasto? Si seguimos el primer criterio hablamos del criterio del flujo monetario, que mediría dónde se gasta el dinero, aunque sus beneficiarios estén en otro lugar; así construir una vía de tren Madrid-Galicia puede ser un flujo monetario invertido en Castilla y León. Sin embargo, según el flujo de beneficio, el gasto podría considerarse en Madrid o Galicia. En fin, un pequeño lío.
Por último, todas estas balanzas fiscales pueden "trucarse", es decir ajustarlas al ciclo económico. Este ejercicio consiste en considerar una situación donde en España se gastase lo mismo que se ingresase, es decir déficit cero. Esto puede permitir ver con más claridad cómo serían, según las distintas hipótesis las transferencias entre ciudadanos de distintos territorios. Sin embargo, es alejarse de la realidad actual: en una España confederada más que territorios que financian a otros, habría más bien territorios con distinto nivel de déficit público, que todos tendrían que financiar.
Los territorios no pagan impuestos, lo hacen las personas. Por eso, la utilidad del ejercicio de las balanzas fiscales es bastante limitado, incluso aunque hubiese un mínimo consenso en cómo "homologarlas". En realidad, lo que parece perseguir Junts es una justificación para volver al eslogan de "Espanya ens roba". Pero, la transparencia es positiva y necesaria. Los datos estaban y siguen estando disponibles. Y este ejercicio que suponen las balanzas fiscales puede arrojar algunas luces.
Por ejemplo, que los residentes en Madrid y Cataluña, que son territorios más ricos e industrializados que la media, tuviesen un saldo negativo, respectivamente de 19.205 y 9.892 millones de euros en las cuentas públicas territorializadas de 2014 es muy sencillo de explicar y se llama solidaridad territorial. Sin embargo, que el País Vasco, la segunda comunidad más rica, tuviese un saldo positivo de 3.392 millones no sólo implica que no haya solidaridad territorial, sino que lo estuviese haciendo en sentido inverso. La clave de esta "singularidad", como explico en mi libro, Y esto, ¿quién lo paga? (Debate 2023), está no sólo como se cree en el cálculo del cupo, sino fundamentalmente, en el reparto del IVA. Las Diputaciones Forales Vascas cobran entre un 7,17% y un 8% del IVA total recaudado en España. Sin embargo, el consumo del País Vasco respecto del total de los territorios, en los que se aplica el IVA en España, está aproximadamente en el 6%. Aún así, como establece la ley del cupo, todos los años esta comunidad percibe un ajuste fiscal positivo de la Agencia Tributaria, que el año 2022 ascendió a 2.798 millones de euros.
Dado que Junts per Catalunya no tiene ningún compromiso con la solidaridad entre todos los españoles parece lógico que reclamen un sistema de financiación "singular" para esta comunidad, "que tenga un resultado similar" al del concierto económico vasco. Sin embargo, la extensión, aunque sólo fuese a Cataluña, que tiene una economía unas 3,5 veces el tamaño del País Vasco, de un sistema como éste, simplemente no se puede pagar sin dañar gravísimamente la financiación de los servicios públicos fundamentales en los demás territorios. La transparencia es imprescindible, aunque las balanzas fiscales son un ejercicio discutible. Pero, aunque las balanzas se puedan elaborar para todos los gustos, al final, si las cuentas no son reales y no cuadran, entonces se quedan simplemente en cuentos, que sólo sirven para "justificar" agravios.
