Madrid
El Ministerio de Sanidad avanza en su Real Decreto de Fijación de Precios, un texto anhelado tanto por la industria farmacéutica como por pacientes para mejorar el acceso de los nuevos tratamientos a la sanidad pública. Para establecer las reglas, aún en discusión, el departamento de Mónica García trabajará sobre un documento de sus técnicos a los que este medio ha tenido acceso elEconomista.es.
Según se explica en el informe, el análisis coste-utilidad será el tipo de evaluación fármaco económica que prevalecerá sobre el resto de opciones. "Presenta como principal ventaja el utilizar una medida homogénea que sintetiza el impacto sobre la supervivencia y la calidad de vida relacionada con la salud de las alternativas evaluadas. La medida más empleada en este caso es el Año de Vida Ajustado por Calidad (AVAC)", reza el texto.
Traducido a un lenguaje menos técnico, lo que se pretende es ofrecer un precio a una terapia en función de la calidad de vida que aporten al enfermo, además de tener su eficacia y seguridad pertinentes. Según algunos expertos consultados, la gran diferencia que existe con la modalidad actual es que el modelo de coste-efectividad los resultados no se miden en magnitudes clínicas, "sino en un nuevo tipo de medida que relaciona la eficacia y efectividad del tratamiento en cuestión con el grado de calidad de vida que se alcanza al concluir de procedimiento analizado". Es decir, un fármaco que promete un año de vida, pero en una situación de hospitalización tendrá menos valor que uno que prometa ocho meses si permite hacer una vida más o menos normal.
Según los técnicos del ministerio, la gran ventaja de este tipo de análisis para el decisor es que la medida de resultado es común en distintas evaluaciones y permite comparar resultados de evaluaciones realizados en áreas terapéuticas diferentes. "Ello ayuda a la coherencia de las decisiones en el proceso de asignación de recursos y favorece la transparencia y la rendición de cuentas", dicen.
Hasta la fecha, el valor de un AVAC ha estado en varias discusiones académicas. La última aproximación que se realizó es que se ofreciera desde las instituciones públicas 25.000 euros por cada año de vida ajustado a la calidad de la misma. Sin embargo, en el documento que maneja ahora Sanidad no hay ningún precio.
