Madrid
Más de 100 economistas, empresarios, académicos y periodistas han firmado una carta conjunta en la que cargan contra la política económica del Gobierno de coalición. En la misiva abordan una crítica colectiva contra la "agenda intervencionista y liberticida" y consideran que la economía "va a menos". Hacen un repaso y especial énfasis en las cuentas públicas, la política fiscal y en las laborales como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La evolución de la deuda pública en España desde la crisis financiera y la posterior de deuda, en plena época de austeridad a nivel europeo, ha provocado que España lleve pagando sobrecostes en intereses a través de más deuda 17 años consecutivos. "Los españoles soportan la mayor presión tributaria de la historia", lamentan. Actualmente, el pasivo sobre el PIB ha descendido por debajo del 110% en buena parte por el efecto de la inflación sobre el conjunto nominal del PIB. En términos nominales, la deuda pública ya supera los 1,5 billones de euros tras sumar casi 1,2 únicamente desde 2008.
Este es uno de los puntos que más preocupa al grupo de profesionales, que ya ven la vuelta de las reglas fiscales a nivel comunitario como un riesgo a presente y futuro. "La suspensión hasta diciembre último de las reglas fiscales europeas vienen disfrazando los desequilibrios de la economía española, al tiempo que agrandan los riesgos futuros", argumentan. Por ello, urgen al Gobierno a abordar un "saneamiento del gasto público que permita equilibrar las cuentas".
Defienden que la economía española "lejos de ir como una moto, va a menos". Su tesis se apoya en que 2024 será el año con menor crecimiento, en base a las actuales previsiones, desde 2014 si se excluye el año de la pandemia "aun contando con los "dopajes" de los fondos europeos y un gasto público que continúa inflando la demanda". "La productividad (PIB por ocupado) está en caída: entre 2018 y 2023 cayó cerca de 4%, el peor resultado entre los países avanzados. Mientras, España continúa mostrando la mayor tasa de paro de Europa", apuntan.
Privatización y seguridad jurídica
Su receta para aliviar el gasto superfluo del Estado y detener el aumento de la deuda pasa por privatizar las empresas estatales, amortizar el pasivo con esos recursos y estimular la inversión privada. En ese hipotético escenario, apostaría por reducir impuestos para aliviar los costes de producción y ganar terreno en competitividad-precio, también actuando sobre la carga regulatoria de las pequeñas y medianas empresas.
"Lejos de comprender la fragilidad del momento económico, el gobierno parece embarcado en una agenda intervencionista y liberticida que no puede tener un final feliz. Se acaba de elevar el salario mínimo de forma arbitraria y ajena a la ley. Además, el gobierno amenaza con reducir la jornada laboral de manera compulsiva, topar los salarios de los directivos, encarecer el despido y sentar a representantes de los empleados en los consejos de administración", explican en su comunicado.
"Todas medidas que atacan el derecho de propiedad, la libertad de contratación y 'la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado' que establece el ar?culo 38 de la Constitución Nacional. También son formas de seguir debilitando la seguridad jurídica", cierran la carta.
Entre los firmantes se encuentran Daniel Lacalle, Carlos Rodríguez Braun, Marcos de Quinto, Lorenzo Bernaldo de Quirós, Benito Arruñada, José Ramón Riera, Elvira Rodríguez, Manuel Llamas, Carmen Tomás, Miguel Ángel Belloso y Rubén Manso.
