La nueva sociedad pública SETT dotada con 20.000 millones no solo habilitará al Estado para invertir en empresas estratégicas, como Telefónica. También permitirá extender a más allá de agosto de 2026 la ejecución de los fondos NextGen. Dicha fecha es el plazo que Bruselas dio a los países para desembolsar la ayuda. De hecho, el comisario Paolo Gentiloni descartaba recientemente en elEconomista.es alargar el plazo. Con todo, Bruselas considera la ejecución completada si el dinero se transfiere a una empresa que reúna unos requisitos concretos que la SETT podría cumplir. El Ejecutivo, por tanto, maniobra y gana tiempo para desplegar los fondos. Pero eso no debería servir de excusa para que mejorara la deficiente gestión que actualmente arrastra en los NextGen.
