El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos de financiación de las comunidades autónomas con los que se calculan las balanzas fiscales. Ésta fue una de las exigencias de Junts para respaldar la investidura de Pedro Sánchez. No obstante, con los datos que se han presentado hasta el momento, se demuestra que Madrid aporta cinco veces más que Cataluña a las arcas del Estado en 2021. Concretamente, 5.177 millones de euros, frente al saldo en negativo de su vecina condal de 146 millones de euros.
Estos números provienen de sumar los cuatro fondos principales de la balanza fiscal: Garantía -la caja común que tiene por objeto que cada región reciba los mismos recursos para financiar sus servicios públicos-, Suficiencia -cubre la diferencia entre las necesidades de gasto de cada autonomía y su capacidad fiscal en el año base del sistema-, Cooperación y Competitividad -para promover un equilibrio económico territorial que favorezca la igualdad y la equidad-.
Aún así, estos datos, aún preliminares, no demuestran si Cataluña está infra financiada. La región que preside Isabel Ayuso contribuyó con 4.619 millones de euros al Fondo de Garantía del sistema de financiación autonómica en 2021, mientras que Cataluña aportó 1.697 millones, es decir tres veces menos que la capital. Otra de las autonomías que más ha aportado en este epígrafe es Baleares con 426.369,7 euros. Al otro lado de la balanza se posiciona Andalucía como la región que menos aporta a la caja común (-4.965.643 euros), seguida de Canarias (-3.041.555 euros).
Si consideramos también el Fondo de Suficiencia, la contribución de Madrid asciende a 5.465 millones de euros, mientras que Cataluña recibe 732 millones de este fondo, es decir, casi un 87% menos.
En cuanto al fondo de cooperación, ambas regiones no aportan presupuesto a las arcas comunes, pero si atendemos al fondo de competitividad, Madrid recibe 288.653 euros frente al 1.111.099 de euros que obtiene Cataluña.
En general, las regiones más desarrolladas como Madrid, Cataluña y Baleares suelen tener déficits fiscales, ya que aportan más de lo que reciben. Por el contrario, regiones menos desarrolladas como Extremadura suelen recibir más de lo que contribuyen. No obstante, Andalucía, es la autonomía que más recibe en números absolutos.
Una balanza sin consenso
En declaraciones a este diario, el economista Ángel de la Fuente, coautor de las últimas balanzas fiscales que realizó el Ministerio de Hacienda con datos de 2014, indica que desde Fedea ya están preparando un listado de peticiones de datos que consideran necesarios para calcular las balanzas y todavía no han sido publicados por el Gobierno: "El grado de agregación de los datos disponibles es demasiado alto. Falta información adicional para imputar ingresos y gastos".
En este sentido, expone que la base de datos publicada se centra en el programa presupuestario y la inversión real, pero falta un mayor nivel de detalle, así como información territorializada de otras partidas de gasto como las transferencias de capital, "que van muchas veces a inversiones", de sueldos y salarios.
Precisamente, estos son los principales puntos que enfrentan a las autonomías. La falta de concreción consenso y de criterios comunes con la que se ha publicado una balanza fiscal sin homologar, que podría derivar en un uso político por parte del PSOE –en concesión a Junts– y de cada región, tal y como trasladan a este medio fuentes de varias consejerías autonómicas: "solo genera ruido y confusión".
"Estos datos han sido publicados con el único objetivo de cumplir con el mandamiento de sus socios independentistas para que Cataluña pueda de nuevo decir que hay un de acuerdo con su balanza fiscal", rechaza también Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo. "O se hace de forma coordinada y por órganos independientes, o lo que tendremos serán balanzas que en realidad no sirvan para nada y no se puedan utilizar para hacer comparaciones entre regiones", indica.
De la Fuente también señala que el Instituto de Estudios Fiscales no detalla cómo se ha hecho la territorialización de esta primera información de partida, por ejemplo, cómo se han repartido los trenes de Renfe. ¿Dónde se gasta y a quién beneficia?, es la reflexión para tratar de ajustar la balanza.
¿Cómo se homologa una balanza fiscal de distintos territorios? Es un aspecto complejo, detalla el inspector de Hacienda, Francisco de la Torre. "No es precisamente fácil determinar ni los impuestos que se pagan en un territorio ni tampoco el gasto realizado allí, y que existen varias formas de medirlo". El impuesto de hidrocarburos, como el de sociedades, lo paga una empresa donde tiene su sede. "Algo similar ocurre con el IVA, que también ingresan las empresas y que soporta y paga realmente el consumidor. Aquí la solución técnicamente correcta es repartir la recaudación de los impuestos en función del lugar de realización del consumo", apunta.
El también economista y experto en balanzas fiscales Guillem López Casasnovas coincide en que falta información para poder realizar los cálculos, y que la publicación agrupada por el IEF ya estaba disponible de manera dispersa a través de otros canales de comunicación del Gobierno y de las memorias de entidades públicas.
Casasnovas, que preside el Consejo Asesor de Política Económica de Cataluña de la Generalitat, lamenta que, por el momento, el acuerdo entre Junts y PSOE no ha comportado cambios en los datos que el Gobierno proporciona para poder calcular las balanzas fiscales, lo que obliga a sustituir cifras reales por estimaciones.
Una "deslealtad"
La vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, criticó ayer la decisión del gobierno central de publicar los datos para elaborar las balanzas fiscales, calificándola como desleal e irresponsable hacia la solidaridad e igualdad entre los españoles. Vaquero argumentó la falta de un método objetivo para calcular el impacto en las finanzas autonómicas y acusó al gobierno de priorizar a sus socios políticos, como Junts, en perjuicio del resto de los ciudadanos. Consideró esta acción como un intento de fracturar y erosionar los principios democráticos.
