Barcelona
El fin prematuro de la legislatura catalana y la prórroga presupuestaria al no haber prosperado el proyecto de cuentas de la Generalitat para 2024 dificultará las nuevas políticas en la región, pero hay dos asuntos estratégicos que podrán mantener su hoja de ruta precisamente porque a principios de este año han pasado del ámbito político a una fase técnica: el traspaso de Rodalies y el futuro del Aeropuerto de Barcelona, según han indicado a elEconomista.es fuentes del Ejecutivo catalán.
Los tiempos previstos en estas dos cuestiones favorecen que, para cuando deba haber un nuevo paso político, Cataluña ya tenga operativo el próximo Govern.
En el caso del traspaso de Rodalies, a mediados de febrero, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, acordaron un plazo de seis meses para redactar los estatutos de la nueva empresa mixta que deberá gestionar Rodalies, tomando el relevo de Renfe.
En este contexto, acordaron crear seis grupos de trabajo técnico para el cambio: Traspaso de la operadora, servicios ferroviarios, Plan de Rodalies, traspaso de la infraestructura, asuntos económicos y asuntos juridico-administrativos. Y este jueves se ha sumado un séptimo grupo: de relaciones laborales y sindicales, y se ha acordado que todos se constituyan antes de que acabe el mes de marzo.
En sus primeras reuniones, que serán telemáticas, se formalizarán los objetivos y empezarán a contar los dos meses que tendrá cada uno para conformar un plan de trabajo.
Deberán tratar asuntos clave sobre la nueva empresa pública, la definición del traspaso de las infraestructuras y su mantenimiento, las inversiones que se deben realizar y el traspaso de los recursos económicos y de plantilla.
Pese a que el Ejecutivo catalán está ya en interinaje, Gobierno y Generalitat también han conformado este jueves la comisión de seguimiento del traspaso ferroviario.
En el ámbito político, la consejera y el ministro acordaron que durante este 2024 se impulsarán los mecanismos para que el Estado transfiera a la Generalitat los recursos económicos asociados al déficit de explotación del servicio de Cercanías del año pasado.
Asimismo, el Gobierno y el Estado pactaron que, antes de finalizar este 2024, estará redactado el estudio de las infraestructuras que asumirá la Generalitat según el acuerdo de traspaso: la R1 en el Maresme, la R3 El Papiol-L'Hospitalet-Vic-Puigcerdà y la R2 entre Sant Vicenç de Calders y Barcelona.
Este estudio también analizará e identificará nuevos tramos susceptibles de ser traspasados a la Generalitat. En este sentido, ambas administraciones se comprometieron a que durante 2025 se presentará un calendario para el traspaso de estos tramos adicionales que se hayan identificado.
Un año de análisis para El Prat
En el caso del futuro del Aeropuerto de Barcelona, tras el rechazo de la Generalitat al plan de ampliación propuesto por Aena en 2021 con una inversión de 1.700 millones, Gobierno y Generalitat dieron en enero un paso para evaluar las opciones para que el Aeropuerto de Barcelona gane capacidad para vuelos de largo radio, con la constitución de una comisión técnica (pactada entre socialistas y ERC hace casi un año) que prevé presentar las conclusiones de sus grupos de trabajo para finales de año.
Ambas administraciones se emplazaron a definir los grupos de trabajo que colgarán de la comisión técnica "en las próximas semanas" -algo todavía pendiente-, si bien desde la administración catalana destacaron tres aspectos: la gobernanza, la mejora de la infraestructura y las conexiones ferroviarias.
Y es que la Generalitat reivindica tratar el futuro de El Prat en conjunto con el sistema aeroportuario catalán, en cuya gestión reclama entrar el Ejecutivo autonómico.
La dificultad de la transformación del Aeropuerto de Barcelona radica en que debe conseguirse respetando el medioambiente y sin deteriorar el impacto acústico a los vecinos, teniendo en cuenta que está ubicado entre espacios naturales y con urbanizaciones cercanas.
Para analizar todas las opciones y buscar el consenso político, que con este calendario no llegará hasta 2025, los grupos de trabajo serán paritarios entre técnicos de Gobierno y Generalitat, aunque no se descarta que participen profesionales de otros ámbitos.
