Madrid
Los sindicatos redoblan su presión con un escrito remitido a José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública, tras conseguir la mejora salarial de los trabajadores del sector público. CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios, se han manifestado ante el Gobierno exigiendo el cumplimiento total del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que incluye la posibilidad de jubilación parcial del personal funcionario y estatuario o la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas.
"UGT y CCOO han trasladado un escrito al ministro Escrivá para que convoque la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco y poder así ratificar sus compromisos con las empleadas y empleados públicos", explican en un comunicado conjunto ambas centrales. El Gobierno ya ha garantizado a los sindicatos la aprobación de la subida salarial del 2% comprometida introduciendo una enmienda, de PSOE y Sumar, en la tramitación parlamentaria del real decreto-ley que recogerá el paquete de medidas anticrisis.
La jubilación parcial se aborda como un recurso para rejuvenecer las plantillas (paralelo al retiro anticipado) y evitar la salida abrupta de un númer importante de trabajadores: la mitad de los trabajadores del sector público se jubilarán esta década, según cálculos que realizó en 2022 la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), el sindicato que representa a 20.000 funcionarios y 43 asociaciones. A través de esta modalidad, podrían abandonar paulatinamente su puesto.
Otro de los beneficios que defienden los sindicatos, en relación al citado acuerdo, era la jornada de 35 horas en la Administración, eliminando las limitaciones previstas en la disposición adicional 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para que cada Administración, en función de sus competencias, estableciera esa jornada para el personal a su servicio y al de su sector público institucional. El teletrabajo, otra punta de lanza en favor de los funcionarios.
En un punto de inestabilidad política, la renuncia a presentar los Presupuestos de 2024 por el adelanto de las elecciones en Cataluña deja en el aire la política económica del Gobierno, que no tiene la confianza de la Cámara Baja para sacar adelante sus cuentas. Pero no afectará a la subida salarial de los funcionarios ni tampoco a las convocatorias de empleo público a través de oposiciones, tal y como confirman desde Función Pública y varios sindicatos.
"La situación actual pone en más valor si cabe el Acuerdo Marco, acuerdo sindical firmado en octubre del 2022 sólo por CCOO y UGT, y que, sin duda, ha venido a proteger nuestro salario ante posibles escenarios políticos como los actuales", explican. Además, piden al Gobierno que apruebe también la adaptación del Estatuto Básico del Empleado Público en materia de permisos y vacaciones y la culminación de la clasificación profesional.
CSIF 'calienta' la primavera
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha alertado de la repercusión en los servicios públicos y las condiciones de los empleados públicos de que no vaya a haber nuevos Presupuestos Generales del Estado en 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña. "Estamos muy preocupados por la parálisis de la Administración", ha aseverado, anticipando posibles movilizaciones en una "primavera caliente".
Con motivo del congreso nacional en el que ha sido reelegido este jueves en Granada, Borra ha hecho unas declaraciones a los medios valorando el adelanto electoral en Cataluña y la consecuencia que ha tenido en el ámbito estatal, con ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año, cuando continuarán prorrogados los de 2023.
Borra ha indicado que hasta el momento en esta legislatura ha estado "todo absolutamente parado vinculado al tema de la Ley de Amnistía", pareciendo que "en este país no se puede trabajar por los ciudadanos y por los servicios públicos". A ello se ha añadido ahora, ha proseguido el presidente de CSIF, el anuncio del Gobierno de que "renuncia a tener Presupuestos para el ejercicio 2024".
Para CSIF, es "una auténtica irresponsabilidad" pues, en opinión de Borra, las administraciones, los servicios públicos y los ciudadanos "no pueden depender de las elecciones de una comunidad autónoma para tener o no tener Presupuestos".
Así, en la línea del anuncio de inicios de semana de que "si no había negociación con la Administración", se auguraba una "primavera caliente", esa posibilidad de movilizaciones se está "viendo más cerca". "Necesitamos un Gobierno que se quiera sentar a negociar, porque desde las elecciones municipales de mayo de 2023, esto está paralizado", ha explicado.
