Valencia
Las insolvencias que llegan a los juzgados valencianos se incrementaron el año pasado de manera notable debido al incremento de los particulares que optan por presentar concurso de acreedores al no poder hacer frente a sus pagos. El número de concursos presentados ante los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana en 2023 fue de 5.478, lo que supone un incremento del 67,5%.
Así se recoge en el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Los datos sitúan a la región como la tercera del país en esta estadística, por detrás de Cataluña, con un total de 12.075, y Andalucía, y por delante de Madrid, con 5.346.
El grueso del incremento corresponde a los procedimientos de particulares que optan por la vía judicial para tratar de hacer frente a sus deudas y que más que se duplicaron el año pasado, hasta un total de 4.471 personas naturales sin actividad empresarial. En concreto supone un aumento del 133,6% respecto a los 1.914 de 2022.
Los concursos de personas jurídicas, esto es, sociedades y empresas, sumaron 714, por lo que bajaron un 30,3% en relación al año anterior, mientras que los de personas naturales empresarios, 293, sufrieron un descenso interanual del 11,7%, respecto a los 332 registrados entre enero y diciembre de 2022.
En Valencia se presentaron un total de 2.907 concursos en 2023, frente a los 1.865 de 2022. En Alicante fueron 2.033, cuando un año antes ascendieron a 1.025, y en la de Castellón se registraron 538, por los 380 de 2022.
Ejecuciones hipotecarias
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Comunidad Valenciana durante el año 2023 fue de 3.100, un 25,5% menos que las 4.161 de 2022. En términos absolutos Andalucía fue el territorio donde se presentaron más (4.551), seguido por Cataluña (3.457), la Comunidad Valenciana, Madrid (2.036) y Castilla-La Mancha (962).
En términos relativos, la Comunidad Valenciana lidera la estadística, pues registró 59,4 ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, seguida de la región de Murcia, con 56,2. Por provincias, se presentaron 1.497 en Alicante, 1.302 en Valencia y 301 en Castellón.
Por su parte, el número de lanzamientos practicados durante el ejercicio analizado en la Comunidad Valenciana ascendió a 3.869, lo que supone una bajada del 30,8% frente a los 5.594 que se llevaron a cabo el año anterior.
Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y, en el caso de éstas, no solo a la vivienda habitual. Del total de los practicados, 2.673 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es, un 23,9% menos que en 2022, cuando se produjeron 3.511. Otros 1.049 se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que significa una reducción interanual del 44,8% respecto a los 1.902 de 2022. Los 147 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas y descendieron un 18,8%.
La Comunidad Valenciana fue la segunda autonomía del país con mayor número de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias de todo el país, precedida por Cataluña, con 1.264, y Andalucía, con 1.135.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza Cataluña, con 5.158; seguida por Andalucía, con 2.961, y la Comunidad Valenciana. Por provincias, en la de Alicante los lanzamientos practicados fueron 1.665, 1.799 se registraron en la provincia de Valencia y 405 en la de Castellón.
Más demandas por despido
En 2023, se registraron en los Juzgados de lo Social valencianos 17.590 demandas por despidos, un 29,9% más que las 13.543 de un año antes. Por provincias, en la de Valencia se presentaron 10.207 demandas por despido y en la de Alicante, 5.728. Las restantes 1.655 se registraron ante los órganos judiciales de la provincia de Castellón.
Además, se contabilizaron en esta jurisdicción 12.617 reclamaciones de cantidad, lo que implica un incremento interanual del 19,3%, ya que en 2022 la cifra ascendió a 10.580. De ellas, 6.854 se presentaron en la provincia de Valencia, 4.277 en la de Alicante; y 1.486 en Castellón.
Por su parte, los procedimientos monitorios que sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos también crecieron. Los presentados en los Juzgados de Primera Instancia y los de Primera Instancia e Instrucción de la Comunidad Valenciana ascendieron a 121.657, un 10,3% más que en el año anterior, en el que la cifra se situó en 110.314.
Del total, 62.365 se presentaron en la provincia de Valencia, 46.021 en la de Alicante y 13.271 en la de Castellón.
También ingresaron en los juzgados valencianos especializados un total de 9.441 demandas por las denominadas cláusulas suelo, un 25,4% más que las 7.528 de un año antes. Las sentencias por estos procedimientos, en cambio, han bajado un 34,9%, al pasar de 10.357 en 2022 a 6.741 el año pasado.
De la cifra total autonómica, 3.585 demandas por cláusulas corresponden a la provincia de Alicante, 2.637 a la de Castellón y los restantes 3.219 a la provincia de Valencia.
Ocupación ilegal de viviendas
Durante 2023 ingresaron en los órganos judiciales valencianos 379 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, diez menos que un año antes, lo que equivale a un descenso en términos porcentuales del 2,6%.
Estos procedimientos civiles se refieren a aquellos casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, que se ven privados de la posesión de la vivienda.
La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía del país en esta estadística, por detrás de Cataluña, con 445 casos, y Andalucía, con 424. Por provincias, 219 se registraron en la de Alicante, 122 en la de Valencia y los restantes 38 lo hicieron en la provincia de Castellón.
