El posible veto del Gobierno a la opa del conglomerado húngaro Magyar Vagon (Ganz-MaVag) tiene en el llamado 'escudo antiopas' su principal y prácticamente único mecanismo legal para paralizar la operación. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Ministro de Transportes, Óscar Puente, hayan expresado su negativa a la operación, expertos legales consultados por elEconomista.es discrepan de que la operación sea tan sencilla de justificar. Tanto la UE como España han confeccionado un marco jurídico rígido para supervisar la entrada de inversiones extranjeras en empresas del continente ante la ola de compras que han llevado a cabo actores como China, países del Golfo Pérsico o incluso Rusia, ahora vetada en el continente tras invadir Ucrania.
Aunque la libre circulación de capitales continúa vigente entre los países miembros, la caída del valor de las empresas durante el Covid obligó al Gobierno a endurecer el marco jurídico europeo con la puesta en marcha del 'escudo antiopas' plasmado en el Real Decreto-ley 11/2020. Esta norma fue ampliada en el Real Decreto 571/2023, que estableció un nuevo marco de control y contempla, por ejemplo, que se investigue si un inversor está controlado por el gobierno de un tercer país mediante financiación significativa, incluidos subsidios. Es el caso del comprador de Talgo, Ganz-MaVag, que está controlado en un 45% por el fondo estatal húngaro Corvinus.
Por encima de España, la entrada de inversores extranjeros en países comunitarios está regulada por el reglamento UE 2019/452. Ahora, Bruselas negocia endurecer este tipo de inversiones mediante un nuevo Reglamento de control que proteja "la seguridad y el orden público de la UE" y salve las "posibles amenazas" a la llamada "seguridad económica" de la Unión. Evitará que un actor no comunitario pueda puentear la norma invirtiendo a través de un país residente en la UE, una sospecha similar a la que tiene el Gobierno con la opa sobre Talgo, ya que precisamente Hungría es uno de los más señalados por este tipo de prácticas.
¿Es Talgo estratégica?
Este Decreto también establece una especial vigilancia a las empresas "con tecnologías desarrolladas al amparo de programas y proyectos de particular interés para España", y a aquellas que trabajen con infraestructuras críticas, entre las cuales se encuentran las de transporte. También a aquellas que operen en sectores con acceso a información sensible, incluído el acceso a datos específicos sobre infraestructuras críticas o bases de datos relacionadas con la prestación de servicios esenciales o que no sean de acceso público.
Bajo este pretexto, en caso de que el Gobierno quiera seguir adelante con su plan para frenar la opa, la opción más sencilla pasa por considerar a Talgo como compañía "estratégica", una etiqueta puesta sobre la mesa por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado viernes la calificó como "una empresa que opera en un sector estratégico que tiene un papel fundamental en la movilidad ferroviaria".
Para Maitane de la Peña, directora del departamento de M&A-Capital Markets de KPMG Abogados, "existen varios puntos por los cuales podría considerarse que Talgo es estratégica, al conocer localizaciones de estructuras ferroviarias y por su relación con una empresa pública como Renfe". Por esta razón, considera que esta inversión "necesita de un régimen de autorización previa" que ha de ser consultado al Gobierno. Además, "también entra en juego que es una sociedad cotizada, por lo que el Ministerio de Industria debe notificar a la CNMV que existe esta situación para que el oferente incluya esta información en la documentación que, en su caso, deba difundirse con relación a la oferta".
Otras fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que la redacción amplia de la norma ofrece un margen amplio para que el Ejecutivo pueda interpretar si Talgo es estratégica o no, pero en este caso "no hay dudas", ya que "esta empresa está bastante relacionada con los servicios de conectividad", uno de los supuestos contemplados en el escudo 'antiopas'. "Puedes ser estratégico por el mero hecho de tener contratos con las administraciones públicas o recibir subvenciones o ayudas de estas", explican.
No concuerda con esta visión Teofilo de Luis, experto en regulación y políticas públicas de PKF Attest, que expresa que "Talgo no es la única empresa del ramo, y su actividad en principio no afecta a la a seguridad ni al orden público ni a la salud", por lo que "la intervención del Gobierno tendría un encaje muy cuestionable".
El Gobierno rebaja la tensión
En las últimas horas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ido rebajando la tensión sobre la posibilidad de intervenir en la opa sobre Talgo ante las sospechas de que detrás de los inversores magiares hay dinero ruso. Frente a las declaraciones informales del ministro de Transportes el pasado miércoles, cuando aseguró que harían "todo lo posible" por frenar esta operación, el Presidente del Gobierno fue más prudente el viernes y exclamó que su Ejecutivo está "vigilante" y "trabajando para ver exactamente los detalles" para "analizar esta operación y garantizar la estabilidad futura de Talgo".
Así, se observa una bajada del tono, dada la complejidad de demostrar estos vínculos y la excepcionalidad que supone el limitar la entrada de capitales procedentes de otro estado miembro de la Unión Europea. Sánchez trata también de evitar un conflicto diplomático justo en el momento en que Hungría asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Aunque la etiqueta de empresa estratégica tendrá que ser suficientemente motivada, fuentes próximas a Moncloa consideran que existen "incompatibilidades con la seguridad nacional" al ser Talgo el mantenedor de la mayor parte de la flota de trenes de alta velocidad y larga distancia.
Recurrir, misión imposible
En caso de que el Consejo de Ministros opte por tumbar la medida, tendría dos maneras de hacerlo: denegando expresamente la autorización o aplicando el silencio administrativo, que supone una resolución negativa tácita dados los plazos del Gobierno. "El Consejo de Ministros puede no pronunciarse nunca, lo que paraliza la opa indefinidamente", señalan fuentes del sector.
Para Juan Carlos Alfonso Rubio, socio del área de derecho público y regulatorio de Ceca Magán Abogados, la negativa a cursar esta operación podría ser considerada como una actuación agresiva contra una empresa estatal de la Unión Europea que podría crear un precedente para empresas estatales españolas que quieran adquirir otras empresas en la UE, y a las que se podría dar un trato reciproco o similar, si la legislación del país de destino de la inversión lo permite". En su opinión, una operación así podría acabar denunciada ante la Comisión Europea.
Pero antes de elevarse al órgano comunitario, cabe opción de recurrir la negativa del Consejo de Ministros en vía administrativa en los tribunales españoles, elevando un contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, una opción poco o nada utilizada hasta ahora. "Normalmente, si el Gobierno deniega una operación, el inversor suele olvidarse del tema", expresan otras fuentes jurídicas consultadas.
