Barcelona
La maniobra de Junts para obligar al Gobierno a actualizar las balanzas fiscales es el punto de partida buscado por la formación independentista para demostrar los agravios que sufre Cataluña entre lo que aporta y lo que recibe del Estado, y presionar para ganar soberanía fiscal.
Hay que remontarse a los datos del año 2014, precisamente cuando caducó el modelo de financiación autonómica todavía vigente en la actualidad, para obtener las últimas cuentas públicas territorializadas que publicó el Ministerio de Hacienda.
Es por ello que, a nivel político, es tan importante contar con datos oficiales actuales sobre el déficit fiscal de cara a negociar el nuevo modelo, si bien en el caso de Cataluña, las formaciones independentistas reclaman un trato "singular" y enfocado a que la autonomía gestione todos sus ingresos y gastos, incluyendo la Hacienda propia.
Esta demanda no es nueva, pero sí lo es la debilidad del Gobierno central y su dependencia de las formaciones secesionistas catalanas para poder sacar adelante las políticas estatales, como se vio el miércoles en el Congreso, y como se volverá a constatar de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024.
De todas formas, los matices de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los acuerdos con el PSOE anunciados por Junts también son relevantes. Y es que el Gobierno no prevé publicar nuevas balanzas fiscales, como indicaba la formación liderada por Carles Puigdemont, sino que plantea poner a disposición de las regiones y los investigadores los datos de la administración central necesarios para elaborar dichas balanzas.
Esa maniobra evita que el Ejecutivo publique datos territorializados sobre los saldos fiscales bajo el sello del Ministerio de Hacienda, algo que daría oficialidad a los cálculos. La excusa es que hay dos métodos de cálculo distintos y que no hay consenso político ni académico sobre cuál es el más adecuado.
En el caso de los últimos cálculos elaborados por Hacienda, referentes al ejercicio 2014, el Gobierno reconocía que Cataluña sufría un déficit fiscal (la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe del Estado) de 9.892 millones de euros, en la segunda peor posición del país, solo por detrás de Madrid y a mucha distancia del resto (ver gráfico). En términos per cápita, Cataluña ocupaba entonces la tercera peor posición, con un déficit de 1.300 euros por habitante, por detrás de Madrid y Baleares.
Todo ello se calculó mediante la metodología de carga-beneficio, mientras que la Generalitat de Cataluña hace suya la de flujo monetario, con cálculos propios. En el ejercicio 2014, el Govern estimaba un déficit para Cataluña de 16.570 millones (un 8,4% del PIB catalán), y actualmente lo fija en casi 22.000 millones (el 9,6% del PIB), con datos de 2021.
"Ruido" político
En declaraciones a este diario, el economista Ángel de la Fuente, coautor de las últimas balanzas fiscales que realizó el Ministerio de Hacienda y experto en economía regional y hacienda autonómica, sostiene que "no es buena idea" mezclar los saldos fiscales con la financiación autonómica, ya que "genera más ruido que luz".
En su opinión, el sistema de financiación ha de buscar que todos los territorios puedan ofrecer servicios públicos razonablemente similares con independencia de su nivel de renta, lo que exige redistribuir recursos de las regiones ricas hacia las pobres. Limitar esa redistribución, poniendo topes artificiales a los saldos fiscales, vendría a ser como exigir que las personas de renta alta tengan mejores servicios públicos porque pagan más impuestos. "Creo que todos estaríamos de acuerdo en que esto no debe ser así a nivel individual, pero por alguna extraña razón hay quien lo ve distinto a nivel territorial".
Con todo, De la Fuente considera que la redistribución territorial ha de respetar el principio de ordinalidad, es decir, que el sistema no debe alterar la posición relativa de las comunidades autónomas en términos de recursos por habitante ajustado.
La consejera catalana de Economía, Natàlia Mas, defiende como razonable que Cataluña pueda sufrir un déficit fiscal de entre el 2% y el 4% de su PIB, como cuota de solidaridad con otras regiones, pero no "del 10%".
