Las grandes constructoras españolas, a través de la patronal que las engloba, Seopan, reclaman a la Comisión Europea que prorroguen el plazo de ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, trasladándolo de finales de 2026 a 2028. Con ello, a juicio de la organización, se facilitaría la promoción y financiación de infraestructuras de transporte y agua de las comunidades autónomas con cargo al Fondo de Resiliencia Autonómico.
Julián Núñez, presidente de Seopan, ha incidido en la presentación del balance anual de la organización en la importancia de esta extensión temporal para que las "líneas de préstamos se puedan implementar en obra civil". Y considera que "está justificada por todo el impacto que ha tenido en el desarrollo de la actividad" la inflación, la guerra de Ucrania o la crisis del Mar Rojo.
En 2023, las Administraciones licitaron con cargo a los fondos europeos 3.526 millones de euros, lo que representa el 12,5% del total nacional y el 20,4% de la obra civil. En concreto, el Ministerio de Transportes licitó el 52,4% de las subvenciones (1.848 millones), impulsado por Adif. El resto de ministerios copa el 27,6%, las comunidades autónomas el 10,5% y las Corporaciones Locales el 9,4%. Asimismo, se adjudicaron 3.291 millones en obras con fondos del Plan de Recuperación, lo que equivale al 16,8% de la contratación nacional y el 27% de la obra civil. Entre 2019 y 2023, se han licitado 11.592 millones, el 17,6% del total de obra civil, y se han adjudicado 9.186 millones (22%).
Seopan ha actualizado las necesidades de inversión en infraestructuras en España a medio plazo y eleva la cifra hasta los 240.000 millones. De ellos, 178.000 millones corresponden a proyectos ya planificados y 62.000 millones a la modernización y mejora del stock de capital público. Por segmentos, movilidad de viajeros y mercancías representa 112.000 millones; agua y medioambiente 64.000 millones y energía asociada a redes y eficiencia energética 54.175 millones.
Para acelerar la inversión en infraestructuras, Seopan, que agrupa a firmas como ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr u OHLA, ha remitido al Gobierno y a otras instituciones una propuesta para implantar un nuevo modelo colaborativo de coste objetivo similar al que se utilizan en otros países y que no precisa modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público. La organización, que lleva trabajando en el diseño de este mecanismo más de un año, plantea su implementación en contratos piloto a través de un procedimiento competitivo que posibilitará un mayor cumplimiento de plazos y presupuestos, la compartición de ahorros y costes entre el sector público y el privado y el impulso a la innovación y la transparencia.
En paralelo, Seopan reclama al Gobierno cambios en la Ley de Contratos Públicos para impulsar las concesiones, con una mejora del retorno de la inversión. En 2023, aunque los contratos de concesión subieron, el 20% quedan desiertos.
