Madrid
Las conversaciones previas y exploratorias para renovar el convenio de Muface, Mugeju e Isfas entre las partes interesadas ya se están produciendo. A pesar de que será entre los meses de verano cuando se inicien las negociaciones formales para renovar el convenio (el actual expira el 31 de diciembre), las partes comienzan a enseñar algunas de sus cartas.
Las aseguradoras (actualmente prestan el servicio SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV) tienen claro que la inversión del Gobierno tiene que subir drásticamente, según trasladan fuentes cercanas a las conversaciones. "Aceptamos una rebaja del 20% sobre el gasto per cápita público, pero no menos porque entonces no es sostenible", explican. Además, quieren evitar que se trate de un parche puntual. "Sería bueno indexar las primas al indicador mencionado", añaden.
El último dato oficial disponible sobre el gasto per cápita público, correspondiente al año 2022, es de 1.674 euros (excluyendo el gasto farmacéutico). Según explican las fuentes de las aseguradoras, las primas que paga el Estado por cada funcionario afiliado ronda los 900 euros, por lo que una rebaja en el entorno del 20% sobre el último dato de gasto sanitario per cápita significa incrementar la prima un 50%, hasta los 1.350 euros. En cifras globales, supondría inyectar al sistema del mutualismo unos 1.800 millones de euros.
También en la otra orilla de la negociación se están moviendo las aguas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones encargó un trabajo a la Airef para que analizara las necesidades económicas del sistema, que engloba a Muface, Mugeju e Isfas, si bien el primero de ellos es el que más asegurados tiene con mucha diferencia.
Sin embargo, la Autoridad Fiscal decidió externalizar el trabajo y lo sacó a concurso público. Según se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado, el pasado 18 de febrero se resolvió el proceso y los seleccionados son la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud por una cantidad que asciende a 328.103,6 euros.
Según ha podido averiguar este periódico, el tiempo que se le ha concedido a ambas entidades para elaborar el trabajo expira entre los meses de septiembre y octubre. El problema de esta fecha es que puede hacer el informe inútil, toda vez que las negociaciones por Muface se suelen resolver (si se mira el histórico) entre junio, julio y, a veces, agosto.
La falta de Presupuestos
Pero ha habido una noticia de última hora que ha dejado a todo el mundo descolocado en estas primeras conversaciones exploratorias. La convocatoria de elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo, que Pere Aragonés comunicó el pasado miércoles, ha provocado un terremoto en Moncloa que derivó en la renuncia del presidente del Gobierno a negociar nuevos presupuestos.
Este condicionante puede dificultar mucho las negociaciones, ya que es difícil aumentar partidas con presupuestos prorrogados, tal y como se intuye que pasará. Sin embargo, hay un sentir general de que es necesario el acuerdo.
Actualmente, entre usuarios directos (funcionarios) y beneficiarios (familiares) el sistema asciende a 1,73 millones de personas (el 82% del total que puede acceder al mutualismo). Más allá del ahorro para el Estado que supone la atención de estos ciudadanos, que asciende a 571 millones de euros solo teniendo en cuenta a Muface, lo que realmente hace necesario un acuerdo entre las partes es el aspecto asistencial.
La sanidad pública, colapsada desde hace años, pero mucho más golpeada desde la pandemia, no puede soportar un incremento tan grande de personas de un día para otro. Harían falta hospitales, centros de salud y médicos que no se pueden conseguir de un día para otro. Por tanto, todo hace pensar que el acuerdo, de una forma u otra, debe producirse. Además, desde el punto de vista económico, supondría elevar el gasto en el contexto mencionado de bloqueo.
Los datos, proporcionados por la patronal IDIS en un informe anual que se presentó el miércoles, explican que el 55,6% de los hospitales en España son de titularidad privada y en ellos se llevan a cabo el 31% de cirugías que se hacen en todo el territorio español. Es más, los centros privados con conciertos sustitutorios llevaron a cabo cerca de 574.000 intervenciones quirúrgicas, más de 10 millones de consultas y atendieron a cerca de 2,5 millones de urgencias.
Todos estos datos demuestran que el acuerdo debe producirse, si bien en estos momentos las posiciones todavía no han encontrado un punto en común. Será en las próximas fechas cuando las partes deberán volver a reunirse para llegar a un entente.
Garralda (Mutua) pidió un incremento de al menos el 10%
Los mensajes entorno a la necesidad de mejorar la financiación de Muface se suceden a cada día que pasa. Más allá de las negociaciones previas explicadas en este artículo, Mutua Madrileña exigió a las administraciones públicas una subida en el precio de las pólizas durante la presentación de resultados. Su presidente, Ignacio Garralda, indicó que el aumento debería ser de al menos "dos dígitos", es decir, más del 10% con el objetivo de evitar las pérdidas que están padeciendo las aseguradoras que ofrecen cobertura y no tener que verse obligadas a dejar el concierto con la administración.
Garralda expresó su "preocupación" sobre la negociación del precio que el Estado paga a las compañías de seguros por prestar servicio a Muface, si bien ha señalado que "siempre" ha sido un concierto "deficitario". No en vano, los cálculos que realizan tanto Mutua como Asisa y DKV es que con los servicios prestados al Estado han estado perdiendo unos 200 millones anuales, algo que ocurrirá también en 2024.
