La convocatoria de elecciones anunciada hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el descalabro sufrido por el PSOE y las izquierdas en las elecciones autonómicas y municipales tiene su efecto también en el sector del automóvil.
En junio estaba previsto que el Ministerio de Industria lanzase la segunda convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado (Perte_VEC). La primera edición de esta convocatoria de ayudas otorgó 793,7 millones de euros, lo que supuso el 28,4% de los 2.975 millones de euros de la que disponía la parte industrial del Perte.
Pues bien, Industria preveía lanzar una segunda convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado este año. No obstante, esta segunda convocatoria se realizaría en dos partes; por un lado, una convocatoria dedicada específicamente a las baterías, cuya convocatoria estaba prevista para el mes de junio y; otra para los fabricantes, industria auxiliar y el resto de la cadena de valor, la cual estaba prevista para septiembre.
En el caso de la convocatoria de baterías, Bruselas ya autorizó el plan, dotado de 837 millones de euros, al considerarla "necesaria, adecuada y proporcionada", porque se enmarca en la transición de la UE hacia la economía cero emisiones.
Ahora todo queda en el aire. La convocatoria de junio puede llevarse a cabo a través de un Real Decreto mediante la convalidación del Congreso de los Diputados, a través de la Diputación Permanente.
Y en todo este proceso, las empresas siguen esperando a confirmar sus inversiones en España. Entre ellas, la china Envision que, de la mano de Acciona, impulsará una gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Pero no es la única. Stellantis, el mayor productor de vehículos en España, está pendiente de conocer cuáles son las ayudas del Perte con el objetivo de asignar las plataformas eléctricas STLA a las factorías de Vigo, Figueruelas (Zaragoza) y Madrid. Ford, por su parte, ya renunció en la primera convocatoria a los 106,3 millones que se le había asignado por una actualización de sus planes de producción. Asimismo, Inobat mantiene a España en la carrera por albergar una planta de baterías en Valladolid. Óscar Puente, hasta ahora primer edil de la ciudad vallisoletana, no podrá mantenerse al frente del ayuntamiento.
No obstante, la primera edición del Perte no estuvo exenta de polémica. En un primer momento, por su complejidad a la hora de formar las agrupaciones para poder optar a los fondos. Por otro lado, por la dificultad a la hora de ejecutar los fondos antes del 30 de junio de 2025. Tal fue la situación que Seat presionó por la cantidad recibida en la primera convocatoria. El Grupo Volkswagen, que acometerá la inversión automovilística más elevada en la historia de España, hasta los 10.000 millones de euros, tensó la cuerda por los pocos fondos recibidos. Y, en medio de todo ello, el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, fue cesado. La entonces titular de Industria, Reyes Maroto, también dejó el Ministerio y se presentó a la alcaldía de Madrid, situación que le ha permitido recuperar tres ediles. Insuficiente, en todo caso, dada la mayoría absoluta de José Luis Martínez-Almeida.
La norma Euro 7 se atasca
Pero no son las únicas turbulencias que sufrirá la automoción. España ostentará durante el segundo semestre del año la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Un periodo en el que coincide la discusión que han de tener los Veintisiete sobre la entrada en vigor de la normativa de emisiones Euro 7.
Y España tiene mucho que decir, ya que nuestro país es uno de los más afectados por esta norma, cuya entrada en vigor para turismos y furgonetas está prevista para julio de 2025. Por lo pronto, ocho países (Francia, Italia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía) han pedido una evaluación exhaustiva de las repercusiones de la propuesta legislativa tanto desde el punto de vista técnico como en términos de análisis coste-beneficio.
Los Estados miembro firmantes han manifestado como principales preocupaciones que "cualquier normativa nueva sobre emisiones", como el endurecimiento de los límites de óxido de nitrógeno y monóxido de carbono que entraña la norma Euro 7, desviarían las inversiones necesarias "para alcanzar el objetivo de 2035", que establece el fin de la venta de vehículos de combustión.
Ahora bien, España la encargada de presidir el Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año, que es cuando está previsto que se ultime esta norma. No obstante, es cierto que España ha de mantener una posición neutral en los debates, al actuar de mediador. Sin una posición concreta, España puede salir mal parada a la hora de albergar la sede de Horse, el negocio de combustión e híbridos del Grupo Renault, Geely y la petrolera saudí Aramco.
