Madrid
El Gobierno comienza la batalla contra los vehículos de mayor tamaño como los 4x4 o los SUV (Vehículos Deportivos Utilitarios) a través de la Ley de Movilidad Sostenible que tramita el Congreso. El Ejecutivo sigue así los pasos de ciudades de Francia, como París o Lyon, o de Canadá, como Montreal, que ya cobran más a este tipo de vehículos por aparcar en la calle.
La nueva norma insta a los ayuntamientos a que tomen medidas para que los ciudadanos utilicen lo menos posible los vehículos de gran tamaño. "Con el fin de dar cumplimiento a los principios rectores de la movilidad y atendiendo a los efectos sobre el medio ambiente y la salud, en el ámbito urbano las administraciones públicas velarán por incentivar y promover los medios y modos de movilidad más sostenibles y saludables en los entornos urbanos y metropolitanos [...] y que reduzcan la ocupación del espacio público". Añade al respecto que deberán primarse los vehículos menos contaminantes y "los vehículos que supongan menor ocupación del espacio público".
Además, la ley marca prioridades a la hora de que los ayuntamientos promuevan la movilidad más sostenible de modo que hace una jerarquía sobre las opciones a incentivar. En primer lugar, insta a primar la movilidad a pie, después el uso del transporte público, luego vehículos que lleven varias personas (de alta ocupación) y deja como última opción el uso del transporte privado, dando prioridad a los que sean de bajas emisiones y de menor tamaño. Queda por ver qué medidas tomarán los distintos ayuntamientos para aplicar la futura norma que, previsiblemente, se aprobará en la segunda parte del año.
Obligación para las empresas
Por otro lado, la norma obligará a las empresas con más de 500 empleados, a las entidades públicas y a los grandes centros de actividad (espacios que aúnen varias empresas, trabajadores y visitantes) a tener un plan de sostenibilidad para su plantilla. El incumplimiento de esta obligación se considerará una infracción leve que se multará con hasta 2.000 euros. Estos planes, que deberán ser negociados con los sindicatos, obligarán a las compañías a potenciar la movilidad sostenible de los empleados siguiendo la misma jerarquía impuesta a las ciudades, es decir, primero a pie, luego por transporte público, en vehículos compartidos y, finalmente, en coches privados.
Cierre de carreteras
La norma avala el cierre de carreteras, tramos o la restricción de determinados vehículos en los episodios de alta contaminación, una decisión que corresponderá a los organismos competentes en materia de regulación, ordenación y gestión del tráfico. Además, las insfraestructuras de transporte de interés general, como aeropuertos, estaciones de tren o de autobuses, deberán contar con protocolos que activar en los episodios de alta contaminación para reducir las emisiones y volver a la situación anterior.
La futura ley también obligará al Gobierno central a tener un plan nacional para impulsar la movilidad por bicicleta cuya elaboración corresponderá al Ministerio de Transportes. Se potenciará este medio para el transporte de mercancías en ciudad y también como atractivo turístico.
