Madrid
Quienes se han acercado a negociar con Puigdemont dice que hay tres temas que le obsesionan: la amnistía, la financiación de Cataluña y la vuelta de las casi 5.000 empresas que se fueron con el procés. Los dos primeros estaban recogidos en el documento pactado con los socialistas a cambio de la investidura, pero el último no.
Junts intentó forzar el cambio de la Ley de Fundaciones de Cajas de Ahorros para promover la vuelta de la Fundación La Caixa, presidida por Isidro Faine, que tiene su sede en Baleares. Pretendía que su tutela pasara del Ministerio de Economía a la Generalitat. La maniobra se frustró porque Fainé se movió con agilidad en los ámbitos de influencia de Salvador Illa y de Puigdemont.
Desde entonces, intenta mover la silla al propio presidente de La Caixa, al que acusa de inmovilismo, por mantener una directiva en la que apenas se produjeron cambios en los últimos años, con excepción de la salida del ex director general de la Fundación, Jaume Giró, hacia la filas de Junts.
Junts presiona con la vuelta de Fundación La Caixa incluso con el cambio de sus órganos de dirección
En la entrevista mantenida en la Moncloa con Pedro Sánchez y Fainé trataron sobre la renovación de los órganos de gobierno de la Fundación, pero sin un plazo determinado, según fuentes cercanas.
La expiración del mandato de hasta once consejeros de Fundación La Caixa genera una enorme expectativa. Aunque los cambios de los esperados son los de la cúpula y podrían afectar tanto al director general, Antonio Vila, que llegó de manera provisional en 2019 en sustitución de Giró, como del consejero delegado de Criteria, Marcelino Armenter, que fue reelegido para un nuevo mandato a comienzos de 2023. Algunos incluyen en la lista al vicepresidente, Juan José López Borniol.
Pero nada se sabe. "Los cambios llegarán cuando lleguen, de momento, no hay signos internos de cuando se producirán. Fainé es mucho Fainé, guarda un gran mutismo y hará lo que quiera", señalan en su entorno.
Avalado por su gestión y por su gran experiencia, Fainé no está dispuesto a bailar al son de los políticos y se tomará su tiempo en tomar la decisión. "Con el Estado como dueño del 16 por ciento de CaixaBank, la joya de la corona, y con la expectativa de que tome hasta el 10 por ciento en Telefónica, donde La Caixa es el primer accionista individual con más del 6%, lo lógico es esperar a que se produzca este desembarco para conocer a los nuevos interlocutores", señalan.
La consigna interna es tranquilidad y mano tendida a los nuevos propietarios públicos de la SEPI, que la vicepresidenta María Jesús Montero, retuvo, pese a las presiones del PSC de Illa para tomar el mando.
Ya se sabe que las cosas de Palacio van despacio. Pero en Junts no tienen paciencia. La formación independentista aprovechó las medidas anticrisis para exigir la derogación del decreto Guindos, que agilizó la salida de las empresas tras el 1-O, así como la modificación de la Ley de Sociedades de Capital para promover su regreso a Barcelona.
En fuentes políticas se atribuyen estas prisas a las elecciones europeas antes del verano a las que seguirán las catalanas en 2025, en las que Junts y ERC se batirán a muerte por la Generalitat. Junts quiere demostrar que son ellos y no Carlos Aragonés o Junqueras quienes arrancan las principales concesiones a Sánchez. En esta ocasión, la más importante fue la "cesión íntegra" de las competencias sobre inmigración junto a la modificación del articular 43 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que cuestionaba la amnistía si Europa admitía una cuestión prejudicial sobre ella.
Puigdemont, representado por su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, logró así torcer al brazo a Félix Bolaños, el ministro plenipotenciario puesto por Sánchez al frente de Presidencia y de Justicia para negociar con los catalanes. De nuevo, la negociación política se impuso sobre cualquier otra racionalidad. Fue el secretario general de los socialistas, Santos Cerdán, autor del pacto marco con Junts, quien dio su visto bueno en el último minuto a las exigencias de Waterloo.
El traslado de las empresas no se trabajó, por lo que el único compromiso es introducir incentivos ante la imposibilidad de adoptar sanciones para no contravenir el marco jurídico de la UE, como reconoce Montero.
La vicepresidenta por eso habla de incentivar el cumplimiento de los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital, en suspenso tras el decreto Guindos, que establece que el domicilio social esté donde las empresas desarrollen "su actividad principal". Ello facilitaría el regreso de grupos como Naturgy, Cementos Molins o Codorniu.
Foment se opone a los incentivos para el retorno y Sabadell y CaixaBank temen salida de depósitos
Apremiado por las prisas, Junts no pensó en los inconvenientes. El primero es que contraviene el principio de libre competencia, al favorecer a unas empresas sobre otras, y el segundo, que se topa con la oposición frontal de Foment del Treball.
La gran patronal catalana presidida por Josep Sánchez Llibre alega que no tiene sentido premiar a las empresas que regresen mientras que las que se quedaron y aguantaron todo tipo de presiones y de inseguridades jurídicas no obtienen contraprestación alguna. Los empresarios catalanes aseguran tajantes que "esta vez, Junts se equivocó al plantear estas concesiones a cambio de su apoyo".
La iniciativa tiene un efecto perverso, que favorecerá la recentralización de sedes en Madrid de entidades financieras como Santander o BBVA, entre otras muchas, justo lo contrario de lo que pretende.
Existe un tercer frente de oposición, los dos grandes bancos catalanes, Sabadell y CaixaBank. Uno con sede en Alicante y el otro en Valencia, ambos consideran off de récord que se mantienen la incertidumbre y la inseguridad jurídica.
En el Sabadell son tajantes, fuentes internas remarcan que las fricciones vividas en los últimos meses a raíz de la concesión de la amnistía resucitaron los sentimientos contra Puigdemont y, por ende, contra Cataluña. Cualquier signo de regreso podría traducirse en una fuga de depósitos, teniendo en cuenta que ninguno de los líderes independentistas muestra el menor arrepentimiento y proclaman su deseo de autodeterminación y de volver a celebrar un referéndum.
En CaixaBank, el pensamiento es similar. Su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, mostró en público su oposición, aunque prefieren la cautela, dada la participación pública del Estado.
La sede de los dos grandes bancos catalanes no está en cuestión. Según medios próximos a Junts, su presión va dirigida a los grupos industriales, entre los que incluyen a Naturgy, liderado por Francisco Reynés y participado por La Caixa. Se filtró la posibilidad de que la SEPI entrara en su capital, como empresa energética estratégica para los intereses nacionales. Una opción sobre la que, en principio, no existe tal planeamiento.
El ansiado retorno de la Fundación La Caixa, entre otras grandes empresas, junto con las mejoras en la financiación, representa para Junts "la vuelta a la normalidad institucional en Cataluña". Puigdemont también arrancó a Montero la publicación de las balanzas fiscales, que no se publican desde hace una década, para mostrar cómo los catalanes pagan más dinero al Estado del que reciben, lo que será clave para el traspaso de la Agencia Tributaria a Cataluña o el establecimiento futuro de un Cupo similar al vasco.
El chantaje está servido, los propios socialistas reconocen que es muy difícil gobernar con compromisos al límite, que eso deja muy poco margen de maniobra al Gobierno. El próximo escollo serán los Presupuestos, ¿Qué van a pedir a cambio? Aunque Montero está interesada en su prórroga para recortar de manera automática el gasto público.
El gran problema de Junts va a ser la implementación de todas estas promesas improvisadas, que requerirán la aprobación de reales decretos y proyectos de ley convalidados en el Parlamento y que antes deben ser negociadas por la Generalitat, donde se sienta su rival, Carlos Aragonés..
El traspaso de las Rodalies a Cataluña está suponiendo un auténtico dolor de cabeza paras la administración regional y se prevé que tarde varios años hasta que entre en vigor. ¿Se mantendrá un par de años un Gobierno Frankenstein como el de Sánchez, que necesita lo votos de todos y cada uno de sus socios? Lo que le obliga a poner en almoneda al Estado para sacar adelante sus iniciativas. Esa y la improvisación de las medidas por la falta de tiempo para negociarlas y consensuarlas con tercer partes es la gran cuestión, después de lo sucedido estos días.
