Junts dio este miércoles al Gobierno la llave para salvar las ayudas del decreto antiinflación y 'ómnibus'. A cambio, los catalanes pactaron la eliminación del IVA del aceite, multiplicar por 5 los fondos destinados a la digitalización de la Justicia, retirar la reforma del PP de 2017 que facilitaba la marcha de las empresas de Cataluña, suprimir el artículo que ponía en peligro la amnistía y que el Estado asuma todo el coste de la rebaja del transporte público, hasta ahora compartido con las autonomías y ayuntamientos. Además, se acordó la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat, que supondría un gran cambio en las políticas sobre flujos migratorios y multirreincidentes.
En este sentido, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio este jueves que aspira a que Cataluña pueda decidir sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean multirreincidentes: "Tenemos que mirar en qué condiciones a estas personas se las puede echar".
Sin embargo, ha rechazado empezar el debate por esta cuestión porque, a su juicio, cuando uno gestiona todas las competencias en inmigración, y otras cuestiones como juventud, servicios sociales y educación, lo primero que debes intentar es que no haya multirreincidencia. Tras argumentar que es necesario encontrar una solución a esta cuestión, ha pedido abordar este problema desde la lógica de la "integración" y no avivar políticas de enfrentamiento.
También ha explicado que, una vez asuman las competencias en inmigración, que se produciría mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica para Cataluña, les permitirá abordar cuestiones como la lengua, los flujos migratorios y aspectos relacionados con el aspecto laboral.
"Ahora, cuando esté en vigor la ley orgánica, desde Cataluña tendremos más soberanía para decidir sobre políticas de inmigración", ha sostenido Turull, que no ha aclarado si pedirán que los Mossos d'Esquadra asuman las competencias de extranjería, entre otras cosas.
Según el dirigente de Junts, el miércoles se formalizó la decisión política y ahora deberán ponerse manos a la obra para escribir el redactado de la ley. También ha asegurado que el Govern deberá celebrar el acuerdo al que llegaron con el PSOE, que ha defendido porque, en su opinión, estos acuerdos "debes hacerlos con independencia de quién gobierne aquí o allá".
Decidirá el reparto de inmigrantes
Por su parte, la presidenta de Junts, Laura Borràs, también se ha referido a estas cuestiones de inmigración y ha declarado que el acuerdo con el Gobierno permitirá también a Cataluña decidir sobre el reparto de migrantes a las comunidades autónomas. "Es importante poder ver los cupos de inmigración que se reciben en función de la población que representa Cataluña en el conjunto del Estado. En este momento Cataluña representa un 16% de la población, pero está recibiendo cupos de inmigraciones vinculados a un 23%", ha señalado en declaraciones a Telecinco.
Borrás afirma que en este momento, cuando el Gobierno reparte a los inmigrates que llegan a España, lo hace con un criterio en el que nosotros no "participamos" y ha asegurado que después de este pacto podrán decidir cómo se organizan estas políticas de migración.
"Por supuesto Cataluña es una tierra de acogida y saca adelante a todas las personas que llegan a nuestro país, pero queremos y vamos a poder decidir de qué manera y cómo se organizan todas estas políticas en materia de inmigración", ha afirmado. Borrás señala que en Cataluña existen unos flujos migratorios "muy importantes" y ellos, como partido independentista, esperan tener todas las competencias en esta materia.
Al ser cuestionada sobre si esto significa que desde Cataluña se pueda rechazar las cuotas de inmigrantes que el Ejecutivo reparta entre las comunidades autónomas, Borrás insiste en que como el Ejecutivo "no explica de qué modo lleva a cabo su reparto" y el modo en que toma estas decisiones, "como eso compete a Cataluña y tiene lugar en Cataluña, Cataluña quiere poder decidir de qué manera eso se produce", ha remarcado.
Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha afirmado que su partido ha pasado "una pelota de gol" al Govern con la cesión de las competencias en inmigración pactadas con el PSOE para abstenerse en la votación del decreto ómnibus. "Se ha pasado una pelota de gol a la Generalitat de Cataluña y nosotros esperamos que la Generalitat marque ese gol", ha dicho este jueves en una entrevista en Rac1.
'Nada nuevo'
El Gobierno traspasó ya en 2009 a Cataluña la gestión de las autoridades iniciales de trabajo para migrantes, según recoge el Real Decreto 1463/2009, de 18 de septiembre, que también muestra que el Ejecutivo acompañó está cesión a la Generalitat con más de 1,3 millones de euros para que llevase a cabo esta función.
"Esta competencia, que se ejercerá en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de entrada y residencia de extranjeros, incluye: a) la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena y b) la tramitación y la resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes a que se refiere la letra a) y la aplicación del régimen de inspección y sanción", precisa el Real Decreto.
De este modo, desde hace 15 años todos aquellos permisos de residencia que incluyan autorizaciones de trabajo iniciales son competencia del gobierno autonómico catalán, tal y como ha confirmado en declaraciones a Europa Press el experto en extranjería, inmigración y nacionalidad española y director General de Legalteam, Guillermo Morales, en relación al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, con el que, según los independentistas, se traspasarán de forma "integral" las competencias de inmigración en la Generalitat.
Morales ha apuntado que, por lo que se sabe del acuerdo, el texto pactado hace referencia al artículo 150.2 de la Constitución, que establece que el Estado podrá transferir a las CC.AA mediante ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. Sin embargo, ha recalcado que hay otro artículo, el 149, que "no tiene menos peso" y dice que el Estado tiene competencia "exclusiva" en las materias de "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y asilo".
