El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha augurado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont podrá volver a Catalunya en julio, cuando hayan pasado dos meses de la aprobación de la Ley de Amnistía -que sitúa a mediados de mayo-, y ha asegurado que será el candidato del partido a las elecciones europeas del próximo 9 de junio.
En una entrevista de este jueves en Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que "si no hay ningún infortunio", tanto Puigdemont como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín deberían que volver a lo largo de los dos meses que tendrán los jueces para aplicar la ley.
Respecto a Puigdemont, ha sostenido que "una vez se aplique la ley, deben levantarse todas las medidas cautelares existentes", entre ellas la orden de detención al expresidente.
Asimismo, ha avisado de que, si bien el instructor del 'procés' en el TS, Pablo Llarena, tiene dos meses para ello, "puede hacerlo el primer día, puede hacerlo una semana después, puede hacerlo al cabo de 15 días o agotar los dos meses", por lo que Turull sitúa la posible vuelta de los políticos residentes en el extranjero en julio.
También ha defendido que aquel juez que quiera impedir retirar las causas "es que estará prevaricando", ya que la ley es muy clara y muy explícita sobre las medidas cautelares, y ha asegurado que el caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre Tsunami Democràtic entra dentro de la ley.
Candidato a europeas y catalanas
Al preguntársele por la candidatura de Puigdemont a las elecciones europeas, Turull ha dicho que el expresidente la ha confirmado a Junts: "La voluntad es que, si no lo ha expresado directamente en medios públicos, sí que nos lo ha expresado a nosotros, será el candidato".
Por otro lado, interrogado porque Puigdemont lidere la candidatura de Junts a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2025, ha afirmado que le gustaría que fuese el candidato, si bien es algo que el partido abordará tras las europeas.
"En Junts per Catalunya tenemos muy claro lo que debemos hacer de aquí a junio. Concentrarnos paso a paso y, a partir de junio, éste será el debate que tendremos. Y evidentemente la primera persona a la que escucharemos será el presidente Puigdemont", ha explicado.
Ley de amnistía a medida
El nuevo texto de la amnistía, aprobado este jueves por la Comisión de Justicia del Congreso y que llegará al pleno la próxima semana, busca blindar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ante el "terrorismo callejero" que investiga el Tribunal Supremo en el marco de la causa que ha abierto contra el eurodiputado de Junts por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista Tsunami Democràtic.
Las enmiendas transaccionales que este jueves han pactado PSOE, Junts, ERC, EH Bilu, PNV y Sumar también pretenden amparar a los investigados de la trama rusa del caso Voloh que instruye el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, cuyo juez insiste en que los contactos del independentismo con Moscú estarían auspiciados por Puigdemont y podrían constituir delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
Junts y ERC han esgrimido el borrador del informe emitido por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la ley de amnistía para justificar los cambios incluidos a última hora en la norma.
En concreto, modifican la proposición de ley que presentó el PSOE el pasado 13 de noviembre para enmendar el preámbulo anterior y los artículos 1, que recoge el ámbito objetivo; el 2, que detalla las exclusiones de la ley; y el 7, relativo a los efectos sobre indemnizaciones y restituciones, informa Europa Press.
La clave para las causas de Tsunami Democràtic y Voloh está en los cambios del artículo 2. Cabe recordar que el dictamen que Junts tumbó el pasado 30 de enero perdonaba los supuestos delitos de terrorismo siempre y cuando "de forma manifiesta y con intención directa" no hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos", citando expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo, que recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.
Este extremo se mantiene, pero ahora se quita la referencia al terrorismo fijado por el Código Penal español y se queda exclusivamente con la versión de terrorismo recogida en la directiva europea de 2017, donde el umbral del delito es más alto.
Este cambio tiene lugar después de que el pasado 29 de febrero el Supremo acordara abrir causa penal contra Puigdemont por Tsunami Democràtic y asegurara que no había "duda alguna" de que los hechos que se le imputan a la plataforma independentista se incardinan en el delito de terrorismo. Aquel día, el tribunal se amparó en al menos una decena de sentencias de 'terrorismo callejero' que consolida su doctrina sobre este delito.
El Supremo explicó que para acreditar el delito de 'terrorismo callejero' se exige que se ejecute alguna de las siguientes finalidades: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un supuesto estado de terror en la población o en una parte de ella. Para el tribunal, las conductas analizadas en este caso encajan en dicha descripción. En Europa, sin embargo, este concepto de terrorismo se vincula más al uso de la violencia expresa.
Torturas y alta traición
Al margen, con el pacto de este jueves también se enmienda el texto para excluir de la amnistía los actos tipificados como delitos de torturas o tratos inhumanos, a excepción de aquellos que "no superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana, o para provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física".
Asimismo, se enmienda la amnistía para incluir el perdón a los actos tipificados como delitos de alta traición y contra la paz, siempre que no se haya producido "tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España".
Cabe recordar que este apartado, que ha defendido Junts desde el principio, se quedó fuera del texto que debatió el Congreso el pasado 30 de enero.
Malversación sin ánimo de enriquecimiento
La nueva versión pactada este jueves también hace cambios para reforzar el perdón a los delitos de malversación "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento". Y se especifica que "no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos" a los actos cometidos con intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña o los actos cometidos con la intención de convocar, promover o procurar las consultas del 9-N y el 1-O.
Este cambio podría beneficiar al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras, quien permanece inhabilitado hasta 2031 tras ser condenado por el Supremo por un delito de desobediencia en concurso real con otro de malversación en su versión agravada.
Cabe recordar, sin embargo, que el Supremo explicó -tras la reforma del Código Penal por la que se modificó la malversación- el concepto de ánimo de lucro e insistió en que "nunca podrá entenderse" que la actuación de Junqueras estuvo "ausente" de dicho ánimo.
Al margen, el nuevo texto de amnistía amplía en dos meses el período a perdonar. En lugar de partir del 1 de enero de 2012, el plazo abarca del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. Se aprovecha además para incluir en el preámbulo varias referencias al informe de la Comisión de Venecia.
Además, enmienda el artículo 7 para precisar que no serán restituidas las multas, salvo las impuestas al amparo de la denominada ley mordaza, "con excepción de las impuestas por infracciones muy graves, siempre que, a criterio de la Administración que impuso la sanción, se estime que concurren para ello criterios de proporcionalidad".
Hasta 200 personas amparadas
Junts ha cifrado este jueves entre 150 y 200 las personas que considera que ahora quedan incluidas la ley de amnistía acordada entre su partido, el PSOE y ERC.
Fuentes de la formación han asegurado que con el redactado anterior de la norma, a la que Junts se opuso, estas personas, sobre todo las vinculadas con el caso Tsunami Democràtic y Voloh estaban "a disposición de que un juez les investigara y les pudiera imputar terrorismo".
"Ahora pueden estar más tranquilas. Pueden tener la tranquilidad de que, desde un punto de vista normativo y legal, estarán cubiertas. A partir de aquí, los jueces harán lo que consideren", añaden.
"Continuar el proceso de independencia"
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha agradecido la disposición del PSOE para pactar la Ley de Amnistía y ha asegurado que permitirá "continuar el proceso de independencia".
"Tenemos todo el derecho a continuar con el proceso de independencia, a hacer política y a ejercer nuestros derechos sin ser violentados por las estructuras de Estado", ha defendido en un apunte en 'X'.
También ha avisado al Gobierno que, tras el pacto por la amnistía, no puede dar nada por aprobado, y ha dicho que ahora toca negociar pieza a pieza, "desde los presupuestos al reconocimiento nacional y al ejercicio del derecho a la autodeterminación".
Para Puigdemont, el proceso independentista es legítimo, democrático y no-violento, y ha criticado que el Estado lo combata "de una forma inaceptable e incompatible con el Estado de Derecho".
