Salvador Illa, exministro de Sanidad, pagó sobrecostes a dos proveedores de hasta el 600% por productos sanitarios durante la crisis del coronavirus en 2020. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el organismo encargado de hacer las compras, adquirió, en concreto, guantes y batas desechables a la empresa Member of the Tribe y Weihai Textile, respectivamente, por un valor muy por encima de lo que pagó a otras compañías en el Covid-19.
Member of the Tribe es una empresa dedicada al comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado. Aunque figura en disolución desde febrero de 2022, según el Registro Mercantil, en 2020, cuando recibió la adjudicación de Sanidad, tenía unos ingresos de 3,8 millones de euros y unos números rojos de 3,4 millones. Desde Sanidad se cerraron dos acuerdos con esta compañía. Uno en mayo, para el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo por valor de 5,5 millones y otro en junio, de 40 millones de guantes por un total de 3,8 millones. En total, el encargo de Ingesa fue así de 92 millones de guantes por un total de 9,4 millones de euros.
Según consta en la denuncia presentada por el PP ante la Audiencia Nacional, "el precio de la unidad de guante de nitrilo ofrecido por la empresa Member of the Tribe fue de 0,10 euros"; mientras que en los meses de abril, mayo y junio, los Servicios de Salud de varias comunidades autónomas adquirieron guantes por un precio que rondaba entre los 0,02 euros y los 0,08 euros la unidad. Hasta el propio ministerio de Sanidad adjudicó a través de Ingesa a otra empresa, Sanicen, el suministro de 17 millones de guantes por un valor de 0,05 euros la unidad. Es decir, la mitad de lo que pagó a Member of the Tribe.
Los proveedores
"El precio de adjudicación por unidad, por encima de los 0,10 euros (...), supone un exceso de precio que supone multiplicar por dos el precio pagado en adjudicaciones anteriores", se asegura en la demanda, que cifra en hasta el 500% el sobrecoste. Los populares también ponen el foco en la compañía china Weihai Textil. A los pocos días del confinamiento, fue contratada por Ingesa para suministrar 500.000 batas desechables, por un precio de 10,2 millones.
En este caso, las batas tenían un valor de, aproximadamente, 18,5 dólares la unidad (16,7 euros dependiendo del tipo de cambio de aquellos días). Sin embargo, en esa misma semana, el Gobierno de Pedro Sánchez compró batas desechables a otras dos compañías españolas, Medline Internacional Iberia y Suministros Hospitalarios, por un valor que rondaba los 0,3 y 0,2 euros por unidad, respectivamente.
De este modo, la adjudicación que se firmó con la firma china tenía un valor entre 52 y 60 veces superior a los precios de mercado de aquellos meses, y por lo tanto, la cuantía total de las batas habrían rondado los 139.150 y 163.150 euros. "Hay un sobrecoste, incomprensible, inasumible e inadmisible, de 10 millones de euros (+625%), cuyo destino real se tendrá que explicar y justificar", alega el PP en su demanda.
Nuevos frentes
Por otro lado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está investigando desde hace varios meses un supuesto sobrecoste de 21,1 millones de euros de un contrato — valorado en 36 millones— que Illa selló para la compra de 5.000 respiradores en plena pandemia, según adelantó ayer El Debate. En un principio, el Ejecutivo se lo encargó a Hersill SA, empresa especializada en este material.No obstante, Ingesa decidió incluir a Escribano Mechanical and Engineering SL, cuyo objeto social es la fábrica de material bélico y ajena por completo a los temas sanitarios. Escribano, sin embargo, ha negado tajantemente que haya ningún tipo de investigación abierta o que hubiera ningún sobrecoste.
En general, el ministerio de Sanidad evitó el control y fiscalización de gran parte de los contratos adjudicados por la vía de emergencia durante la pandemia. El Tribunal de Cuentas ha detectado que, bajo la gestión de Salvador Illa al frente de la cartera, hay numerosas adjudicaciones que se otorgaron para hacer frente a la crisis saltándose la obligación legal de informar de forma previa a la Intervención Delegada, con lo que se impidió que pudiera haber un control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Así, de los 80 contratos de emergencia cerrados por Illa y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, el 35% presenta irregularidades.
Un Guardia Civil a sueldo
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha descubierto, por otro lado, que un comandante de dicho cuerpo, Rubén Villalba, cobraba hasta 2.000 euros al mes de la trama. Villalba, que ejerce actualmente como agregado de Interior en la embajada española en Venezuela, y que fue detenido el pasado 3 de marzo en el aeropuerto de Barajas habría realizado varios trabajos para la red.
Entre otras cosas, según el informe de la UCO, se habría encargado de proporcionar a la trama una "línea de comunicación segura". Las intervenciones telefónicas y los mensaje de WhatsApp interceptados muestran como Víctor de Aldama, uno de los cerebros de la trama, aseguraba que en 2022 Villalba había realizado "una gestión en B de la hostia"
