En noviembre el Gobierno y ERC firmaban un acuerdo por el que el Ejecutivo se comprometía a una quita del 20% de la deuda catalana con el Estado. Es decir, unos 15.000 millones de euros de pasivo y unos 1.300 millones extra por los intereses sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Las implicaciones de esta medida podrían tener un eco mayor del que estiman los mercados y cambiar de forma clara el paradigma para las CCAA de forma permanente. Esto es lo que desprenden los recientes informes de las principales agencias calificadoras de deuda, que han lanzado sus escritos esta semana con esta medida como el punto troncal. Las agencias cifran en hasta 71.730 millones de euros el coste de extender el perdón de la deuda catalana a todas las comunidades.
Esta expectativa ha motivado a Fitch, que ha lanzado su informe destacando una subida de calificación en cinco comunidades autónomas. Andalucía, Cantabria y Cataluña han subido BBB desde BBB-, La Rioja ha hecho lo propio a BBB+ y Madrid ya está en A-. Todas las perspectivas son estables. Para justificar este cambio hay un gran y sólido argumento: "Ahora el apoyo financiero del Gobierno Español se ha convertido en estructural". Fitch recuerda que "el mecanismo de apoyo a la liquidez (FLA) representa en 58% de la deuda de las regiones españolas".
El FLA, creado en 2012, en un contexto de absoluta crisis económica, fue una línea de crédito creada para facilitar que las autonomías puedan acceder a liquidez sin tener que acudir por separado al mercado de deuda. Fitch señala que el pacto PSOE-ERC, que habla de la condonación de parte de la deuda catalana y una extensión a toda España, "ha provocado un cambio de nuestro enfoque". El motivo es que ahora queda claro que se convierte en un elemento estructural. Es por esto que explica que si hasta ahora medía la calificación en función de la solvencia de cada una de las comunidades, ahora la perspectiva ha cambiado y "ahora hay que combinar la solidez crediticia individual y la calificación del país en su conjunto como una medida de la capacidad de gobierno para respaldarlas".
En cualquier caso aún hay una gran incertidumbre sobre cómo se aterrizará esta cancelación de la deuda a nivel nacional. Desde el primer momento, el texto hace referencia a que esta medida "se extenderá a todas las comunidades del régimen común" tramitándose a través de "una modificación legal". Sin embargo, no hay pistas de cómo esta se producirá y, según explicaron entonces desde el PSOE "el cálculo se realizará de forma individualizada". Esta misma semana, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su confianza en que todas las comunidades se sumarán y que la condonación a cada una se realizará a través de "cálculos objetivos y comunes", aunque aún están trabajando en cuales serían los mismos.
Esta gran duda sigue presenta para los mercados, cuya realidad cambia completamente en función de cómo funcionaría este mecanismo. A pesar de que Cataluña es la que tiene una myor deuda total con el FLA (unos 71.852 millones de euros), la realidad es que hay diversas comunidades con un gran endeudamiento, especialmente teniendo en cuenta su PIB. En ese sentido, esos 15.000 millones condonados a Cataluña pueden suponer, en el escenario más favorable para el Estado, unos 49.720 millones perdonados a todas las CCAA, mientras que el cálculo más generoso apuntaría a 71.730 millones, según los cálculos de S&P Global.
Desde la agencia señalan que la medida plantea un verdadero "riesgo moral" porque "reduce los incentivos a controlar una deuda creciente (por parte de las CCAA) ante la previsión de otra posible absorción de pasivo por parte del Gobierno". En cualquier caso, el impacto de la misma cambiará de forma muy sensible en función de cómo se calcule. Este es el motivo por el que proponen cuatro posibles escenarios para que la 'quita catalana' se aplique a la totalidad de España.
Sin embargo, volviendo a cómo sería la expansión de la condonación catalana a toda España, desde S&P creen que hay cuatro posibilidades. El cálculo realizado a Cataluña corresponde al 30% de lo acumulado entre 2008 y 2014, la época de mayor explosión de deuda e incapacidad de las CCAA de acudir al mercado. El primer escenario y el que menos dinero 'costaría' extender la 'excepción' catalana (49.720 millones de euros) pasaría por llevar ese mismo criterio a todas las comunidades calculandolo con la deuda total. En ese escenario Madrid quedaría exenta de pagar 5.520 millones euros, Valencia 7.770 millones y Andalucía unos 6.450 millones. Sin embargo desde S&P señalan que Cataluña sería "desproporcionadamente beneficiada por este sistema" dado que es el mayor deudor del FLA con diferencia con 71.850 millones de euros.
En el segundo escenario se calcula por la deuda sobre el PIB, igualándolo con el caso de Cataluña. En este caso, el gran beneficiado sería Valencia, la comunidad más endeudada a través del FLA (46.270 millones de deuda y un 36,4% del PIB). En este caso, la quita a este región sería ya comparable a la de sus vecinos del norte, con 12.090 millones de euros asumidos por el Estado. También se premiaría a un Castilla-La Mancha que se olvidaría de un pasivo de 3.080 millones de euros y a Murcia, que quedaría exenta de 2.600 millones. En ambos casos, ambas tienen un alto grado de endeudamiento con el FLA, con un 23% y 26% de su PIB respectivamente. Los expertos de la agencia señalan que este escenario "favorece a aquellos con unas peores finanzas". De concretarse, esto supondría una deuda 'extra' para el Gobierno de unos 60.130 millones de euros.
En el tercer escenario los expertos de S&P Global tienen en cuenta no solo el porcentaje sobre el PIB, sino la destrucción económica que se generó en esos años de profunda crisis, aplicando la relación que sucedió en Cataluña con el resto de regiones. Aquí la transferencia total ya llega a los 69.420 millones y es Andalucía, una de las comunidades más castigadas por la crisis, la que sale más beneficiada. La comunidad sureña vería condonado en este escenario cerca de 12.200 millones de euros. Otras provincias como Aragón, Asturias o Cantabria también ganarían más con esta fórmula. "Las regiones más castigadas por la crisis serían las más premiadas con esta distribución", explica S&P Global.
"Provocará un debilitamiento del Estado, con un impacto en las cuentas públicas, el PIB y el empleo"
El último escenario se realiza teniendo en cuenta los déficits autorizados como porcentaje del PIB de las regiones. Es decir, sería una fórmula para premiar a las comunidades que registraron un menor déficit manteniendo un gran desempeño. Este es el cálculo con el que Madrid sería el ganador absoluto con cifras comparables a las catalanas con 14.080 millones 'perdonados' por el Estado para la capital de España. Galicia, Castilla y León, Canarias, Baleares, Extremadura y la Rioja son otras de las que ganarían con este sistema. Este sería el escenario más costoso para el Gobierno, asumiendo 71.730 millones de deuda. "Esto beneficiaría a las comunidades mejor financiadas y más conservadoras fiscalmente".
Hay que destacar que los expertos tanto de esta agencia como de Gestha incluyen a la capital de España en sus previsiones a pesar de que esta región no utilizó el FLA para financiarse. El motivo por el que se da por hecho que Madrid también se vería incluída en estas quitas es por las declaraciones del propio Gobierno. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, afirmó ante el Senado los días posteriores al pacto con ERC que se aplicará al resto de regiones aunque no optasen por este mecanismo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó esto alegando que "estamos hablando de una condonación no solo para Cataluña, sino para todas las autonomías españolas y no solo para el Fondo de Liquidez Autonómica, sino también para las deudas a terceros".
Tal y como explicaba Fitch, esto supondría un apoyo clave para que las CCAA puedan financiarse nuevamente en contraposición a un gobierno español que contaría ahora con un pasivo reforzado. Según Gestha, que en su momento apuntaba a una condonación nacional de 46.300 millones de euros, pasar deuda de una administración a otra "supondrá un mero ajuste interno que no afectaría a los compromisos de España". Otros como Fedea hablaban de que esta medida "provocará un debilitamiento del Estado, con un impacto en las cuentas públicas, el PIB y el empleo". Desde la fundación explicaban a finales de 2023 que una condonación general costaría 88.000 millones de euros y supone "una invitación a la indisciplina fiscal que incrementará el gasto del Estado".
Ante el impacto de esta medida el gobierno de España se ha pronunciado repetidamente alegando que no habrá ninguna clase de impacto. El ministerio de Economía habló del tema este mismo 2024 alegando que es solo reasignación entre los diferentes niveles de la Administración, que no cambiaría en absoluto los planes de financiación del Gobierno.
Josep Comajuncosa, profesor titular del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade, coincide con esta idea. "Incluso si la deuda es regional, en última instancia afecta al estado, pues son dos caras de la misma moneda". En ese sentido la condonación "genera una mayor interrelación entre la deuda de las comunidades y al gobierno central, para bien y para mal". Sin embargo, da por hecho que esto es una gran noticia para las regiones que ahora pueden acudir "con más garantías al mercado de deuda".
En ese sentido, aunque Comajuncosa afirma que "el impacto es neutro", explica que la nueva disposición afectará al Estado en función de dos factores fundamentales. "Los 70.000 millones que pueden pasar a ser responsabilidad del Estado se pagarán con los impuestos de todos los españoles, al igual que la deuda de las comunidades", la diferencia sería quien aplica esas tasas, el gobierno nacional o el local. "Todo dependerá de la naturaleza de estos impuestos, sin son más generales o si afectan a regiones o rentas específicas". Además, el experto matiza que ese 'impacto cero' puede verse comprometido por el cálculo de condonación, pues puede beneficiar más a unas regiones u otras en favor de unos impuestos que son centrales. "La condonación responde también a criterios políticos, del mismo modo que la deuda que se ha adquirido (con la fórmula del FLA) también respondió a decisiones políticas de gasto y recaudación".
Lo que ha quedado claro para todos es que esta política de condonación cambia la realidad de las CCAA. A expensas de lo que pase con el resto, el último informe de DBRS (en diciembre) ya hablaba de que la quita supondría "un alivio para la altísima carga de deuda de Cataluña". Este argumento es el que utilizaron para elevar la perspectiva a estable. Ahora, la idea de que este ajuste puede llegar a la totalidad del país ya ha calado entre los expertos y puede suponer un auténtico cambio de paradigma en la relación de estas y de España con el mercado de deuda.
