España multiplica su deuda pública por cuatro desde la crisis financiera de 2008

Hace ya más de tres lustros de la crisis financiera global que arrasó con los años de expansión económica en España. El desajuste en el déficit y el encarecimiento para financiarse en unos mercados que perdieron la confianza en las cuentas públicas españolas fueron dos motivos que supusieron el punto de partida para un incremento de la deuda pública del 300% respecto a 2008, el año de la crisis financiera. El primer trimestre de aquel curso, el nivel de deuda era el 35% del PIB. Hoy encontramos este indicador rondando el 108% PIB, aunque la pandemia llegó a elevar este dato por encima del 125%.

En este periodo en el que el nivel de endeudamiento de todas las Administraciones Públicas ha crecido más de 70 puntos del PIB, lo que supone en términos nominales es una bola de nieve generada por valor de casi 1,2 billones (miles de millones), hasta los 1,57 billones de la actualidad, según los datos del Banco de España hasta el tercer trimestre, cuatro veces más que entonces.

La mayor parte de la deuda corresponde a la Administración Central (99,9% del PIB), las Comunidades Autónomas se adjudican el 22,3% del PIB y los Ayuntamientos un 1,6% del PIB. La Seguridad Social también ha sufrido un deterioro de la salud de sus cuentas públicas: el sistema de las pensiones es deficitario desde 2012, por eso también está generando una montaña de deuda que se ha duplicado desde el Covid y supone el 7,4% del PIB.

Uno de los motivos que explican este histórico incremento de la deuda es la divergencia en la carrera entre el PIB per cápita (la producción total de riqueza de la economía española repartida entre cada habitante) y el gasto por ciudadano. La expansión económica desde mitad de los 90 y comienzos de siglo provocó una importante mejora del PIB per cápita, llegando a converger con la media europea justo antes de la Gran Crisis y superando al gasto público per cápita.

Pero el esfuerzo del Estado se ha disparado: la riqueza por habitante ha crecido un 3,8% entre 2008 y 2023, mientras el gasto en inversión pública descontando los intereses lo ha hecho un 24,6% en este periodo. "Financiar con deuda esta divergencia no parece sostenible durante mucho tiempo", explica el investigador de Fedea y profesor de la Universidad de Valencia.

"Los factores del empeoramiento son claros, primero políticas Keynesianas agresivas para combatir los efectos de la crisis del 2008 y de la pandemia Covid, que ha llevado a un incremento del gasto público que no se ha visto compensado por incremento de los impuestos a los mismos niveles", explica el profesor Javier Rivas, profesor de EAE Business School. "No hay que olvidar que no hace tanto tiempo, España entró en el euro y durante un tiempo fue capaz de cumplir con los requerimientos del Acuerdo de Maastricht", recuerda.

Un déficit permanente

En el periodo de bonanza previo a la crisis se llegó a registrar superávit, algo que no se ha visto desde entonces. El déficit permanente que arrastran las cuentas públicas obliga a España a endeudarse cada año generando lo que los expertos denominan el efecto bola de nieve.

El año 2009 se marca en la historia negra por el desplome, precisamente, de la balanza fiscal: España pasó de cosechar un superávit del 1,9% del PIB en 2007 a tener un déficit del 11,2% del PIB. Posteriormente, llegaron los recortes de gasto público y las subidas de impuestos. En 2012, el continente europeo y los mercados nos dieron la espalda: la prima de riesgo repuntó hasta los 490 puntos, y los intereses a pagar por colocar la deuda española también crecieron. Aquella travesía por el desierto explica que España sea siempre uno de los países señalados por incumplir las reglas fiscales –déficit inferior al 3% y deuda en el 60% del PIB–.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el Tesoro español deberá renovar la financiación en los mercados de una quinta parte de su deuda en los próximos cursos, ahora en un entorno que no tiene los tipos de interés bajos y sin las compras de bonos españoles por parte del Banco Central Europeo (BCE).

El Ministerio de Asuntos Económicos explica que "los esfuerzos realizados en la última década por alargar la vida media de la cartera de deuda hasta el entorno de los 8 años actual, han contribuido a limitar el impacto del incremento de los tipos de interés sobre los gastos financieros de las Administraciones Públicas, ya que solo se refinancia en torno a un 13% de la cartera al año".

La auditora proyecta en su escenario a largo plazo "un gasto de intereses en relación con el PIB que se irá incrementando gradual y sostenidamente desde el 2,4% del PIB de 2022 hasta situarse en el entorno del 4,5% en los próximos 15 años", explicaba la institución en otoño.

Sobre la posibilidad de abrocharse el cinturón, como pide la Comisión Europea, "los ajustes deben centrarse en aquellos aspectos que afectan menos a la parte social –educación, sanidad– y centrarse en el tamaño del estado y políticas duplicadas", sentencia Rivas.

WhatsAppTwitterLinkedinBeloud