Bruselas
Bruselas sigue de cerca la evolución del caso 'Koldo' por la presunta malversación de fondos europeos. El ministerio de Hacienda ha informado a la Comisión Europea de que el 'caso Koldo' podría implicar financiación comunitaria por valor de 17,8 millones de euros. El Ejecutivo comunitario se ha reafirmado en que tomará todos los pasos necesarios para proteger el presupuesto de la UE: sea la suspensión de fondos implicados, la reclamación de los pagos ya desembolsados o medidas administrativas.
La Comisión Europea remitió a finales de febrero una carta al ministerio de Hacienda pidiendo más detalles sobre el caso de corrupción que afecta a contratos irregulares de compra de mascarillas por el Gobierno de Baleares y Canarias durante la pandemia. La respuesta le llegó el pasado 8 de marzo. Hacienda explicaba a la Comisión Europea que se identificaron 14,7 millones de euros de fondos para el Desarrollo Regional (FEDER) implicados y una partida de 3,1 millones de euros del fondo de Solidaridad Europeo.
El portavoz comunitario responsable de política regional, Stefan de Keersmaecker, ha explicado a elEconomista.es, que la "Comisión Europea ha estado en contacto con las autoridades nacionales para determinar qué fondos se han visto afectados". Así, ha explicado que Bruselas cuenta con múltiples herramientas para proteger el presupuesto comunitario: puede interrumpir o suspender los pagos a un Estado miembro, pedir correcciones financieras, recuperar el dinero que ha sido desembolsado o poner en marcha medidas administrativas.
Sólo a cuenta de los fondos FEDER, España se juega 22.500 millones de euros asignados de 2021 a 2027. Se trata de la cantidad de la financiación que queda por pedir al Ejecutivo comunitario en fondos para el desarrollo regional. Pero, además, Bruselas podría reclamar el reembolso de los 450 millones de euros que ha pagado hasta la fecha.
Fuentes del ministerio de Haciedan confirman el importe y avanzan que el Gobierno central va a descertificar por prudencia ese gasto, como ya ha hecho Baleares. Aún así recuerdan que la Justicia española analizó los contratos y estableció que fueron correctos y los procesos legales.
El Ejecutivo comunitario ha puesto el foco en el escándalo de corrupción español desde que salió a la luz por la implicación de financiación comunitaria. Desde un inicio se mostró dispuesta a "tomar las medidas necesarias" para proteger el presupuesto europeo. Primero envío los detalles a la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés).
Poco después la Fiscalía Europea abrió una investigación "formal", tras recibir una denuncia de un particular. El procedimiento implica reunir información adicional de la Fiscalía Anticorrupción del Juzgado Central número dos, así como de diferentes agencias a cargo de financiación de la UE. Concretamente, la investigación emprendida se refiere a cargos por malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencia.
Una vez finalizada la investigación, la Fiscalía Europea decidirá si llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE o desestimar el caso. La figura de la Fiscalía Europea es una institución independiente de la Unión Europea que se responsabiliza de investigar, procesar y juzgar crímenes que afecten a los intereses financieros de la UE, mientras que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude no puede llevar a cabo investigaciones penales ni perseguir casos de fraude.
