Trabajo pretende que los Ertes aprobados por causa de fuerza mayor pierdan vigencia tras el estado de alarma, en la mayoría de sectores. Una vez más, el Ministerio toma la iniciativa unilateralmente, sin buscar la implicación desde el inicio de las patronales. Igualmente preocupante resulta la disyuntiva que plantea a las empresas.
Una vez anulados sus Ertes, estarán obligadas a volver a abrir (aunque carezcan aún de actividad) o a hacer otro ajuste de plantilla por causa económica o de producción. Esta opción no implica ningún alivio, ya que equivale a requerir otra autorización de Trabajo, en un momento en el que la ministra Díaz retoma las injustas amenazas de someter a las empresas a mayores inspecciones.
