Madrid
Sánchez se citó con los grandes del IBEX en Davos, después de arremeter en la pasada legislatura contra ellos. "Si protestan es que vamos en la buena dirección", llegó a decir en julio en referencia a Ignacio S. Galán y Ana Botín. A la cita acudieron en pleno los sectores energético y bancario, a los que engañó con el señuelo de un impuesto temporal, que luego convirtió en perpetuo. Hasta el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, al que acusó de "no ser un empresario comprometido con su país", asistió puntual al encuentro.
"Sánchez se siente pletórico. Su meta es superar los 13 años de González en el Gobierno."
Sánchez se siente pletórico, henchido de poder, después de haber revalidar de nuevo su mandato. "No sólo piensa terminar la legislatura, alberga el ambicioso objetivo de superar a Felipe González, que permaneció 13 años seguidos en el Gobierno", aseguran en su entorno.
Cree que tiene la fórmula magistral para perpetuarse en Moncloa: el apoyo de los socios nacionalistas e independentistas, que de otra manera no podrían acceder a las instituciones y repartirse los altos cargos entre sus miembros. Incluso se permitió cargar contra el neoliberalismo, al calificó de "trasnochado", en el foro que es la cuna de este movimiento. ¿Así va a atraer inversiones?
Pese a la mano tendida al IBEX, o a que durante su estancia en Davos se entrevistó con los consejeros delegados de Cisco, Chuck Robbins; Intel, Pat Gelsinger; Qualcomm, Cristiano Amon, Microsoft, Bill Gates, Siemens Energy, Christian Buch ó Fujitsu, Takajito Tokita, para vender el Perte chip, dotado con 12.0000 millones, que no sabe cómo colocar, su pensamiento sigue siendo el mismo, no se engañen.
Mientras Sánchez se paseaba triunfante por Davos, embutido en un modesto abrigo de la marca española Joma, su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciaba su intención de topar el sueldo de los altos directivos con los que se reunía el presidente, sin que nadie del Gobierno la desdijera. Y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, salía en tromba contra el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, uno de los asistentes al cónclave de Sánchez, al que acusa de difundir el discurso del "negacionismo y retardismo". Una palabra esta última desconocida hasta ahora y que la RAE quizá debería considerar para incluir en su diccionario.
El mensaje de Josu Jon, por cierto, no ha cambiado. En el Foro de Davos defendió un marco legal para el sector, que proteja "la actividad empresarial de cualquier iniciativa arbitraria" y abogó por "repensar" la política energética europea, "sin una aproximación ideológica". Repsol fue la primera compañía de su sector en anunciar en 2019 que alcanzaría el objetivo de cero emisiones netas en 2050; lleva invertidos 4.700 millones sólo entre enero y septiembre de 2023, casi el doble del año precedente; es ya la cuarta eléctrica española, con una cartera de renovables de 2.500 MW, y es pionera en combustibles cien por cien renovables.
¿Dónde está el negacionismo o el populismo que critica Ribera? Lo que ocurre es que Imaz se ha erigido como una de las voces más críticas contra el impuesto extraordinario a las energéticas, que han prometido reformar con la introducción de incentivos. En su intervención, reiteró su disposición a defenderse con el traslado de inversiones a otros lugares, si es necesario.
Ribera, al igual que otros miembros de núcleo duro del presidente, está crecida por la reciente victoria y está ya en campaña para las europeas, que encabeza el cartel socialista, aseguran. Este viernes dirigió sus ataques contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
Entretanto, Díaz impone 'manu militari' la cuarta subida consecutiva del SMI sin contar con la CEOE y a renglón seguido anuncia un endurecimiento del control horario en las empresas y la apertura de negociaciones para reducir a 37,5 horas la jornada laboral. La vicepresidenta tercera tiene prisa por implementar las medidas antes de las elecciones europeas, en las que se enfrenta a un competidor inesperado, Podemos, que acaba de tumbar en el Congreso su reforma de los subsidios de desempleo.
Ese mismo jueves se conocía un informe sobre la pérdida de productividad española, al que Díaz no hizo referencia. España es el farolillo rojo entre los países desarrollados con la pérdida de 3,8 puntos de productividad en una década. Una tendencia que acelerará la reciente subida del SMI y el recorte de la jornada laboral.
La productividad, como se sabe, refleja la relación entre los resultados de una actividad y el tiempo invertido en ella. Si se reduce el tiempo de actividad y, además, se encarece la mano de obra, la productividad caerá en picado. El SMI se encareció más del 50 % y supera ya el salario medio en 13 de las 17 autonomías españolas, lo que las condena a una pérdida de eficiencia y, por ende, de crecimiento. Pero eso ni a Díaz ni a los sindicatos parece preocuparles.
McKinsey alerta de que la renta per cápita europea europea es hoy 27 puntos inferior a la de Estados Unidos, cuando hace solo una década era superior, por la menor competitividad de sus economías. Para cerrar esa brecha, la consultora recomienda que "gobierno y empresas vayan de la mano" (…) para "la atracción de talento tecnológico, añadir 400.000 millones en inversión empresarial, duplicar la inversión extranjera directa, asegurar el acceso a materiales críticos y repensar la regulación y la política industrial". ¡Qué casualidad! Lo mismo que pide el consejero delegado de Repsol.
El reiterado ataque a los empresarios ó la amenaza con tasas e impuestos no parece el mejor camino para generar confianza mutua e impulsar la economía. Una prueba de la incertidumbre en el IBEX es que ninguno de sus primeros espadas se atrevió a plantear delante del presidente las discrepancias en política fiscal ó económica, mientras que en privado se muestran muy críticos. El motivo es que nuestras grandes empresas, bancos y eléctricas, pertenecen a sectores estratégicos y regulados por el Gobierno, lo que deja su futuro en sus manos. Y a nadie le interesa pegarse un tiro en pie.
La inversión extranjera, para nada dependiente de las políticas oficiales, el verdadero termómetro para medir la confianza en nuestro país, se hundió el 23,3 % entre enero y septiembre del año pasado, hasta los 18.303 millones, según el última dato facilitado por la secretaría de Estado de Comercio. Volvemos así a los niveles de 2021, afectado aún por la pandemia, y muy lejos del pico alcanzado en 2018, con el Gobierno de Rajoy. El descenso se acentuó, en el tercer trimestre, con un 19,2% menos que el mismo periodo del anterior y un 6,5% por debajo de 2021.
Y esto no es negacionismo, la nueva excusa oficial para batir al empresario, son datos oficiales. Como siga por este camino, el Gobierno espantará la inversión por mucho paripé de reuniones con líderes empresariales en los foros internacionales.
La inversión foránea cae más del 20 % en 2023 por la inseguridad y la pérdida de confianza
PD.-En el mundo empresarial, la cara y la cruz son Naturgy y Grifols. La adquisición por parte de BlackRock de GIP, el fondo de capital riesgo dueño del 20 % de Naturgy, es una magnífica noticia porque abre la puerta a un traspaso de la propiedad a BlackRock, que no tiene presencia en los consejos de sus participadas. Una hipótesis que reforzaría el control de la energética por La Caixa y su actual presidente, Francisco Reynés, que espera una respuesta positiva del Gobierno a la operación.
Por contra, el ataque bajista de Gotham City sobre Grifols puso de manifiesto la fragilidad de las normas de contabilidad internacional, que permiten consolidar el beneficio de explotación de las farmacéuticas Haema y Biotest, propiedad del hólding familiar Scranton, gracias a la opción de compra que Grifols posee sobre éstas.
El entramado montado es legal, pero ¿está Grifols en condiciones de devolver sus 9.500 millones de débitos?. Standard and Poor's ratificó este viernes el grado de inversión y asegura que a corto plazo no tiene problemas de liquidez, al igual que avalaron los bancos acreedores hace una semana.
Las dudas se centran a medio plazo. En 2027 vencen 3.500 millones con los bancos. El mantenimiento de estas líneas de crédito va a depender de si el BCE obliga a provisionarlos por completo, lo que obligaría a las entidades a no renovar la financiación.
Todo va a depender de que Gotham City no saque un segundo informe demoledor sobre la farmacéutica, como sugirió su consejero delegado, Daniel Yu, a elEconomista.
