Cuando se ignoran elementos fundamentales de la realidad, propuestas, que sobre el papel parecen grandes ideas, se pueden convertir en absolutamente contraproducentes. Así, hace unos días, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, proponía eliminar la exención del IVA a la Sanidad y Educación privada. Lo hacía con el siguiente argumento:
"También queremos que factores que son claves en un impuesto que es regresivo e injusto, como es el IVA, sean modificados (…) Estamos financiando de alguna manera la asistencia a las escuelas privadas, no estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la Sanidad privada en España tributa al 0%? ¿Es esto justo?"
En este planteamiento, que parece sencillo, hay, a mi juicio, errores y, sobre todo, elementos clave que se ignoran. En principio, la exención del IVA beneficia al consumidor del servicio. Por eso, que la ópera, una corrida de toros o un concierto de Taylor Swift paguen un IVA reducido del 10% supone que se beneficien los consumidores de renta alta que asisten al espectáculo. Sin embargo, en el caso de la Sanidad y la Educación privada, el paciente o alumno correspondiente está renunciado a utilizar un servicio público al que tendría derecho, lo que significa que la correspondiente Administración Pública se ahorra el coste.
La segunda cuestión que se ignora son los aspectos jurídicos. En concreto, las exenciones en el IVA son "factores clave" que se regulan en el ordenamiento comunitario, en concreto en la directiva del IVA. Esencialmente, el artículo 132.1 de la directiva, en sus apartados b) y f) establece la obligatoriedad para los Estados de dejar exentas la práctica totalidad de las prestaciones de Sanidad y Educación, también las prestadas por el sector privado, si los organismos que la prestan cumplen los requisitos.
Ambas exenciones se encuentras generalizadas en los países de la UE: la Sanidad exenta en todos los países y la educación en casi todos. En concreto, Grecia no tiene exención en la educación, e Italia, no la aplica en las universidades, en el resto de Europa, toda la educación está exenta. Por otra parte, estas exenciones, de acuerdo con el artículo 133 de la Directiva sólo pueden retirarse "caso por caso". Y, si los centros educativos y sanitarios cumplían los requisitos hasta ahora, una reforma que considerase que no los cumplen sería complicado que cumpliese los requisitos del Derecho comunitario. Por si esto fuera poco, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se inclina por extender esta exención, tanto por razones de unidad de mercado, ya que la exención está vigente en la práctica totalidad de la Unión Europea, como también de favorecer la competencia en el mercado interior europea. Esta competencia se vería distorsionada si los entes públicos no repercutieses el IVA y los entes privados sí tuviesen que hacerlo.
Recordemos que dos sentencias del TJUE dieron lugar a devoluciones millonarias a cargo de la Hacienda Pública, las relativas a la incompatibilidad de no aplicar los beneficios fiscales en sucesiones a los no residentes, y la relativa al denominado céntimo sanitario. Ahora, además tenemos una opinión del Abogado General del Estado que considera que el tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos, vigente entre 2013 y 2018, infringe la directiva de impuestos sobre la energía. De esta cuestión hablaremos otro día, pero si el Tribunal de Justicia siguiese el criterio del Abogado General, esto podría dar lugar a devoluciones por 6.531 millones de euros más intereses. Por consiguiente, la eventual incompatibilidad con el Derecho comunitario de eliminar las exenciones a la Sanidad y a la Educación privada no es precisamente un tema menor, sino que es un gravísimo riesgo recaudatorio para esta propuesta.
En su día, cuando esta propuesta la hizo Podemos, la AIReF estudió la posibilidad de suprimir la exención del IVA en Sanidad y Educación. Desde un punto de vista económico, no estaba claro si era positivo para reducir el déficit. La razón es que, efectivamente, se podían recaudar hasta casi 3.500 millones de euros, al gravar al 21% ambos servicios. Sin embargo, por una parte, si estos servicios pasan a estar sujetos, entonces las clínicas y los colegios podrían deducirse el IVA que hubiesen soportado, por ejemplo, por compra de edificios o instalaciones. Por otro lado, una parte de los usuarios de la Sanidad y Educación privada se pasarían al sector público, lo que incrementaría los costes de prestación de ambos servicios, y también las colas en la sanidad.
¿Aún así compensaría? No está claro, hay estudios que indican que habría ganancia neta para el sector público, y otros que no. Esto dependería de la "elasticidad", es decir de cuántos pacientes y alumnos, ante la subida de precios, solicitasen el servicio del Sector Público. Aquí, hay una tercera cuestión que se ignora en esta propuesta, y es su extremo centralismo. La subida del IVA, al ser una propuesta normativa del Estado, supondría que su recaudación iría íntegra a la Administración del Estado. Sin embargo, los aumentos de coste irían a las Comunidades Autónomas que son las que prestan los servicios de Sanidad y Educación. Es más que dudoso que esta propuesta sea compatible con la lealtad institucional que se debe exigir especialmente en ámbitos tan relevantes.
Por último, los actuales usuarios de la educación y Sanidad pública, que somos casi todos, nos veríamos perjudicados, no beneficiados precisamente, por esta propuesta. Puede no ser "justo" que un deportista que paga Sanidad privada se le haga antes una resonancia magnética por una lesión menor, que a un paciente con una enfermedad más grave. Pero, trasladando al deportista a la Sanidad pública, lo que aumentaría es la lista de espera y los costes en la Sanidad pública, dejando infrautilizados recursos en la Sanidad privada. Es la típica situación en la que, por pérdida de eficiencia, derivada de introducir un impuesto, todos salimos perdiendo.
Si se considera que el IVA es un impuesto "regresivo e injusto", el problema no se arregla aumentando de forma drástica el IVA en servicios fundamentales, como Sanidad y Educación. Esto supone, lisa y llanamente, establecer un impuesto sobre la salud (o la falta de ella) y sobre el conocimiento, que, además, como corresponde a un impuesto indirecto, no sólo pagarían los "más ricos", sino, directa o indirectamente, todos los usuarios de ambos servicios, que somos casi todos. Aunque no nos estuviésemos alejando de Europa, y no hubiese gravísimos riesgos jurídicos de tener que devolver las cuantías recaudadas, esta propuesta seguiría sin ser una buena idea: los números probablemente no saldrían, y un futuro mejor no pasa por tener una Sanidad y una Educación más caras, más saturadas y de peor calidad.
